El intendente de Coronel Juan Solá, Atta Miguel Gerala, fue imputado por el fiscal Eduardo Villalba por su presunta participación en el robo y contrabando de rieles del Ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano Cargas, en Salta. Gerala enfrenta cargos por contrabando agravado, robo agravado y malversación de caudales públicos, tras confirmarse que habría utilizado bienes municipales para ejecutar el delito. Su hijo, José Miguel “Yopi” Gerala, y otro implicado, David Medina, ya cumplen prisión preventiva.
Detalles del caso
Según la investigación, los rieles eran sustraídos y trasladados a predios municipales y propiedades privadas, desde donde se los enviaba a Bolivia para ser fundidos y vendidos. La fiscalía aseguró que Gerala facilitó herramientas, maquinarias y vehículos del municipio para estas actividades. Incluso, 15 rieles valuados en 19 millones de pesos fueron encontrados en su vivienda durante un allanamiento.
Además, se descubrió que la operación empleaba a integrantes de comunidades originarias como mano de obra, en tareas promovidas por el hijo del intendente. Las pruebas también incluyeron conversaciones telefónicas interceptadas, donde se detallaban las transacciones y el traslado del material robado.
La audiencia
Durante la audiencia, el juez Gustavo Montoya ordenó arresto domiciliario para Gerala hasta el 31 de diciembre, argumentando riesgos procesales y la posibilidad de que influya en testigos o dificulte la investigación. La defensa del intendente negó las acusaciones, mientras que Villalba destacó la gravedad del delito, comparándolo con otros saqueos al patrimonio estatal, como el del Gasoducto del NEA.
El fiscal subrayó que los bienes sustraídos pertenecen al Estado Nacional y recordó que el Ejecutivo prohibió expresamente la exportación de materiales ferrosos. Por la naturaleza de los delitos, Gerala enfrenta una posible condena mínima de cinco años, lo que excluiría la ejecución condicional de la pena.
Contexto
Atta Miguel Gerala lleva casi 30 años como intendente de Coronel Juan Solá, con una breve pausa como diputado. Para la fiscalía, su prolongada influencia en la zona y el uso de recursos públicos para beneficio propio agravan la situación, representando un caso emblemático de corrupción y desprecio por los bienes del Estado.
