El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires responsabiliza a la Nación por la superpoblación de las dependencias policiales. El reclamo del ministro porteño, las descalificaciones de la funcionaria y una disputa por el bastión del macrismo.
La fuga de seis presos de la Comisaría 6A de Caballito desató una intensa discusión pública entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par porteño Waldo Wolff, que se adjudican mutuamente la responsabilidad por la situación de las personas privadas de la libertad en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires, que están desbordadas. Ella lo acusó de ser poco serio y no hacerse cargo “de los presos que le corresponden”. Él dijo que la mayoría de los detenidos en dependencias policiales locales deberían estar en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El jefe de gobierno, Jorge Macri, puso el foco en “los policías deshonestos”. Como sea, la polémica está atravesada por la disputa propia de este año electoral, donde el PRO intenta retener poder pero padece el éxodo de referentes de sus filas hacia La Libertad Avanza. Los últimos en irse, de hecho, son legisladores que responden Bullrich.
Según los registros del propio gobierno de la Ciudad, hasta el 27 de enero había 2.269 personas detenidas en sus comisarías y alcaidías. Entre ellos hay 143 condenados con sentencia firme, 250 condenados sin sentencia firme, 1314 con prisión preventiva y 562 sin resolución. Más de la mitad son casos de robo o hurto, 262 de abuso sexual, 34 de homicidio, 256 están presos por delitos en grado de tentativa y en el resto es variado.
La mayoría de las causas tramitan en la justicia criminal nacional. Hay 37 del fuero federal y 134 en el fuero penal contravencional y de faltas porteño. Históricamente, los presos de los tribunales nacionales que están en Capital Federal, cumplen su detención en el SPF, igual que los federales. Pero Bullrich no los acepta. Es más, hay un convenio de 2004 y otro de 2019 que se supone que está vigente, donde el SPF ofrecía hacerse cargo de los detenidos/as por la justicia porteña hasta que tuviera la capacidad económica y técnica para contar con sus establecimientos. Tanto las cárceles como las comisarías están superpobladas. Según los datos que analiza el bloque de Unión por la Patria en la Legislatura Porteña, el último informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación, en comisarías la sobrepoblación es del 76% y en alcaidías, de 42%. En las cárceles la proporción es cercana a esta última. En diciembre había 160 personas “en espera de alojamiento”: su estadía es en “oficinas”, “quinchos”, “depósitos”, “subsuelos”, “guardias internas”, “depósitos”, hasta que los derivan a un calabozo
El contrapunto
Dos de los fugados de Caballito fueron recapturados, pero cuatro escaparon en un taxi hacia Lanús, después de maniatar y robar al jefe de la dependencia policial. Hay un dato relevante, que pinta parte del problema de los presos en comisarías: los cuatro tienen prisión preventiva. Uno de ellos, Eduardo Miguel Angel Ajalla Cabrera, un barra de Atlanta que tiene una causa por homicidio y estaba preso desde diciembre de 2023 (después de dos años prófugo). Los otros tres están detenidos por robo, dos de ellos desde mediados de 2024. Las comisarías y alcaidías son lugares de paso, para que los detenidos/as estén pocas horas o días, están diseñadas para eso, no para detenciones prolongadas, menos para cumplir una condena. En diciembre último, después de una fuga de 17 presos de una comisaría de Liniers, Macri relevó a la cúpula de la policía porteña. Antes, a lo largo del año, habían ocurrido al menos 15 episodios similares.
Lo primero que dijo Wolff ante el nuevo acontecimiento fue que “hasta que no se compruebe lo contrario, no es una fuga”. A su entender, “hay alguien que les permite que salgan”, “de mínima hay negligencia”. En la misma línea habló Macri tras reunirse con los jefes policiales, a quienes exigió “cero tolerancia con los policías deshonestos que manchan el uniforme”. El ministro también le echó la culpa al gobierno nacional anterior por el problema de las detenciones en comisarías y dijo que en 2024 “hubo 35% más de detenidos y no hay dónde ponerlos en la ciudad”. Señaló que la mayoría de las personas privadas de la libertad en dependencias policiales son de jurisdicción nacional o federal, por lo tanto, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de Bullrich, debe hacerse cargo de ellos. Wolff buscó mostrar sintonía con el gobierno de Javier Milei, al decir que trabajan en conjunto, pero Bullrich no tardó en salir a cruzarlo.
La ministra escribió en su cuenta de “X”: “Ministro, si la Policía de la Ciudad detiene a estos delincuentes por delitos comunes, NO FEDERALES, y además ya firmaron un convenio para la transferencia de los detenidos a la Ciudad ¿Por qué, en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el caradurismo de no hacerse cargo de los presos que le corresponden, como sí lo hacen las 23 provincias restantes? Un ministro serio resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedíquese a ser comentarista o columnista de televisión, como lo hizo hoy”.
Wolff le respondió con otro tuit: “Patricia, sin mentiras ni chicanas”. “El 95% de los 2.300 detenidos que están en alcaidías y comisarías de la Ciudad cometieron delitos juzgados por la Justicia nacional y les corresponde cumplir la condena en cárceles federales. Lo sabés. Nos cuestan 100 millones de dólares por año a los porteños y nos implica usar más de 3000 policías que no pueden estar en la calle. También lo sabés. Preguntale a cualquier jurista. Hace falta que sigamos trabajando para resolver el problema, no chicanear corriendo el arco”. En una entrevista radial, el ministro dijo que en un convenio el gobierno nacional reconoció que no le transfirió aún la justicia penal y el servicio penitenciario a la Ciudad. “Hasta ahora no nos transfirieron ni predios ni la plata que pagan los porteños para darles de comer a los presos”, se quejó. “Los presos se escapan porque están en un lugar donde no están preparados para alojarlos”, dijo.
Pedidos de interpelación
Tanto el bloque de Unión por la Patria, que preside la legisladora Claudia Neira, como el de La Libertad Avanza (LLA), que encabeza Pilar Ramírez, presentaron pedidos de interpelación para que Wolff se presente a dar explicaciones en la Legislatura porteña.
“A la gravedad que implica que presos fugados anden sueltos por la ciudad, se suma que al día de hoy hay 3000 efectivos menos que podrían estar patrullando las calles ¿Por qué? Porque están abocados a cumplir tareas de custodia en las comisarías y alcaidías superpobladas”, tuiteó Neira. Recriminó que no solo se demora la construcción de la cárcel de Marcos Paz por el abandono de las obras, sino que a esta altura tampoco alcanzaría para resolver el problema. Para colmo, dijo, “en la ciudad donde se escapan los presos” los vecinos/as tienen las “cárceles-container” que instaló el gobierno porteño cerca de sus casas. El bloque de UP cuestionó que en medio de las fugas de presos la respuesta sea “no tenemos dónde ponerlos”. “Le pediremos explicaciones (a Wolff), considerando el presupuesto que tiene a disposición y la flexibilidad para su uso con el decreto 200/24 que declaró la emergencia en el tema”
Ramírez, de LLA, posteó: “La ciudad es un DESASTRE y el @GCBA no hace nada. Los porteños están en peligro mientras la casta política se llena la boca de excusas. Interpelamos al ministro @WolffWaldo porque queremos respuestas y soluciones YA”. Diez días atrás, Ramírez fue la encargada de formalizar junto con Karina Milei y la propia Bullrich la mudanza de los legisladores Juan Pablo Arenaza, Silvia Imas y María Luisa González Estevarena al bloque libertario, lo que dejó al oficialismo porteño con sólo 12 representantes, obligado a negociar. Bullrich también tiene sus fieles en la Cámara de Diputados, que tarde o temprano todo indica que también blanquearán su pase.
Desde el gobierno porteño, hacen trascender lo que presentan como un atajo para enmendar el problema de los presos: dicen que el 20% de los detenidos/as en dependencias policiales son extranjeros, y que 51 de ellos están condenados, pero nunca se comunicó la sentencia a Migraciones, por lo que planean acelerar los procesos de expulsión. Hay otros 97 detenidos extranjeros sin situación procesal definida que sostienen que también podrían ser expulsados. La estigmatización de los migrantes nunca falta en los repertorios tanto del PRO como de los libertarios.
De eso no se habla
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) difundió una síntesis de las cuestiones críticas que tanto Bullrich como Wolff omiten en su pelea. En los últimos dos años, apuntan, “la cantidad de presos en dependencias policiales en la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 136%”. Especialistas lo atribuyen al sistema de flagrancia impulsado por la propia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri que multiplica las detenciones por delitos menores. “El 90% de los presos en comisarías y alcaidías de la ciudad están a disposición de la Justicia Nacional” pese a que la mayoría de las veces son detenidos por la policía porteña, agrega el informe. Los jueces/zas dictan prisiones preventivas sin contemplar que no hay condiciones para su cumplimiento adecuado. “Los Jueces Nacionales fueron penalmente denunciados por la situación vejatoria de los detenidos en comisarías” por el propio INECIP. “Las detenciones en comisarías aumentan el riesgo de fuga y reducen el personal policial en las calles, afectando la seguridad ciudadana”, dice. Advierte que si se aprueba la Ley de Reiterancia en el Congreso Nacional (la Ciudad ya la aprobó) se agravará el problema.
