La policía encontró unos 400.000 reales en efectivo, guardados en una bolsa de basura en el hogar de Sóstenes Cavalcante, jefe del Partido Liberal en la Cámara de los Diputados.
La Policía Federal de Brasil allanó este viernes los domicilios de dos diputados del partido del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro por el supuesto desvío irregular de recursos públicos, informaron fuentes oficiales. Los dos parlamentarios objeto de los allanamientos fueron Sóstenes Cavalcante, jefe del Partido Liberal (PL) en la Cámara de los Diputados, y Carlos Jordy, también militante de la formación que lidera el exmandatario encarcelado por golpismo.
Los allanamientos
En la operación, las autoridades decomisaron unos 400.000 reales (72.000 dólares) en efectivo en una casa utilizada por Cavalcante, uno de los aliados más próximos de Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por golpismo.
Fotografías divulgadas por la Policía Federal mostraron varios fajos de billetes de 100 reales en una bolsa de basura negra. El diputado aseguró a los periodistas que el dinero encontrado es fruto de la venta de un inmueble que supuestamente realizó la semana pasada, que el comprador le quiso pagar en efectivo y que no tuvo tiempo de ingresarlo en el banco por atender compromisos laborales.
“La investigación apunta que agentes políticos, servidores de libre nombramiento y particulares habrían actuado de manera coordinada para desviar y posteriormente ocultar fondos públicos”, según afirmó la Policía Federal en una nota.
El operativo de este viernes, autorizado por el juez de la Corte Suprema Flávio Dino, cumplió un total de siete órdenes de registro y decomiso en Brasilia y el estado de Río de Janeiro, colegio electoral de Cavalcante y Jordy. Ambos legisladores se declararon víctimas de una persecución política. “Quieren limpiar y extirpar la fuerza que tenemos la derecha y los conservadores, intentando mancharnos con su barro, que es el de la corrupción”, expresó Cavalcante.
“En el día del cumpleaños de mi hija, a las 07.00 de la mañana, la Policía acaba de salir de aquí después de registrar mi casa una vez más, alegando que desvié recursos públicos a través de una empresa fantasma de alquiler de vehículos”, explicó Jordy en sus redes sociales, además de comentar que Cavalcante enfrenta las mismas acusaciones.
La acción de este viernes es un desdoblamiento de una operación iniciada en diciembre de 2024 que investiga los delitos de malversación de recursos públicos, lavado de dinero y organización criminal. El Partido Liberal (PL) es actualmente la primera minoría en la Cámara de los Diputados al contar con 86 de los 513 escaños, mientras que en el Senado tiene 15 de los 81 asientos.
El rechazo del Supremo
Mientras tanto, el Supremo Tribunal Federal negó el último recurso presentado por la defensa de Bolsonaro para revertir la condena a 27 años y tres meses de prisión por liderar una conspiración golpista. El juez de la Corte, Alexandre de Moraes, relator de la causa del exmandatario, consideró que Bolsonaro no tiene derecho a una revisión y calificó de dilatorio el recurso presentado por su equipo de abogados, denominado “embargo infringente”, una medida excepcional admitida únicamente en casos de decisiones divididas.
Según la jurisprudencia de la Corte brasileña, este tipo de apelaciones solo son válidas cuando existen al menos dos votos por la absolución, condición que no se cumplió en el caso de Bolsonaro, ya que únicamente un juez de los cinco que integran ese brazo del Supremo votó en ese sentido.
Al presentar el recurso, la defensa argumentó que el reglamento interno del Supremo permite la revisión de cualquier fallo dividido y acusó a la Sala Primera de violar las reglas internas del propio Supremo al impedir un recurso que la ley del tribunal dice que es automático cuando no hay unanimidad. Sin embargo, en su decisión, De Moraes alegó que este tipo de apelación no es admisible en el caso del expresidente, ya que requiere al menos dos votos a favor de la absolución, y Bolsonaro solo obtuvo uno.
El líder ultraderechista fue condenado a 27 años y tres meses de prisión después de ser hallado culpable de una conspiración que intentó impedir la toma de posesión del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en los comicios de octubre de 2022, cuando aspiraba a la reelección. A mediados de noviembre, Bolsonaro comenzó a cumplir pena en la misma sala de la Policía Federal en la que ya estaba recluido, tras intentar dañar, con ayuda de un soldador, la tobillera electrónica que portaba por peligro de fuga.
Lula vetará la reducción de la pena
El actual mandatario confirmó que vetará un proyecto aprobado por el Parlamento, que reduce las penas dictadas contra el exmandatario Jair Bolsonaro y quienes lo apoyaron en el intento de golpe de Estado de 2022. “Las personas que cometieron un crimen contra la democracia tienen que pagar por los actos cometidos”, dijo Lula en una rueda de prensa, en la cual afirmó que él tiene derecho a vetar, así como el Congreso tiene derecho a posteriormente derribar su decisión.
“Necesitamos tomarnos muy en serio lo que pasó en enero de 2023”, dijo Lula en relación al asalto a los tres poderes del Estado ocurrido una semana después de su investidura, cuando miles de activistas del bolsonarismo intentaron arrastrar a las Fuerzas Armadas a derribar a su Gobierno. “Si la democracia olvida la importancia que tiene, terminamos perdiendo todos”, declaró el mandatario.
