En el peronismo sostienen que el rechazo al DNU reúne alrededor de 122 voluntades, sumando al interbloque Unidos, la izquierda y algunos monobloques.
Tras el decreto que oficializó el segundo llamado a sesiones extraordinarias sin incluir el DNU que modifica la Ley Nacional de Inteligencia y reforma la SIDE, la oposición se prepara para impulsar su rechazo durante febrero. El peronismo nucleado en Unión por la Patria se entusiasma con llevarlo al recinto el 11 de febrero, el mismo día en que el Gobierno buscará la media sanción de la reforma laboral. Sin embargo, todavía le faltan alrededor de siete votos para garantizar el quórum y alcanzar la mayoría simple. La fecha, además, genera reparos dentro de otros bloques, donde advierten que un resultado adverso podría hacer perder una oportunidad clave para poner un freno institucional a la avanzada del Ejecutivo.
A dos semanas de la reanudación de la actividad parlamentaria, la oposición en la Cámara de Diputados intenta frenar los cambios en la Ley de Inteligencia que el gobierno libertario introdujo durante los festejos de fin de año. Las estrategias son diversas, pero convergen en un mismo objetivo: que el Congreso rechace en ambas cámaras el decreto que habilita a la SIDE a aprehender personas sin orden judicial, uno de los artículos más cuestionados por la oposición.
Ese punto fue señalado como “manifiestamente inconstitucional” por unas veinte organizaciones de la sociedad civil que le exigieron al Congreso que frene el DNU 945/2025. En el documento presentado, advierten que “la reforma del sistema de inteligencia pone en riesgo garantías constitucionales básicas” y subrayan que el decreto “no prevé ningún tipo de control ciudadano sobre el accionar de la SIDE y concentra todavía más poder en esta agencia”, en abierta contradicción con los estándares democráticos vigentes.
Según detallan, la norma habilita a la SIDE a requerir información a provincias y municipios, administrar presupuestos secretos y compartir datos personales con agencias de otros países sin autorización judicial, todo ello “bajo un régimen de absoluto secreto”. Para los organismos, esa combinación erosiona los mecanismos de control democrático y amplía de manera discrecional las capacidades del sistema de inteligencia, con riesgos evidentes para las libertades individuales.
En ese marco, el martes Unión por la Patria recibió a un grupo de organizaciones de derechos humanos que impulsaron amparos en la Justicia. Participaron representantes de Amnistía Internacional, el CELS, la Fundación Vía Libre, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), entre otros. Los organismos no solo activaron el reclamo en los tribunales locales, sino que también llevaron la denuncia al plano internacional. El objetivo explícito del encuentro fue afinar una estrategia común que permita tratar cuanto antes el rechazo del decreto en la Cámara baja. Durante la reunión se trabajaron especialmente los argumentos técnicos y legales que habilitan su tratamiento durante el período de extraordinarias.
Sobre este punto conviven dos interpretaciones. Desde el oficialismo sostienen que en extraordinarias solo pueden abordarse los temas incluidos en el temario enviado por el Poder Ejecutivo y se amparan en el artículo 63 de la Constitución Nacional, que faculta al presidente a convocar al Congreso y fijar la agenda. La oposición, en cambio, se apoya en la Ley 26.122, que regula el trámite parlamentario de los DNU y establece que el jefe de Gabinete tiene diez días para remitir un decreto presidencial al Congreso. Ese plazo comenzó a correr el jueves pasado, cuando Manuel Adorni envió el texto al Parlamento. Desde entonces, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene diez días más para emitir dictamen, algo que no ocurrirá porque el cuerpo no está conformado. Agotado ese tiempo, cualquiera de las dos cámaras queda habilitada para tratar el rechazo del decreto en el recinto. De ese modo, la oposición quedará en condiciones de tratar el DNU sobre tablas a partir del 29 de enero.
Las cuentas
En el peronismo calculan que hoy el rechazo al DNU reúne alrededor de 122 voluntades, sumando al interbloque Unidos, la izquierda y algunos monobloques que ya anticiparon su acompañamiento. El número todavía no alcanza: faltan cerca de siete diputados para asegurar el quórum y la mayoría simple en la Cámara baja. Aun así, en Unión por la Patria consideran que el escenario sigue abierto y se entusiasman con llegar al recinto el miércoles 11, el mismo día en que el oficialismo buscará aprobar en el Senado la reforma laboral. “Estamos con expectativas”, deslizan desde ese bloque, y apuntan a sumar los votos que faltan entre las fuerzas provinciales, en particular los bloques de Tucumán y Catamarca, sus exaliados.
La elección de la fecha genera reparos dentro de otros bloques, donde interpretan la jugada como una provocación para empujar el tratamiento. En el interbloque Unidos advierten que “no tiene ningún sentido ir el 11 a perder o a no tener siquiera quórum”. Desde ese espacio se presentaron dos proyectos, “uno de nulidad y otro de rechazo”, detalló el diputado Esteban Paulón a este diario. El rechazo suspende de manera inmediata la vigencia del decreto, mientras que la nulidad tiene efectos retroactivos. Este último proyecto fue presentado el martes por Paulón junto a Mónica Frade, Sergio Capozzi y Pablo Farias.
