Hace casi dos años, a Sebastián lo mataron dos chicos menores de edad, uno de 17 y otro de 14. Sus familiares, lejos de sumarse al discurso de mano dura de Patricia Bullrich y Javier Milei, piden “humanizar” y rechazan el proyecto del oficialismo. “Los que van a ir presos son todos chicos pobres”, dicen.
Desde Córdoba
El 29 de febrero de 2024, en la vereda de barrio Yofre Norte que está del otro lado de la ventana bajo la que transcurre esta entrevista, Sebastián Villarreal -46 años, padre soltero con dos hijos a cargo, trabajador de una fábrica de plásticos- fue asesinado a balazos por dos menores que querían robarle su moto. Uno de ellos tenía 14 años y fue declarado inimputable; el otro, que realizó los disparos, tenía 17, fue declarado penalmente responsable y atraviesa un tratamiento en el Complejo Esperanza, instituto de menores de Córdoba. Hasta ahí, un caso modelo de los que usan quienes impulsan la baja de la edad de punibilidad. Pero la familia de Sebastián tiene otra mirada: creen que la aprobación de la ley del Gobierno es “el camino a la desgracia social” y, aún con su dolor en carne viva, dicen que en el Congreso “no se está votando seguridad, se está votando un negocio” para empresas constructoras que harán “depósitos de futuros grandes delincuentes”.
En paralelo al debate legislativo por el nuevo Régimen Penal Juvenil, acaba de arrancar el juicio para determinar la responsabilidad de adultos que habrían participado del crimen con apoyo logístico, entregando armas, balas y el vehículo para cometer el crimen. Jimena Villarreal, la hermana de Sebastián, afirma que lo más áspero fue el primer cara a cara con los tres imputados adultos. “Fue una semana muy difícil. Dentro de todo lo terrible, lo que más me destrozó fue verlos a mis viejos. Los dos se pusieron mal de salud. Verlos con la remera del Seba, mirando a los acusados, me hizo muy mal”, relata.
El living de la casa de Sebastián Villarreal da una sensación de vacío. Hay solamente dos silloncitos individuales en una esquina, un poster que pide “Justicia x Seba”, un cuadrito con una flor pintada. Y nada más. Parece un espacio donde la vida familiar quedó en suspenso, interrumpida. El 14 de febrero, en ese salón se conmemoró un cumpleaños: el de Sebastián.
“Los que van a ir presos son todos pobres”
Jimena es psicóloga, hizo el recorrido de varias tesis de especialización sobre el tema infancias y adolescencias, su mamá es una trabajadora social con cinco décadas de experiencia. “Quien labura en campo sabe el absurdo de la baja de la edad de punibilidad. Los que van a ir presos son todos pobres, expulsados de otras instituciones. Se los va a meter en una institución donde se los olvida hasta que vuelven a salir. ¿Y qué tipo de vida va a haber? Ese es el absurdo”, asegura.
Con la remera con la foto de su hermano desplegada sobre el sillón, Jimena pide “humanizar, algo que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo, que es de una crueldad atroz”. Sostiene que en casos como los de los asesinos de Sebastián tiene que haber “una intervención que pueda mirar a un ser humano y no a una cosa, porque así son tratados esos chicos en el sistema judicial”.
Para ella, en los casos de T. y J.M. (los dos menores que fueron autores materiales del asesinato de Sebastián) “no hubo, no hay y no habrá” una intervención de ese tipo. T. fue externado por la jueza Nora Giraudo luego de seis meses de estar en el Complejo Esperanza. Horas después se mostraba en redes sociales armado (llegó a mostrarse con armas largas y un chaleco antibalas de la policía provincial) y tuvo varios episodios de reincidencia. Giraudo fue una de las voces que salió a expresarse esta semana de forma más contundente a favor de la baja de edad de punibilidad.
“A la jueza Nora Giraudo le pedimos insistentemente que no lo externara porque veíamos la posibilidad de la reincidencia. Los informes de Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) decían eso. Era lógico que iba a pasar eso. Nos dijo que ella en sus 21 años veía solo reincidencia pero que no podía hacer otra cosa. En cambio, la Dra. Benedito aplicó una medida de excepcionalidad con el otro menor, el de 17, que está con un tratamiento específico”, repasa.
La hermana de Sebastián recuerda que según investigaciones periodísticas fue la propia madre quien inició a T. en el delito, “lo sacó de la escuela a los nueve años para que fraccione droga”. Su tono se enfervoriza: “Es despiadado. Todo el mundo sabía eso: Senaf, la policía, la escuela. Si todo el mundo sabía que esto pasaba, y nadie intervino, ninguna institución, ahora es fácil responsabilizar solamente al menor. ¿Por qué no se les pide que rindan cuentas a todas las intervenciones que hubo?”.
Su mirada está lejos de los discursos que piden venganza y castigo, o que rezan el mantra de “delito de adulto, pena de adulto”, pero tampoco es una mirada cándida sino basada en años de experiencia y conocimiento profesional: “Yo no digo que sean unas carmelitas descalzas los chicos. No estoy diciendo que sean buenitos y angelicales porque esa es una concepción infantil de las adolescencias. Pero nadie llega a ser un asesino porque le brotó de la piel. Hay todo un recorrido de desamparo y cosas horrendas que marcan los psiquismos”.
El Congreso y la vida real
El nuevo Régimen Penal Juvenil, centro del debate público de estas semanas, es álgido para la familia Villarreal. Jimena publicó un video en redes sociales con un esfuerzo en vano para contener su enojo. “Generar espacios de encierro es un muy buen negocio para muchos políticos. Se viene una construcción de cosas para meter pibes ahí como si fuese un depósito, no me parece casual. Es un momento donde se está buscando que esto suceda”, observa en diálogo con PáginaI12. El proyecto prevé un presupuesto de 23.700 millones de pesos destinados a estas acciones y muchos diputados lo cuestionaron por insuficiente, detallando que las provincias sufrirán la carga de la implementación.
Los Consejos de Jóvenes de barrio Empalme fueron algunos de los espacios donde Jimena se especializó en esta materia. También hizo trabajos en Ciudad Evita o Ciudad de mis Sueños, todas barriadas populares de la ciudad. Ahí, según cuenta, se buscaba “una participación política distinta, otros contextos, otra experiencia de vida” para los adolescentes.
“Algunos diputados dicen que se invierte en centros para estos pibes. Qué hermoso sería que invirtieran esa plata en espacios donde encuentren humanidad y otra alternativa de vida y otro tipo de lenguaje. Todos los espacios que podrían ser los que potencien otra cosa son los que se desmantelan. Y se generan centros de detención donde depositar futuros grandes delincuentes, porque todo el mundo sabe que ahí se hace una escuela delictiva”.
Mientras parte del establishment político busca un rédito haciendo uso del humor social ante casos terribles como el de Jeremías Monzón, Jimena Villarreal señala que hay “un utilitarismo político que es muy selectivo con qué voces se dejan escuchar”.
El armado oficialista en el Congreso llevó a familias de víctimas -iguales a los Villarreal- al palco en Diputados durante la sesión. “Nadie se va a hacer cargo de esto después. ¿Qué van a decir cuando lo que estamos diciendo los que estamos en contra, suceda? ¿Van a decir que no sabían, que no se daban cuenta? Saben y se dan cuenta: están generando más violencia; están generando muchos más Sebastián, más familias con nuestra tragedia”, lanza con bronca.
Y completa: “Todas las instituciones están en el gatillo que disparó ese menor contra mi hermano. Cuando haya otro Sebastián, que todos los que firmaron la baja de edad de punibilidad se hagan cargo de que están en ese gatillo. Que no se hagan los que están haciendo lo mejor para el país, están buscando una salida simplista, reduccionista y violenta que solo va a generar eso: más violencia y crueldad. Y ellos van a ser cómplices”.
El juicio a los adultos
La semana pasada comenzó el proceso contra tres adultos que habrían aportado apoyo logístico a los dos menores para el crimen contra Sebastián Villarreal. Luciano Gonzalo Busto (21 años) habría entregado las balas, Axel Fabricio Escada (22) habría entregado la moto que usaron los menores, Héctor Alejandro Herrera (27) habría acordado ocultar el vehículo luego de producido el hecho. Todos están acusados de homicidio en ocasión de robo, los dos primeros como partícipes necesarios y Herrera como partícipe secundario, aunque para la querella es el organizador de la banda. La familia pide que sean juzgados por homicidio criminis causae, al igual que el menor que gatilló contra Sebastián.
“Tenían predestinada a la víctima y lo que iba a suceder con la víctima si no podían obtener el bien. Porque además ya estaba prometida la moto, estaba vendida”, cuenta Jimena. La familia busca que este sea un caso testigo que modifique la mirada de la Justicia: “La responsabilidad penal debería ser igual para los adultos porque estaban en conocimiento, sabían lo que iba a pasar y les dieron el arma y las balas para que hicieran lo que hicieron”.
También piden que se incorpore un cuarto imputado, vecino de Sebastián, que según la querella habría entregado el dato a los criminales y sería parte de la banda. Cuando comenzó el proceso no lograban encontrarlo pero ahora está detenido por otro hecho.
“Cuando escuchás cómo fueron sus vidas sabés que los que están ahí fueron estos pibes antes. La cosa no está en ir a los menores, está en ir a los adultos que los meten en los circuitos delictivos. Ningún pibe de 14 años accede a un arma. Es carísima un arma ilegal. Ningún pendejo se maneja con un arma propia. Eso nos hace responsabilizar todavía más a los adultos: si no les hubiesen dado el arma, el dato, el albergue, no le hubiesen dado la información, esto no hubiese pasado”, reflexiona Jimena.
Y suma la crítica a la desidia institucional: “Si Senaf hubiera intervenido cuando tenía que intervenir, esto no habría pasado. Si las instituciones hubiesen hecho lo que tenían que hacer, esto no habría pasado. Sin todo eso, Seba estaría acá”.
