Tras una disputa de competencias, el encargado de analizar los posibles delitos de la exministra de Seguridad será el juez Martínez de Giorgi. Está acusada por apremios ilegales y abuso de autoridad.
Con un año y medio de demora, la justicia federal deberá investigar la responsabilidad de Patricia Bullrich en la represión del 4 de septiembre de 2024, cuando la entonces ministra de Seguridad montó un show desde el centro de monitoreo mientras 800 agentes de las cuatro fuerzas federales repartían palos y gases en una manifestación contra el veto de Javier Milei al aumento de jubilaciones dispuesto por el Congreso. La denuncia que formuló el diputado Horacio Pietragalla, por los delitos de apremios ilegales y abuso de autoridad, derivó en un conflicto de competencias que dirimió finalmente la Corte Suprema de Justicia. El encargado de analizar los posibles delitos de la actual senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza será el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien precisamente abrió la discusión por las competencias al considerar que debía intervenir la justicia nacional.
Para septiembre de 2024, primer año de gestión libertaria, la represión a jubilados de cada miércoles ya se convertía en postal de época cuando el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindaba su primer informe de gestión en Diputados y aseguraba que las jubilaciones le ganaban a la inflación. Puertas afuera, los subordinados de Bullrich desplegaban un desmesurado operativo con motos, camionetas, camiones hidrantes y uniformados de las cuatro fuerzas para amedrentar y dispersar la protesta, que terminó con más de treinta heridos, incluidos ocho trabajadores de prensa, y dos detenidos. “Pese a que los violentos de siempre quisieron imponerse por la fuerza y el caos para seguir destruyendo la Argentina, hicimos que prevalezca la ley y el orden. ¡Vamos a fondo contra los violentos!”, festejó la funcionaria.
Pietragalla, diputado de Unión por la Patria, denunció a Bullrich por haber ordenado, en su carácter de ministra de Seguridad, el operativo en las inmediaciones del Congreso, “en cuyo marco se ejerció violencia contra un grupo de manifestantes”. Pidió que la investigue por abuso de autoridad y apremios ilegales. El exsecretario de Derechos Humanos y titular de la Red Federal de Derechos Humanos solicitó también una medida cautelar para que se impidiera que las fuerzas federales actuaran y se desplegaran en las calles de la ciudad de Buenos Aires.
Martínez de Giorgi entendió que el objeto de la causa versaba “en última instancia sobre la validez de la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad”, que estableció el famoso protocolo antipiquetes, y declinó su competencia a favor de la justicia ordinaria. En esos tribunales intervenía una causa anterior bajo la forma de una acción de habeas corpus preventivo contra ese protocolo, en la que según la interpretación del juez se planteaba la misma cuestión legal.
Así se inició el conflicto con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 28, que había recibido la papa caliente y que rechazó la competencia. “El objeto, la pretensión y el trámite que corresponden a la causa CNE 10514/2023 −que describió como acción declarativa de certeza regida por ley 16.986− es completamente diferente al de una denuncia por delito de acción pública y que, por lo tanto, no se da ningún supuesto del artículo 41 del código procesal”, argumentó.
También sostuvo que “las reglas de conexidad no se aplican entre jueces de distinto fuero y que la investigación de la conducta de quien se desempeña como ministra de la Nación por un acto propio de su función es de indudable competencia federal”.
El eterno procurador interino de la Nación, Eduardo Casal, coincidió con esa interpretación. “Las razones expuestas por el juez de instrucción de la capital dan respuesta correcta a la declinatoria del juez federal. Vistas las señaladas diferencias categóricas en cuanto a la pretensión y el trámite de cada una de las causas, aprecio que la vinculación alegada sólo reside en la eventualidad de que en ambos casos se plantee la misma cuestión jurídica, algo que en modo alguno altera las reglas de competencia ni debe confundirse con supuestos que habilitan la acumulación de expedientes”, dictaminó.
En base al escrito de Casal, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron en el mismo sentido el conflicto de competencias y Martínez De Giorgi deberá investigar la represión.
“Después de un año y medio de los hechos, la Corte Suprema definió que la Justicia Federal tiene que investigar la denuncia que hice contra Patricia Bullrich por abuso de autoridad y apremios ilegales en la represión a los jubilados en septiembre del 2024. Mientras definían eso, las fuerzas federales siguieron (y siguen) reprimiendo en cada manifestación, coartando la libertad de expresión de los argentinos y las argentinas”, lamentó Pietragalla.
“Nos vamos a presentar nuevamente ante el juez Martínez de Giorgi para que se haga cargo de sus obligaciones e investigue a los responsables políticos que envían a las fuerzas federales a detener gente por protestar, lesionar con gases y palos, ya actuar en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, sin competencia”, completó el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación.
