Según el Gobierno de la isla, el enfrentamiento comenzó cuando los guardacostas le solicitaron su identificación a la embarcación con matrícula de Florida y sus ocupantes respondieron abriendo fuego.
Un equipo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos se encuentra en La Habana para llevar a cabo una investigación sobre el incidente del pasado febrero en aguas cubanas con una lancha rápida estadounidense en el que murieron cinco personas. Desde septiembre de 2025, embarcaciones que navegan por el Caribe y el océano Pacífico son blancos de ataques en el marco de la operación estadounidense contra el narcoterrorismo “Lanza del Sur”.
Una fuente del Gobierno de Estados Unidos reveló este miércoles a EFE que el equipo del FBI arribó a La Habana durante el martes para “realizar una investigación independiente y exhaustiva sobre el incidente de la embarcación ocurrido el 25 de febrero”.
El episodio tuvo lugar en un momento de particular tensión entre EE.UU. y Cuba, tras la imposición de Washington de un asedio petrolero a la isla y las demandas de negociación y cambio a La Habana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que calificó los hechos de “una infiltración armada con fines terroristas, financiada y organizada desde territorio de Estados Unidos”, ya anunció el pasado 13 de marzo que el Gobierno de la isla esperaba una visita del FBI para colaborar en la investigación por el incidente.
Según el Gobierno cubano, el incidente se produjo cuando las tropas guardafronteras de la isla interceptaron una lancha rápida con matrícula de Florida en aguas territoriales cubanas con diez personas a bordo, todos ellos cubanos residentes en Estados Unidos, y una gran cantidad de armamento.
De acuerdo con esta versión, la fragata de guardacostas le solicitó su identificación a la embarcación, pero sus ocupantes respondieron abriendo fuego. De los 10 pasajeros del barco interceptado, dos tenían ciudadanía estadounidense.
“Oportunamente se brindó información de los acontecimientos a la contraparte de EE.UU., que ha planteado por vía diplomática y consular su interés de participar de conjunto en el esclarecimiento de los hechos y estamos a la espera de una posible vista del FBI”, explicó en una presentación televisiva.
Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo tras el incidente que la Administración del presidente Donald Trump quería verificar lo sucedido mediante “información independiente”.
El ministerio de Interior informó entonces que en el enfrentamiento resultaron muertos en el acto cuatro pasajeros de la lancha interceptada y otros seis fueron lesionados. Sin embargo, uno de los heridos falleció posteriormente en un hospital cubano. En el tiroteo también resultó herido un miembro de guardafronteras de Cuba.
A bordo de la lancha las autoridades encontraron armas de fuego de diferentes calibres, incluidos 14 fusiles, 11 pistolas y casi 13.000 municiones, según el ministerio del Interior. Según informó la fiscalía, los tripulantes de la lancha que sobrevivieron fueron acusados formalmente de “terrorismo”.
Las infiltraciones de comandos armados desde el sur de Florida para realizar atentados en Cuba fueron frecuentes después del triunfo de la revolución cubana en 1959.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó en reiteradas ocasiones su deseo de ver un cambio de régimen en Cuba, país que según él supone una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional de Estados Unidos. Además de aplicar un bloqueo petrolero contra La Habana, el mandatario republicano afirmó que “sería un honor tomar Cuba”.
Ataques de Estados Unidos
En septiembre del año pasado, Estados Unidos dio inicio a la operación “Lanza del Sur”. Con el pretexto de luchar contra el “narcoterrorismo” que opera en América Latina, las fuerzas estadounidenses realizaron ataques aéreos contra lanchas y buques tanto en el Caribe como en el océano Pacífico, donde murieron más de 160 personas. Sin embargo, las autoridades no aportaron pruebas de que las embarcaciones bombardeadas estuvieran involucradas en el tráfico de drogas.
El Gobierno de Estados Unidos no proporcionó información sobre la localización precisa de sus ofensivas, ni reveló la identidad o nacionalidad de los tripulantes fallecidos. En el caso de estos bombardeos, la administración republicana no proporcionó evidencia alguna de que sus víctimas constituyeran una amenaza inminente para la vida humana.
La directora de Derechos Humanos y Seguridad de Amnistía Internacional Estados Unidos, Daphne Eviatar, afirmó durante octubre del año pasado, cuando 57 personas habían muerto en ofensivas estadounidenses: “Hace ya tiempo que el Congreso debería haber ejercido su función de supervisión sobre la conducta ilegítima del gobierno, haber puesto fin a estos ataques aéreos ilegales y haber obligado a rendir cuentas a los responsables de estos asesinatos.”
Por su parte, la directora regional de Amnistía Internacional para las Américas declaró: “El Congreso, la población estadounidense y la comunidad internacional deberían estar haciendo sonar todas las alarmas para poner fin a esos ataques aéreos cínicos y deshumanizadores y para exigir rendición de cuentas. La vida humana no puede quedar a merced de los caprichos de un gobernante. Ningún presidente tiene derecho a matar arbitrariamente y sin rendir cuentas.”
Organizaciones de defensa de derechos civiles, así como instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, criticaron este tipo de ataques, que consideran ilegales según el derecho internacional.
