En su informe anual, el organismo regional alertó sobre un deterioro de la vida democrática por las políticas que implementa la administración de La Libertad Avanza (LLA).
Ajuste, represión y deterioro de la vida democrática: ese es el cóctel que viene implementando Javier Milei desde que llegó al Gobierno. Lo que se denuncia internamente impacta en el ámbito internacional. En su último informe anual, que acaba de publicarse, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre los retrocesos que se registran en el país en materia de acceso a derechos, libertad de expresión y la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.
Todos los años, la CIDH publica su informe anual, en el que repasa lo que sucedió en la región. Argentina supo ser durante décadas un ejemplo en derechos humanos. Pero los días en el podio parecen haber quedado atrás. Según el reporte, la Argentina está entre los países sobre los que más solicitudes de intervención se recibieron y, en muchas de ellas, se denunciaban violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).
La CIDH sostiene que Argentina enfrenta desafíos relevantes en materia de independencia judicial y sostenimiento de la institucionalidad en derechos humanos frente al cierre o la reestructuración de programas dedicados a género, diversidad, memoria histórica y pueblos indígenas, entre otros.
Como el informe se centró en lo sucedido en 2025, uno de los temas que generó alarma en el sistema interamericano fue la decisión de Milei de nombrar a dos jueces en comisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación —Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo—. La advertencia del organismo sobre la independencia judicial no es menor en momentos en los que la Casa Rosada avanza con nombramientos de jueces, fiscales y defensores, y cuando existen iniciativas para reducir la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país.
“Se observaron retrocesos en seguridad social de personas mayores, personas con discapacidad, jubiladas y pensionadas, así como denuncias de represión en protestas pacíficas. Asimismo, se presentaron reformas legales e iniciativas en materias de seguridad ciudadana y movilidad humana, entre otros temas, que amenazarían la vigencia de los derechos humanos”, alertó el organismo.
Al recorte que sufren los sectores más vulnerables de la sociedad se le suma que, cuando los afectados salen a reclamar por sus derechos, sufren la represión que durante la mayor parte del año pasado corrió por cuenta de Patricia Bullrich —y que continúa su número dos, Alejandra Monteoliva—.
“Se reportaron desafíos para la participación ciudadana, que forma parte esencial de la vida democrática”, resaltó la CIDH en un pasaje que confronta con la línea de La Libertad Avanza (LLA), que equipara una protesta con un delito.
En su informe, la CIDH hizo hincapié en la represión del 12 de marzo del año pasado, cuando el fotógrafo Pablo Grillo estuvo al borde de perder la vida después de que el gendarme Héctor Guerrero le disparara un lanzagases directo a la cabeza. Ese día también fue reprimida la jubilada Beatriz Blanco, cuyo caso fue mencionado en el informe. El organismo también resaltó que durante aquellas jornadas se verificaron ataques directos contra periodistas y trabajadores de prensa.
La motosierra de Milei no goza de buena reputación en el sistema interamericano. “El Estado cerró o debilitó políticas públicas e instituciones vinculadas a los derechos humanos tanto a nivel nacional como en las jurisdicciones provinciales y municipales”, resaltó la CIDH. La entidad subrayó que el desmantelamiento se enmarca en “una política de ajuste social, reducción del gasto público y reorganización del Estado por parte del Ejecutivo”.
En materia de seguridad ciudadana, a la Comisión le preocupó la reforma por decreto del estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA) que propició Bullrich. Con esa modificación, se conformó un Departamento Federal de Investigaciones (DFI) que busca ser la réplica vernácula del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos.
La CIDH advirtió que la reforma de la PFA habilitaría el ciberpatrullaje y otras labores de inteligencia en redes sociales, al mismo tiempo que les daría permiso a los efectivos para detener sin orden judicial, algo que vienen denunciando organismos locales como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) o la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
En materia de Memoria, Verdad y Justicia, la CIDH saludó que Abuelas de Plaza de Mayo encontraran a la nieta 139 y al nieto 140 durante 2025. También citó estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) que dan cuenta de que más de 1200 personas fueron condenadas por delitos vinculados al terrorismo de Estado, lo que implica que la política de juzgamiento no se detuvo.
El miércoles, en el informe que remitió el Gobierno antes de que Manuel Adorni expusiera ante la Cámara de Diputados, el Ministerio de Justicia informaba que el país “mantiene una posición sostenida en materia de investigación, juzgamiento y sanción de los delitos de lesa humanidad, de conformidad con las obligaciones asumidas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional penal”. Sin embargo, la administración mileísta hizo mucho mérito para obstaculizar el avance con el despido de personal especializado, el cierre de áreas y las restricciones presupuestarias, tal como surge del informe de la CIDH.
La Comisión destacó que le preocupaba la situación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Se refería al desfinanciamiento, pero también al decreto con el que el Gobierno buscó quitarle autonomía y autarquía a la institución creada durante la administración de Raúl Alfonsín para identificar a los nietos y a las nietas que las Abuelas buscan. El decreto fue rechazado por el Congreso y quedó sin efecto.
En el informe también se habla del debilitamiento o cierre de espacios dedicados a la preservación de la memoria. En particular, se remarcó el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, decidido por Alberto Baños mientras estaba en la Secretaría de Derechos Humanos. Baños se las ingenió, pese a que el Conti estaba cerrado y sin funcionamiento, para nombrar a su profesor de bajo como director de la institución.
Para la Comisión tampoco fue una buena noticia la unificación del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el Museo Sitio ESMA bajo la órbita del Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos (CIPDH), que se decidió en mayo del año pasado, conjuntamente con la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos, un mensaje que buscó mandar Milei sobre la importancia que le daba al tema durante su gestión.
El organismo también advirtió sobre el intento de destruir documentación militar relevante para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos. Se refería a la intentona de la Armada Argentina de trasladar su archivo y habilitar la trituración de documentos. Todo se manejó de manera secreta. La situación dio pie a una denuncia penal que presentó el fiscal Félix Crous, a cargo de la unidad que interviene en los juicios por crímenes cometidos en el campo de concentración que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
