Las medidas representan un nuevo revés para la presencia hotelera extranjera en Cuba, y alcanzan también a grupos civiles de apoyo al gobierno que EE.UU. considera “instrumentos de represión”.
Estados Unidos sancionó este lunes al ministerio de Turismo de Cuba y a nueve entidades estatales, entre ellas agencias exportación de combustible y bienes y servicios, como parte de su política de presión sobre la isla, que atraviesa una aguda crisis económica. El gobierno cubano calificó de “criminal y genocida” el propósito de este nuevo paquete de sanciones. Además del bloqueo al suministro de combustible impuesto en enero, que exacerbó la peor crisis económica y energética de Cuba en décadas, el gobierno del presidente Donald Trump desplegó en los últimos meses una ofensiva de penalizaciones contra dirigentes, empresas e instituciones de la isla.
Nueva ola de sanciones
El Departamento de Estado designó “a diez entidades para impulsar la iniciativa integral de la administración Trump destinada a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro continente”. Las sanciones afectan a Enetec S.A., una empresa estatal de importación, exportación y comercialización de combustibles; Coreydan S.A., dedicada a importar combustible subsidiado desde México; el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (Gecomex), que facilita la compra y venta de bienes y servicios con otros países, y el Grupo Empresarial de Transporte marítimo Portuario (Gemar).
Las nuevas sanciones alcanzan también a grupos civiles de apoyo al gobierno que Washington considera “instrumentos de la represión” utilizados para mantener el orden interno y el control social, como las Brigadas de Respuesta Rápida y la Asociación de Combatientes de la Revolución. “Estados Unidos seguirá utilizando todos los medios a su alcance tanto para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano como para impulsar las reformas económicas y políticas que brinden a Cuba un futuro mejor”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, con motivo del quinto aniversario de las protestas que recorrieron la isla el 11 de julio de 2021.
En sus redes sociales, el presidente cubano Miguel Díaz Canel aseguró que la nueva batería de sanciones es ”la guerra de EE.UU. y su afán por estrangular nuestra economía”, al tiempo que denunció “un plan de diseño genocida”. Por su parte el canciller Bruno Rodríguez expresó: “El anuncio del 13 de julio de medidas coercitivas adicionales es manifestación fehaciente del propósito criminal y genocida con que gobernantes estadounidenses se empeñan en castigar a toda la población del país”. En su mensaje en X, el jefe de la diplomacia cubana denunció que el gobierno estadounidense “continúa reforzando la guerra contra el pueblo de Cuba, sus condiciones de vida y fuentes de sustento”.
Presión sobre el sector hotelero
Tras las sanciones de principios de mayo contra el conglomerado militar cubano Gaesa, varias cadenas internacionales dejaron de administrar hoteles operados junto a ese grupo para evitar restricciones estadounidenses, aunque algunas como las españolas Meliá e Iberostar mantuvieron establecimientos gestionados en asociación con el ministerio de Turismo. La inclusión ahora de ese ministerio en la lista de entidades sancionadas extiende la presión de Washington a operaciones que hasta el momento habían quedado al margen de esas medidas.
Gaesa, que fue el objetivo principal de las amplias sanciones impuestas por Trump el 1 de mayo, ya empezó a desprenderse de activos para intentar escapar a la presión económica. El Departamento de Estado estima que el conglomerado militar controla entre el 40 y el 70 por ciento de la economía de la isla. Washington extendió además las sanciones a varias empresas estatales de comercio exterior, incluidas entidades que intervienen en las operaciones de importación de combustible hacia Cuba. Esto implica que todas esas empresas no pueden entablar ningún tipo de relación económica con pares estadounidenses, ni acceder al sistema financiero en ese país.
Washington intensificó en enero su presión sobre Cuba mediante un bloqueo petrolero y sanciones que han llevado a empresas extranjeras a dejar de operar en la isla. El pasado mes de junio las sanciones alcanzaron al presidente Miguel Díaz Canel, a varios de sus familiares y al coronel Alejandro Castro Espín, hijo del exmandatario Raúl Castro, expresidente y hermano menor de Fidel Castro. El Departamento de Justicia también presentó una acusación contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas de una organización del exilio cubano que causó la muerte de cuatro personas.
La semana pasada Mike Waltz, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, dijo que el bloqueo es un “mito”. Con 136 votos a favor, nueve en contra -entre ellos Estados Unidos, Israel y Argentina- y 30 abstenciones, la Asamblea General de Naciones Unidas aceptó celebrar el 7 de julio el debate propuesto por Cuba sobre la necesidad de poner fin al bloqueo impuesto por sucesivos gobiernos estadounidenses sobre Cuba. La Asamblea General condenó en 31 ocasiones previas el bloqueo contra Cuba, con el respaldo mayoritario de la comunidad internacional.
“Respeto mutuo”
A contramano de Trump y su gobierno, cuatro miembros demócratas de la Cámara de Representantes instaron este lunes a “reorientar las relaciones” entre EE.UU. y Cuba “hacia un camino de compromiso, diplomacia y respeto mutuo”, tras realizar una visita de tres días a La Habana. El grupo estadounidense conformado por los congresistas Delia Ramírez, Mark Pocan, Teresa Leger y Maxine Dexter, llamaron a la administración de Trump y “a nuestros colegas en el Congreso para que escuchen a la mayoría de los ciudadanos estadounidenses y cubanos, levantando las crueles sanciones que pesan sobre el pueblo cubano”.
Los congresistas instaron a Washington a iniciar “negociaciones serias e integrales con las autoridades cubanas que contribuyan a impulsar el comercio con la isla, promuevan el respeto a los derechos humanos y brinden una solución urgente para una población cubana que no puede esperar más”. El domingo los representantes demócratas sostuvieron un encuentro con la prensa en La Habana, en el cual abogaron por impulsar reformas legislativas para flexibilizar el bloqueo de EE.UU. a Cuba, permitir que empresas norteamericanas participen en la actividad empresarial y plantear una enmienda que prohíba vetar la entrada de medicamentos y equipos médicos a la isla.
