El oficialismo propone recuperar una parte de la ley que Javier Milei vetó y judicializó. Los bloques que impulsaron la prórroga de la emergencia advierten que el Ejecutivo no quiso cumplir con la norma vigente y reclaman que retire el capítulo VI del Presupuesto 2027.
En una nueva demostración de reacomodamiento político y cinismo, el Gobierno presentó un proyecto que retoma los pilares de la Emergencia en Discapacidad que la oposición se encaminaba a prorrogar. El movimiento busca recuperar la confianza de los aliados del PRO y la UCR y descomprimir el conflicto con el sector en la antesala de la visita del papa León XIV, que incluyó en su agenda pastoral una recorrida por el Hogar Don Orione, una de las instituciones que denunciaron la falta de financiamiento y el incumplimiento de los programas de asistencia. A pesar del giro, la oposición desconfía y buscará llevar al recinto su propio dictamen. Los bloques que impulsaron la prórroga de la emergencia advierten que el Ejecutivo no quiso cumplir con la ley vigente y reclaman que retire formalmente el capítulo VI del proyecto de Presupuesto 2027, que desarticulaba aspectos centrales de la emergencia.
Finalmente la vieron. Después de vetar y judicializar la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno dio marcha atrás y presentó un dictamen propio en el que propone convertir en permanentes aspectos de una ley que se negó a cumplir aun cuando la Justicia lo obligó. El oficialismo asegura que la iniciativa busca “consolidar un esquema que brinda previsibilidad y seguridad jurídica a las personas con discapacidad”. “A diferencia de la transitoriedad, el contexto excepcional y el propósito coyuntural que define a la emergencia, nosotros proponemos incorporar de manera definitiva al plexo normativo el marco jurídico que, garantizando la sostenibilidad del sistema, asegure la continuidad de las prestaciones y beneficios sociales”, informaron.
El giro llegó después de una semana de cortocircuitos entre el oficialismo y sus aliados por la decisión del Ejecutivo de introducir en el proyecto de Presupuesto 2027 un capítulo que modificaba por la vía presupuestaria la Ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa retomaba el criterio de “invalidez laboral” para acceder a una pensión, eliminaba el Certificado Único de Discapacidad y establecía la incompatibilidad del beneficio con cualquier empleo registrado.
Los detalles se conocieron después de una reunión que Martín Menem mantuvo con los bloques dialoguistas durante la tarde del martes, en la antesala de la reunión de comisión en la que la oposición se encaminaba a firmar un dictamen de mayoría para prorrogar la emergencia por un año más. Para Juan Marino, autor del proyecto de prórroga y vicepresidente de la Comisión de Discapacidad, “la reacción generalizada contra el capítulo VI del Presupuesto 2027 generó una crisis en el oficialismo”. “Hay una mayoría social y política en la Argentina que rechaza la eutanasia social contra las personas con discapacidad”, sostuvo. El diputado recordó que ese respaldo quedó expuesto cuando el Congreso rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia. “Así como tuvieron que retirar la reforma a la Ley de Tierras y no pudieron avanzar con la reforma a la Ley de Sociedades, van a tener que retirar el capítulo VI”, aseguró. Además, reveló que la oposición no participó de las negociaciones. “No fuimos consultados ni participamos en ninguna conversación sobre el dictamen del oficialismo. Es necesario conocer el texto”, exigió.
El diputado Pablo Juliano advirtió que el oficialismo enfrenta “una crisis interna y de credibilidad” y cuestionó que ahora presente como una nueva iniciativa buena parte de lo establecido en la emergencia. “La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural”, sostuvo. Y puso el foco en la contradicción con el proyecto de Presupuesto enviado por el propio Ejecutivo: “¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron?”. Para Juliano, “La emergencia debe ser prorrogada”.
Al cierre de esta edición, la oposición se mantenía firme en avanzar con su propio dictamen. “El capítulo VI del Presupuesto 2027 cayó como una bomba neutrónica dentro del oficialismo”, dijo un diputado a este diario. Según explicó, el reclamo del colectivo de personas con discapacidad logró construir un amplio consenso social y político, que incluso quedó reflejado en la última reunión de comisión, cuando los expositores convocados por LLA, el PRO y la UCR coincidieron en describir la situación crítica que atraviesa el sector. “Si es cierto lo que ellos insinúan que van a plantear, va a ser un triunfo de la lucha del colectivo de la discapacidad”, concluyó.
Página/12 accedió al documento que Martín Menem puso a consideración de los bloques dialoguistas y que el oficialismo prevé presentar antes de la reunión de comisión. El texto recupera buena parte de la Ley de Emergencia. Mantiene el nomenclador único y su mecanismo de actualización, la pensión equivalente al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio, su compatibilidad con el trabajo registrado para quienes perciban hasta dos salarios mínimos, la cobertura de salud y los beneficios para los empleadores que contraten personas con discapacidad. También preserva el derecho de los prestadores a cobrar las compensaciones pendientes y establece que las partidas destinadas al sistema no podrán caer en términos reales respecto del año anterior.
El texto sostiene: “El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de ministros, realizará las asignaciones y readecuaciones presupuestarias que resulten necesarias durante el primer ejercicio de entrada en vigencia de la presente norma para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios en esta ley contemplados”. Además, se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo, una sugerencia que hizo el PRO. La UCR, por su parte, exigió que la nueva ley se ponga en vigencia en un plazo de 30 días.
