Según la Casa Rosada, los empleados serán reubicados en otros sectores del Estado. Los responsables jerárquicos de los trabajadores fueron despedidos.
Los doce trabajadores despedidos de la Residencia de Olivos en medio del escándalo que terminó con la salida de la funcionaria de confianza de Karina Milei, María Belén Agundiez, fueron reincorporados. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informó que, tras varios días de negociaciones, el gremio logró que los afectados no perdieran su empleo. El gobierno los reubicará en otros puestos, ya que el presidente Javier Milei encargó a la Casa Militar que reemplazara con personal propio a todos los civiles que trabajaban en la Quinta.
Las reincorporaciones todavía no fueron confirmadas oficialmente por la Casa Rosada. Según ATE, los despedidos serán asignados en puestos de la Casa Rosada y las oficinas de Presidencia ubicadas en 25 de Mayo al 600.
Los despidos ocurrieron el viernes pasado e incluyeron, además de a los trabajadores, al intendente de la residencia, Osvaldo Sosa y su pareja Analía Agudiez, quien estaba a cargo de la cocina. Se trata de la hermana y el cuñado de María Belén Agudiez, quien hasta la semana pasada fue una funcionaria de confianza de Karina Milei en la Secretaría de la Presidencia y había colocado a sus familiares en esos puestos de dirección.
La semana pasada también ella tuvo que dejar su cargo, ya que junto con los despidos corrieron una serie de versiones sobre presuntos hechos de corrupción en la residencia. En ese sentido, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia ante la Justicia para que se investiguen compras de carne y verduras, en cantidades que parecen excesivas, para la Quinta y la Casa Rosada. La sospecha es que los alimentos habrían sido desviados a una empresa de catering de la familia Agudiez.
Los trabajadores no habían recibido ninguna explicación sobre sus despidos. El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, planteó que los echaron “sin ningún motivo: se presentaron a su puesto de laburo como todos los días a realizar las labores que llevan adelante y no pudieron hacerlo”. También Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, había calificado la medida como “arbitraria”.
El argumento de Presidencia para echar a todo el personal civil de la Quinta y poner a cargo de la totalidad de las tareas a la Casa Militar fue “reforzar la seguridad”. En un comunicado oficial, la Casa Rosada informó que la medida se tomó “en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV a la Argentina”.
Sin embargo, esta explicación no convenció y circularon otras hipótesis. Una es que uno de los perros de Milei se habría intoxicado y el presidente sospechó de un intento de envenenamiento. Otra, que Milei se puso furioso porque una nota periodística reveló que el gobierno licitó la compra de 29 toneladas de carne para abastecer a la Casa de Gobierno y la Residencia de Olivos por un valor de 500 millones de pesos.
En la denuncia que llevó a la justicia, Pagano pidió que se investigue a Karina Milei, a la ex subsecretaria de la Presidencia, Belén Agudiez, al ex intendente de la Residencia de Olivos, Javier Sosa y otros funcionarios por los presuntos delitos de administración fraudulenta, peculado (hurto), abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La diputada incluyó en la denuncia a la empresa Fransro, proveedora de alimentos.
“No se denuncia que el Estado compre alimentos para sus dependencias; se denuncia que compra cantidades que ninguna estimación razonable puede explicar, con estándares de calidad superiores a los que puede permitirse cualquier familia argentina”, sostuvo en el escrito. “Aún computando el personal de la residencia, a la custodia y a los eventos oficiales, se trata de volúmenes que exceden por mucho lo que una residencia puede consumir, y el Poder Ejecutivo -que dispone del dato- se niega a informar cuántas personas comen allí”.
El coronel Sebastián Ignacio Ibáñez, número dos de la Casa Militar, quedó a cargo del recambio del personal de la quinta. El traspaso completo de las funciones civiles al área militar tiene un plazo de 60 días.
Efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Casa Militar asumirán las tareas diarias del predio. Esto incluye desde la seguridad hasta labores domésticas como la cocina, jardinería, peluquería y el cuidado de los perros presidenciales.
