De cara a la megasesión del 15 de octubre los bloques opositores apuntan a proteger el suelo rural hasta que el Congreso se expida tras la decisión de la Corte Suprema que dejó al territorio nacional sin protección legal.
La oposición abrió un frente judicial y otro legislativo para frenar la venta de tierras rurales a capitales extranjeros sin límites. Es que la decisión procesal de la Corte Suprema que repuso el artículo del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras dejó a la totalidad del territorio nacional sin protección legal. La estrategia coordinada entre los bloques de la oposición busca evitar que, antes de que el Congreso se pronuncie, se concreten operaciones que luego se consoliden como derechos adquiridos. Por eso, los diputados Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto, de Provincias Unidas, solicitaron una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154, que derogó la Ley de Tierras de 2011. El plan se completa con una estrategia legislativa en ambas cámaras. En Diputados, la oposición va por el rechazo del decreto completo, mientras que en el Senado el peronismo propone derogar exclusivamente el artículo que dejó sin efecto la Ley de Tierras de 2011. El gobernador misionero Hugo Passalacqua anticipó su rechazo y sus cuatro diputados darán quórum el 15 de octubre para votar contra el decreto.
A doce días de la megasesión en la que la oposición buscará completar el rechazo del DNU 70/2023, tal como lo hizo el Senado en 2024, los diputados de Provincias Unidas recurrieron a la Justicia para proteger las tierras rurales. “Buscamos que sea imposible que haya oportunistas o vivillos que, en esta ventana de 15 días, siendo extranjeros, se hagan de cientos de miles de hectáreas”, dijo el diputado Nicolás Massot en declaraciones radiales.
Por la urgencia del caso, Pichetto y Massot pidieron, además, una medida interina de aplicación inmediata mientras se cumple el trámite previo que debe sustanciarse antes de resolver la cautelar. Además, solicitaron medidas destinadas a preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales, mantener la información sobre las adquisiciones realizadas por extranjeros y hacer pública la existencia del proceso judicial.
La jugada que busca resguardar las tierras rurales hasta que el Congreso se expida fue coordinada y conversada entre los distintos bloques opositores que convocaron a la sesión del próximo 15 de octubre. “Sirve para cubrir el bache temporal entre el fallo y el momento de rechazo del DNU”, explicaron desde Unión por la Patria a este diario.
Es que, con la derogación de la Ley de Tierras, nuevamente habilitada por los cortesanos, no rigen los límites que la norma establecía para la adquisición de tierras rurales por extranjeros. Desde el Observatorio de Tierras explicaron a este diario que el fallo “impuso condiciones peores que las previstas en el propio proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsó el gobierno de Javier Milei y que no pudo avanzar en el Senado por el masivo rechazo popular. La medida de la Corte Suprema implica la eliminación de los topes del 15 por ciento para venta de tierras a capitales extranjeros a escala nacional, provincial y departamental; los límites a la cantidad de tierra que puede comprar cada empresa o empresario extranjero; las restricciones a la venta de lagos, ríos y tierras en zonas estratégicas de frontera”, detallaron.
Tal como buscó el gobierno libertario, todo está a la venta. Los diputados adelantaron que el escrito recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 1 de la Capital Federal, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira. Al cierre de esta edición, “no habían respondido”, dijo uno de los diputados.
La presentación se realizó luego del fallo de la Corte Suprema del 29 de septiembre, que revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó la demanda promovida por el CECIM por falta de legitimación. El máximo tribunal aclaró expresamente que no se pronunció sobre la validez constitucional del artículo 154 ni sobre la intervención que corresponde al Congreso.
El palacio y la calle
Además del frente judicial, la principal apuesta de la oposición es completar el rechazo al DNU 70/2023 el próximo 15 de octubre. El pedido de sesión incluye también los proyectos de desendeudamiento de las familias y la emergencia en discapacidad, dos temas sensibles con los que los bloques buscan reunir y sostener el quórum para avanzar con el temario. Las firmas que acompañan la convocatoria muestran un piso de 111 diputados, todavía lejos de los 129 necesarios para abrir la sesión. Los próximos días serán clave para buscar los apoyos que faltan. “Lo importante es que crezca mediáticamente y en la calle”, dijeron a este diario.
El viernes, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, marcó posición contra la derogación de la Ley de Tierras Rurales. El mandatario firmó un decreto provincial de rechazo al artículo 154 del DNU 70/2023. Sus cuatro diputados de Argentina Federal darán quórum el 15 de octubre y votarán por el rechazo del decreto completo. Se trata del jefe de bancada, Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Daniel Vancsik y Yamila Ruiz.
La oposición apuesta a que la presión social ayude a sumar las voluntades que faltan. La fecha coincidirá con la marcha federal universitaria, que el Consejo Interuniversitario Nacional decidió trasladar de Tribunales al Congreso.
En paralelo, el peronismo en el Senado busca restituir la ley de 2011 y el tope del 15por ciento a extranjeros. “El suelo no es una mera mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, sino un recurso natural estratégico, finito y estrechamente ligado a la seguridad nacional”, expresaron los senadores. Aun cuando el artículo 23 de la Ley 26.122, que regula los DNU, establece que cada cámara debe aceptar o rechazar el decreto completo los senadores apuntan al artículo 154. “Nosotros derogamos entero el decreto en el Senado, pero hay una visión de una parte de los constitucionalistas que se podría derogar una parte. Así que, por las dudas que no se pueda derogar entero en Diputados, lo vamos a hacer por partes”.
Ruidos
En un llamativo comunicado para explicar el fallo reciente, la propia Corte aclaró que “la sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales. Tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”. Además, manifestó que con el fallo “tampoco se obstaculiza la función del Honorable Congreso de la Nación en el tratamiento de este aspecto del DNU 70/2023, que fue rechazado por el Senado de la Nación el 14 de marzo del año 2024 y está siendo examinado por la Cámara de Diputados de la Nación”.
En los bloques de la oposición miran con atención el comunicado y aseguran que es “imposible patearle la responsabilidad al Congreso”, ya que “lo que habilita todo es el fallo de ellos”, y se preguntan “¿cuál era el apuro?”.
Los legisladores sospechan que “lo sacaron ahora por algún motivo” y descreen del desentendimiento del Gobierno. “Sí a mí la Corte me saca un fallo de estas características y yo no estoy enterado de mínima echo al ministro de justicia” concluyó un diputado.
