El gobierno desvió la plata del fondo fiduciario destinado a reforzar la infraestructura hídrica, mientras el Super Niño avanza.
Mientras el Súper Niño desborda los ríos del Litoral, obliga a evacuar a miles de personas y encarece la producción de las economías regionales, el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH), creado para enfrentar exactamente estos eventos, tiene el 85,5 por ciento de su dinero colocado en Letras del Tesoro.
En detalle, 15 de las 24 obras que financió fueron canceladas o suspendidas y en lo que va de la gestión de Javier Milei solo 23 de cada 100 pesos que ingresaron se convirtieron en obras. El resto, en los hechos, financia al propio Estado.
Frente al desborde de ríos e inundaciones, el Gobierno nacional eligió mirar otro camino. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que en lugar de ejecutar obras con los fondos acumulados en el FFIH, el Gobierno los colocó en deuda del Tesoro, y además dejó sin usar un crédito del Banco Mundial pensado para inundaciones urbanas.
El FFIH fue creado en 2001 y se financia con el 4,31 por ciento del impuesto a los combustibles. Su objetivo es ejecutar obras de prevención de inundaciones, saneamiento y recuperación de tierras productivas, por lo que es la principal herramienta nacional para enfrentar los eventos hídricos extremos.
Con datos del Sistema de Pagos a Proveedores del Estado (SIPPE), el Cepa calculó que, de las 24 obras iniciadas con financiamiento del Fondo, 15 fueron canceladas o suspendidas (13 con convenio rescindido y 2 neutralizadas), 8 siguen en ejecución y solo 1 figura como finalizada.
Las obras paralizadas suman contratos por 144.818 millones de pesos, el 39,7 por ciento del monto total de la cartera (unos 365.000 millones), y 7 de ellas están en el conurbano bonaerense. Las que continúan avanzan despacio: ninguna supera el 36 por ciento de ejecución.
El cálculo del Cepa, en pesos de 2026, muestra el giro. Los ingresos del Fondo fueron de 445.673 millones en 2022 y de 270.573 millones en 2023, años en los que el pago de obras superó lo recaudado (123 y 158 por ciento, respectivamente, con saldos acumulados).
A partir de 2024 la relación se invierte: ese año ingresaron 191.610 millones y se pagaron obras por apenas 22.112 millones, el 12 por ciento. En 2025 la ejecución fue del 22 por ciento (57.777 millones sobre 262.674 millones) y, entre enero y mayo de 2026, del 39 por ciento. En el acumulado de la gestión de Javier Milei, de cada 100 pesos que ingresaron, solo 23 se transformaron en obras.
Entonces, ¿dónde está el dinero? Según el CEPA, al 1 de junio de 2026 el Fondo tenía 290.676 millones de pesos colocados en Letras del Tesoro Nacional capitalizables (LECAP), con vencimientos el 17 de julio y el 15 de septiembre, además de 49.069 millones en cuentas a la vista y 247 millones en plazos fijos.
En total, 339.993 millones de pesos: el 85,5 por ciento de los recursos disponibles estaba invertido en deuda del Tesoro. Es decir, el fondo creado para prevenir inundaciones funciona, en los hechos, como una fuente de financiamiento del Estado, algo que ni siquiera está previsto en su normativa, que no contempla que sus recursos se constituyan como inversión financiera.
El CEPA constató además que el préstamo con el Banco Mundial, por 200 millones de dólares, destinado a financiar el “Proyecto de Infraestructura Resiliente al Clima para la Gestión del Riesgo de Inundaciones Urbanas”, a más de tres años de su aprobación registra el 0% de ejecución.
Mientras tanto, el agua sube
El impacto económico del Niño ya es concreto, sobre todo en el campo. En las islas del Paraná pastorean cada año cientos de miles de cabezas entre Corrientes y Entre Ríos, y la crecida obliga a sacarlas a contrarreloj. Productores de la región calculan que el traslado en barcaza se duplicó, a lo que agregan costos por la recepción en corrales y tratamiento sanitario. Otros con menos suerte realizan ventas forzadas y, con más oferta, el precio de la hacienda cae. Por eso las entidades rurales de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe reclaman a sus gobernadores la emergencia agropecuaria y alivio fiscal.
También peligra la producción de arroz en Corrientes, que concentra cerca del 47 por ciento del total nacional, donde los productores esperan que, en años de Niño, los rindes caigan. La superficie sembrada ya venía en baja y los propios arroceros admiten que los valores de góndola podrían subir. En la carne, el problema llegará después: si la mortandad y la falta de pasto reducen el rodeo.
En las ciudades, la emergencia ya tiene costo humano. Miles de personas debieron abandonar sus hogares en el noreste del país y las autoridades advierten que las crecidas podrían sostenerse durante meses.
El Paraná superó el nivel de evacuación en la capital correntina, Chaco emitió una alerta roja para localidades que quedan fuera de las defensas contra inundaciones y Entre Ríos está en emergencia hídrica desde agosto. En Misiones, la crecida cortó el tránsito en puentes y obligó a cerrar durante un día el circuito de la Garganta del Diablo.
