Desde Río de Janeiro.Cristina Serra es uno de los nombres con más talento y contundencia de su generación en el flojo periodismo practicado en el Brasil actual.
El pasado viernes, su columna en el diario Folha de S.Paulo trajo un título insólito: denunció al gobierno del aprendiz de genocida Jair Bolsonaro por cometer “biocidio”.PUBLICIDAD
Es que en toda la metódica y perversa misión de destrozar del país, el gobierno del ultraderechista se muestra especialmente eficaz cuando se trata del medioambiente.
Por donde se mire, todo es destrucción, de la ciencia a la salud pública, del patrimonio nacional a las artes y la cultura, de programas sociales permanentes a la misma economía, todo, absolutamente todo, es pura destrucción. Y si la historia enseña que casi todo podrá ser alguna vez reconstruido, hay algo que no entra en esa perspectiva: el medio ambiente. Ese punto específico de la biología – la naturaleza – es blanco de la perversa furia destructora del ultraderechista.
Los incendios en la Amazonia brasileña ahora se extienden por otras áreas, consumiendo florestas con su fauna. Tierras indígenas protegidas por ley son libremente invadidas por mineros clandestinos e ilegales, bien como áreas de reservas naturales que, también por ley, deberían ser intocadas.
Al robo criminal de madera se suma ahora otro crimen: fiscales del Instituto Chico Mendes son recibidos a tiros por madereros ilegales.
El gobierno de Bolsonaro no se limita a oscilar entre cerrar los ojos frente a las acciones criminales contra el medioambiente e incentivar, por su inacción o directamente, criticando medidas y leyes protectoras, el avance criminal sobre la naturaleza: también actúa.
Reduce de manera drástica los recursos destinados precisamente a la fiscalización y al combate a incendios en la región amazónica y áreas vecinas. En este 2020, cuando se registra un aumento de más de 30 por ciento de destrucción frente a lo registrado el año pasado (a propósito, 2019 ya trajo marcas especialmente negativas en ese aspecto), Bolsonaro recortó en 58 por ciento los recursos destinados a brigadistas de combate a incendios y protección ambiental.
En los primeros ocho meses de 2020 casi 19 mil kilómetros cuadrados de la región amazónica del Pantanal fueron consumidos por fuego criminal. Es la mayor marca de los últimos 22 años, cuando el control fue establecido en esa área. Eso significa un espacio equivalente a quince veces la región urbana de la ciudad de Rio de Janeiro. Vale repetir: todo eso ocurrió entre enero y fines de agosto.
Ya en la floresta amazónica, solamente en agosto, mes cruel, fueron registrados nada menos que 29.307 focos de incendio. Es un poco menos de los 30.900 registrados en agosto de 2019, año de estreno de Bolsonaro y su pandilla en el poder.
Todo eso y mucho más ocurre frente a una opinión pública amorfa, callada, y las únicas medidas – todavía tímidas – de protesta vienen de donde menos se podría esperar: la banca.
Asustados con la creciente posibilidad de fuga de inversiones y suspensión de mercados consumidores del campo brasileño, los dirigentes de las mayores bancas privadas del país tratan de movilizarse para que el gobierno cambie radicalmente de rumbo y ponga fin a esa saña asesina de la naturaleza que viene incentivando directa o indirectamente desde antes de la llegada de Bolsonaro al sillón presidencial.
Mientras tanto, en varios países europeos, con destaque para la Alemania de Angela Merkel, supermercados y comerciantes presionan a los gobiernos para que adopten medidas drásticas contra el gobierno del aprendiz brasileño de genocida, advirtiendo que podrían suspender la compra de productos agrícolas de Brasil.
Sí, mucha razón tiene la periodista Cristina Serra al acusar Bolsonaro de encabezar un “gobierno biocida”. Un gobierno que está en contra de la vida en toda su extensión, con foco privilegiado en destruir a la naturaleza.
Lo que más escandaliza es que parece no haber nada ni nadie capaz de pararle la mano también en ese campo. Lo hace frente al silencio omiso de todos los demás poderes, lo hace con la complicidad callada de los uniformados esparcidos por todo el gobierno.
