La presidenta electa confirmó que seguirá el modelo Bukele en materia de seguridad, luego de imponerse con el 48,3% de los votos y asegurarse mayoría legislativa.
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, confirmó este lunes que contará con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como uno de los apoyos centrales de su futura estrategia de seguridad, un eje que marcó la campaña electoral y que se consolidó como la principal preocupación social en el país centroamericano.
Las declaraciones se produjeron un día después de su victoria en primera vuelta en las elecciones del domingo, en las que obtuvo el 48,3 por ciento de los votos y aseguró una mayoría legislativa que le permitirá avanzar con su agenda de lucha contra el crimen y alineamiento con Estados Unidos.
Fernández, dirigente del derechista Partido Pueblo Soberano, superó por más de ocho puntos el umbral necesario para evitar el balotaje y cerró una contienda atravesada por el deterioro de los indicadores de violencia y por la promesa de aplicar una política de mano dura frente al crimen organizado. El resultado le garantizó al oficialismo la bancada más numerosa del Congreso, con alrededor de 30 diputados sobre un total de 57.
Agenda Bukele
El anuncio sobre la cooperación con El Salvador funcionó como la primera señal concreta del rumbo de la futura administración. Tras mantener una conversación telefónica con Bukele, Fernández explicó que el mandatario salvadoreño reiteró su disposición a seguir colaborando con Costa Rica, tanto en la construcción de una cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo salvadoreño como en otros proyectos vinculados a la lucha contra el narcotráfico.
“El Salvador es ejemplo en muchos de estos procesos y su experiencia puede ayudarnos a llevar estos proyectos a buen puerto”, sostuvo la presidenta electa en una conferencia de prensa en San José. Fernández remarcó que uno de los objetivos centrales de su gobierno será cortar la comunicación entre las estructuras criminales y el exterior, una condición que, a su entender, vuelve indispensable la finalización del nuevo establecimiento penitenciario impulsado durante el actual gobierno de Rodrigo Chaves.
La cárcel, inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CeCOT) de El Salvador, a pesar de los crecientes cuestionamientos sobre el mismo por incumplimiento de condiciones humanitarias, fue anunciada a mediados de enero durante una visita de Bukele a Costa Rica y está proyectada para albergar a unos 5.000 detenidos.
Bukele ya venía asesorando a la administración saliente en el diseño del complejo penitenciario. Para Fernández, el proyecto sintetiza uno de los núcleos de su diagnóstico sobre la crisis de seguridad. “Hay que cortar la conexión del crimen organizado con el mundo exterior”, sostuvo, retomando uno de los argumentos más repetidos durante la campaña, en la que responsabilizó a la debilidad del sistema penitenciario y judicial por el crecimiento de la violencia.
Un cambio “profundo e irreversible”
El giro discursivo y programático de la presidenta electa se inscribe en un cambio profundo de la situación interna de Costa Rica. Durante décadas presentada como una de las democracias más estables y seguras de América Central, el país pasó en los últimos años de ser un territorio de tránsito a convertirse en un centro logístico y de exportación de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Según datos del Organismo de Investigación Judicial costarricense, siete de cada diez homicidios están actualmente vinculados al narcotráfico.
Durante el gobierno de Chaves, la tasa de asesinatos alcanzó un récord de 17 por cada 100.000 habitantes. El presidente saliente atribuyó el deterioro de los indicadores de seguridad al Poder Judicial, al que acusó reiteradamente de no endurecer las medidas contra las organizaciones criminales. Fernández, exministra de su gabinete y heredera política de su espacio, retomó ese diagnóstico durante la campaña.
Politóloga de 39 años, la futura mandataria capitalizó el malestar social con un discurso centrado en el orden, el control territorial y la reforma de los poderes del Estado, en especial del Poder Judicial. Sus críticos advierten que ese enfoque podría alterar los equilibrios institucionales, mientras que ella sostiene que su gobierno “respetará el Estado de derecho” y que no permitirá prácticas autoritarias.
En su primer mensaje tras la victoria, Fernández evitó referencias directas a la violencia criminal, pero anunció un “cambio profundo e irreversible” y la construcción de lo que denomina una “tercera república”, una consigna que remite a una reformulación del sistema político costarricense surgido tras la guerra civil de 1948. Asumirá la Presidencia el próximo 8 de mayo y se convertirá en la segunda mujer en gobernar Costa Rica.
Esta profundización del rumbo político fue saludada por el gobierno de los Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó a Fernández por su “clara victoria” y expresó su confianza en que la cooperación bilateral se verá fortalecida. En un comunicado oficial, mencionó como prioridades compartidas el combate al narcotráfico, la inmigración irregular, la ciberseguridad y el fortalecimiento de los vínculos económicos, en línea con uno de los ejes centrales de la política exterior de Washington hacia América Latina y el Caribe.
Su triunfo consolida el giro hacia la derecha en Latinoamérica tras las recientes victorias en Chile, Bolivia, Perú y Honduras, en las cuales la administración estadounidense tomó un rol activo apoyando explícitamente a uno de los candidatos. “Estados Unidos espera colaborar con su administración para impulsar la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio.”, escribió el canciller en sus redes sociales.
