Mientras avanza en el Congreso una ley que podría dejar fuera del padrón a millones de votantes, el cantante puertorriqueño amplificó la discusión sobre quiénes quedan incluidos en EE.UU
La aprobación en la Cámara de Representantes de la ley conocida como SAVE America Act abrió un nuevo frente en el debate electoral de Estados Unidos a nueve meses de las elecciones de medio mandato. Mientras el oficialismo sostiene que busca garantizar que “las personas correctas” voten a los “líderes correctos”, organizaciones latinas y de derechos civiles advirtieron que la iniciativa, impulsada por el presidente Donald Trump, podría excluir del proceso electoral a millones de votantes, incluidos ciudadanos nacidos en el país.
La norma, cuyo nombre completo es Safeguard American Voter Eligibility (Proteger la Elegibilidad de los Votantes), obtuvo media sanción con 218 votos a favor y 213 en contra. Contó con el apoyo de todos los legisladores republicanos y de un solo demócrata, el representante texano Henry Cuellar. Para convertirse en ley deberá superar ahora el trámite en el Senado, donde, pese a la mayoría republicana, necesitaría al menos siete votos demócratas para alcanzar los 60 necesarios y evitar el bloqueo parlamentario. Trump, no obstante, adelantó que evaluaría implementarla mediante una orden ejecutiva si fracasa la vía legislativa.
El proyecto establece que los ciudadanos estadounidenses deberán presentar un pasaporte o un certificado de nacimiento para registrarse y poder votar en elecciones federales. También incorpora la exigencia de una identificación con fotografía válida al momento de sufragar y limita las modalidades de voto por correo a supuestos específicos como enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes.
Anexados pero excluidos
El debate sobre el acceso al sufragio se superpone con una discusión más amplia sobre representación, identidad y comunidad latina en Estados Unidos, que en las últimas semanas también tuvo un fuerte componente cultural tras la actuación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.
Para el senador puertorriqueño Adrián González Costa, del Partido Independentista Puertorriqueño, la presentación artística constituyó “el acto de oposición más grande contra las políticas antiinmigrantes del gobierno de Estados Unidos” de cara a las elecciones de medio termino.
En declaraciones a Página/12, González Costa sostuvo que, mientras la agenda migratoria de Trump “está marcada por el odio hacia la comunidad latina”, el espectáculo fue “una celebración de la diversidad” de las culturas latinas que componen la identidad estadounidense.
El legislador afirmó que el mensaje transmitido en el escenario fue “un bálsamo de esperanza” para comunidades que, según describió, viven con temor ante las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “Cuando basta oír un idioma distinto al inglés para sentirse con el poder de detener a alguien sin miramientos ni criterios jurídicos, el mensaje de inclusión adquiere otra dimensión”, señaló.
González Costa subrayó que la representación de Bad Bunny no solo buscó encarnar a Estados Unidos como nación, sino afirmar la identidad puertorriqueña. Recordó que Puerto Rico “pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos”, y describió los elementos patrióticos presentes en el espectáculo como “un acto contestatario en denuncia de nuestra situación colonial”.
A su juicio, resignificar consignas tradicionales como “God Bless America” (Dios Bendiga América) desde una perspectiva latinoamericana implica redefinir quiénes forman parte del “nosotros” estadounidense. “No es una amenaza para nadie; es una amenaza para el odio y la intolerancia”, afirmó.
El cruce entre la discusión legislativa sobre el derecho al voto y el debate cultural en torno a identidad y pertenencia se produce en un contexto electoral decisivo. En noviembre se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Los republicanos mantienen mayorías ajustadas en ambas cámaras, pero las proyecciones muestran un retroceso en la intención de voto para políticos trumpistas en todo el país. Según mercados de predicción como Kalshi, los demócratas aventajaran al oficialismo por 4 lugares, 210 a 206 escaños.
Disuadir a las minorías
Desde Miami, la organización Voto Latino alertó que la nueva legislación representa “el último intento de los republicanos para intimidar y disuadir a los votantes de color de la participación electoral”. En un pronunciamiento público, la entidad sostuvo que la medida “se trata de exclusión, no de integridad”, y la vinculó con las reiteradas denuncias de fraude electoral formuladas por Trump sin presentar pruebas.
El presidente volvió a insistir en los últimos días en que las elecciones en Estados Unidos están “arregladas” y son “el hazmerreír del mundo”, y pidió a los legisladores republicanos que “peleen” por la aprobación de la ley, pese a que múltiples auditorías y fallos judiciales descartaron la existencia de fraude generalizado.
En paralelo al avance legislativo, Kristi Noem, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del que depende el ICE, afirmó en una conferencia de prensa en Arizona que la seguridad electoral forma parte de las “infraestructuras críticas” bajo su responsabilidad. “Nos aseguraremos de que tengamos a las personas correctas votando para elegir a los líderes correctos”, declaró.
Las declaraciones generaron reacciones inmediatas en la oposición. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que la visión expresada por Noem implica que “los líderes eligen a sus votantes en lugar de que los votantes elijan a sus líderes”. Legisladores demócratas del área de Seguridad Nacional señalaron que hablar de “las personas correctas” debería alarmar a la ciudadanía en un contexto en el que el propio Trump ha planteado la posibilidad de “nacionalizar” los comicios..
Actualmente, 37 de los 50 estados exigen algún tipo de identificación para votar, aunque el sufragio en Estados Unidos no es obligatorio. Diversos estudios académicos y revisiones oficiales han señalado que los casos detectados de voto de no ciudadanos son estadísticamente marginales en relación con el volumen total de sufragios emitidos.
Sin embargo, organizaciones civiles sostienen que los nuevos requisitos podrían impactar de manera desproporcionada en sectores vulnerables. Voto Latino citó que cerca de 146 millones de estadounidenses no cuentan con un pasaporte válido y que unos 21 millones no tienen acceso inmediato a su certificado de nacimiento o a documentos de naturalización, una dificultad que se agrava en comunidades rurales y de bajos ingresos.
La American Civil Liberties Union (ACLU) advirtió que la norma también afectaría a ciudadanos nacidos en el país, en particular a mujeres que cambiaron su apellido tras casarse y que ya no lo ven reflejado en sus certificados de nacimiento.
La congresista demócrata Teresa Leger Fernández afirmó que la propuesta constituye “simple y llanamente, una supresión del voto”, y subrayó que las mujeres han votado en tasas más altas que los hombres en todas las elecciones presidenciales desde 1980.
Desde la bancada republicana, en cambio, la iniciativa fue defendida como un mecanismo para reforzar la confianza pública en el sistema electoral. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sostuvo que exigir prueba de ciudadanía y una identificación con foto es una medida de “sentido común”, al comparar el voto con otros trámites cotidianos que requieren acreditación de identidad.
En paralelo, el Caucus Negro del Congreso estadounidense y diversas organizaciones de derechos civiles relanzaron un plan nacional de movilización para proteger el acceso al voto y responder a lo que describen como intentos de debilitar protecciones legales para comunidades minoritarias. Legisladores demócratas señalaron que evalúan acciones legislativas, judiciales y de organización territorial ante posibles cambios adicionales en la normativa electoral.
