Las autoridades remarcan que el Ejército del Pueblo Paraguayo ha usado anteriormente a menores como escudo, pero las críticas locales e internacionales van en aumento. La abuela de las menores denunció una campaña de difamación
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, solicitó una sesión reservada en el Congreso para exponer el informe sobre el enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla del EPP, en el que murieron dos niñas argentinas y que ha causado una tormenta de críticas locales e internacionales contra las autoridades.
Según informó ABC, el ministro de Defensa, Bernardino Soto, recibió la instrucción del presidente para la reunión privada. Por su parte, el Senado ya había convocado a una sesión virtual para este miércoles, en la que se prevé contar con la presencia de los médicos forenses, responsables militares, el ministro de Defensa y el del Interior y los fiscales que investigan el caso.
Los hechos ocurrieron el miércoles en el norteño departamento de Concepción durante dos choques entre la Fuerza de Tarea Conjunta y el Ejército del Pueblo Paraguayo. Pero el correr de los días no ha hecho más que rebatir las primeras versiones oficiales, que daban como exitoso el operativo, en el que no se logró la captura de ningún guerrillero.
El Gobierno mantiene que las menores participaron en los combates y que fueron reclutadas por el EPP, apuntando a que serían hijas de algunos de sus líderes pero sin descartar que crecieron en Argentina.
Al respecto, Mariana de Villalba, presentada como abuela de las niñas, fue entrevistada en Misiones (Argentina), donde denunció: “Mataron a dos niñas y no saben cómo salir de la situación. Se valen de la mentira, de la difamación”. Según afirmó al Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, estaban viviendo con ella hasta que viajaron a Paraguay para conocer a sus padres. “Nos sorprendió la noticia, muy escandalosa, muy mentirosa. Acá nosotros no les formamos para eso, les formamos para la vida, para que sean ciudadanas útiles a la sociedad. Eso es lo que buscábamos, eso es lo que soñábamos”, sostuvo.
En tanto, ABC informó este lunes que las pericias dieron positivo en una de las niñas en nitritos y nitratos, una señal de que habría efectuado disparos con una pistola 9 milímetros cuando ocurrió el operativo, reforzando la versión oficial de un enfrentamiento. Además, el médico forense indicó a ese medio que los disparos que acabaron con la vida de las menores tuvieron varias trayectorias: desde adelante hacia atrás, desde atrás hacia adelante y desde los costados.
Las consecuencias de ese operativo originaron el repudio de los principales partidos de la oposición, a lo que se añadió este domingo el comunicado de Naciones Unidas, a través de la oficina regional de Derechos Humanos, con sede en Santiago de Chile, que apeló a una investigación imparcial y sin demora. “Se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país”, dijo el representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.
Asimismo, este sábado y a través de su cuenta en Twitter, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Paraguay “investigar las circunstancias de la muerte de las adolescentes y redoblar esfuerzos en la adopción de medidas para prevenir el reclutamiento forzoso” de niños por parte de los “grupos armados en el país”.
En otro mensaje, el organismo recordó que los menores de edad “obligados a formar parte de grupos armados o de crimen organizado son víctimas del reclutamiento forzado y que los Estados deben adoptar medidas para su protección y restitución de sus derechos”.
Además de esas denuncias sobre el operativo, el punto de mira está sobre la Fiscalía y la celeridad de los procedimientos que siguieron a las muertes.
Las niñas fueron enterradas el mismo miércoles y sin ser identificadas, atendiendo al protocolo por la emergencia sanitaria de la COVID-19, según defendió la Fiscalía tras un examen forense de urgencia y con base en las características externas de los cuerpos. Ese examen reportó que las niñas tenían entre 15 y 17 años, lo que se mantuvo hasta la noche de este sábado, cuando se confirmó que tenían 11.
La argumentación del COVID se esgrimió también para justificar la quema de las prendas que supuestamente vestían las menores, que para los analistas significa toda una destrucción de pruebas. Otro de los elementos del caso es el origen de las víctimas, que fueron confirmadas como argentinas a raíz del comunicado de este viernes de esa Cancillería.
Además de avalar dicha nacionalidad, la Cancillería establecía la edad de las víctimas en 11 años, con la prueba de la inscripción de las menores en el Registro Nacional de las Personas, que fueron remitidas a las autoridades paraguayas. La mañana del sábado, la Fiscalía solicitó la exhumación de los cuerpos, enterrados en una fosa común del cementerio municipal de Yby Yaú, la zona donde se produjeron los enfrentamientos.
Esa noche, tras el nuevo peritaje forense de la Fiscalía, se confirmaba que las menores tenían 11 años y una diferencia de unos meses. Ambas presentaban numerosos impactos de armas de fuego y se está a la espera de los resultados del ADN y a la reclamación de los familiares.
Al respecto, el fiscal del caso, Federico Delfino, declaró tras el segundo análisis que las niñas ingresaron desde Argentina el pasado noviembre y junto a sus “supuestas madres”, las cuales habrían entregado a las menores “al grupo criminal y las habrían dejado en ese sitio (el campamento guerrillero)”. El fiscal identificó a esas mujeres como Miriam Villalba y Laura Villalba, pero aclaró que no serían “las madres biológicas”. Y agregó que las menores podrían ser hijas de Magna Meza y Osvaldo Villalba, y de Liliana Villalba y Manuel Cristaldo, señalados por el Gobierno como líderes en activo del EPP.
Tras la confirmación paraguaya de las edades, la Cancillería se comprometió a asumir “la responsabilidad de agotar todas las instancias legales a fin de esclarecer los hechos” y en el “marco de las investigaciones ya iniciadas”.
También, insistió en la condena al reclutamiento de menores por parte del EPP y aseveró que se aplicará el peso de la ley sobre los responsables. Ese supuesto uso de menores ya fue sostenido por el Gobierno cuando sus informaciones cifraban la edad de las niñas en 15 y 17 años.
Sin embargo, y atendiendo a esas edades, las formaciones opositoras expresaron su rechazo al relato del Gobierno que, pese a las muertes, presentó como un éxito el operativo. (Infobae)
