La decisión revierte decisiones de tribunales inferiores que habían considerado que la creciente ofensiva migratoria era ilegal.
Un tribunal de apelaciones avaló la política del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que permite mantener detenidos sin acceso a fianza a amplios grupos de migrantes indocumentados a los que pretende deportar.
En un fallo dividido de los tres jueces, la corte respaldó la postura de la Casa Blanca, que reinterpretó una ley de Inmigración para sostener que los migrantes sin documentación detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) no tienen derecho a una audiencia de fianza. “Tras revisar cuidadosamente las disposiciones y la estructura pertinentes de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la historia estatutaria y la intención del Congreso, concluimos que la posición del Gobierno es correcta”, afirmó el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en su sentencia.
“Golpe significativo”
Dicha ley data de hace más de 30 años y exige la detención, sin audiencias de fianza, de todos los solicitantes de admisión en Estados Unidos. Sin embargo, los gobiernos anteriores apenas la aplicaban a aquellos que llegaban recientemente al país, sobre todo por la frontera sur con México. En su lugar, los migrantes indocumentados tenían derecho a audiencias de fianzas y a convencer a un juez de Inmigración de que no representaba riesgo de fuga.
El fallo revierte decisiones de tribunales inferiores que habían considerado que la postura del Gobierno era ilegal, y otorga un escudo legal para continuar con las detenciones y deportaciones masivas durante su ofensiva migratoria.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró la victoria judicial. “Es un golpe significativo contra aquellos jueces que han estado socavando nuestros esfuerzos para hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro a cada paso”, señaló en una publicación en la red social X. “Continuaremos defendiendo la agenda de ley y orden del presidente Trump en los tribunales de todo el país”, agregó.
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito tiene jurisdicción sobre los estados de Texas y Luisiana, donde se encuentra una gran parte de los centros de detención para migrantes en el país. Se espera que otras cortes de apelación se pronuncien al respecto en los próximos días, en un caso que podría alcanzar el Tribunal Supremo.
Acceso de datos
El aval judicial ocurrió después de que un juez federal de Estados Unidos emitiera una orden el jueves que prohíbe al ICE acceder a datos tributarios confidenciales para localizar a inmigrantes. La decisión, dictada por una corte del Distrito de Massachusetts, bloquea de forma preliminar el intercambio y utilización de información del Servicio de Impuestos Internos (IRS), como direcciones y otros datos de contribuyentes, para fines de control migratorio, mientras avanza el litigio presentado por varias organizaciones comunitarias y de derechos civiles.
El magistrado señaló que la legislación estadounidense impone límites estrictos a la divulgación de información fiscal y que las excepciones previstas no permiten su empleo generalizado para investigaciones migratorias, subrayando que el caso plantea un conflicto clave entre la aplicación de la ley y las garantías de confidencialidad de los contribuyentes.
Las organizaciones demandantes argumentaron que el uso de datos tributarios con fines migratorios podría disuadir a millones de personas de cumplir con sus obligaciones fiscales por temor a represalias, lo que, según sostienen, socavaría la confianza pública en el sistema tributario y afectaría la recaudación federal.
La orden judicial tiene carácter provisional y no resuelve el fondo del caso, pero permanecerá vigente mientras continúa el proceso judicial. El Gobierno federal defendió la legalidad de los acuerdos de intercambio de información entre agencias, aunque el tribunal consideró que los demandantes demostraron un riesgo suficiente de daño irreparable como para justificar la medida cautelar.
Aumento de deportaciones
Por otro lado, en este contexto de creciente política antimigrante, las deportaciones de inmigrantes detenidos en Estados Unidos fuera de la frontera se cuadruplicaron durante los primeros nueve meses del segundo mandato de Trump, impulsadas en gran medida por el aumento de arrestos aleatorios de personas indocumentadas en la vía pública.
Según un estudio de la Universidad de California (UC), el número de deportaciones desde el interior del país se multiplicó por 4,6 entre enero y octubre del 2025, comparado con las cifras anteriores a la llegada del mandatario. El análisis encontró un aumento mayor de las deportaciones de lo que se creía anteriormente. Este incremento también se ve reflejado en las detenciones totales por parte del ICE, que también se cuadruplicaron, con respecto a los datos anteriores a la llegada del republicano a la Casa Blanca.
Los investigadores encontraron que las detenciones en la calle se multiplicaron por más de 11, lo que fue valorado como “un fenómeno nuevo”. En ambos casos, ICE se centró mucho menos en personas con antecedentes penales, lo que provocó un aumento de más de siete veces en las detenciones de inmigrantes sin récord criminal.
