María Claudia García Iruretagoyena fue secuestrada junto a su compañero Marcelo Gelman el 24 de agosto de 1976. Tenía 19 años y estaba embarazada de Macarena, quien recuperó su identidad en el 2000.
La Asociación de ex presos políticos de Uruguay (Crysol) le exigió a través de una carta al ministro de Defensa, Javier García, que instruya un Tribunal de Honor para sancionar administrativamente a quienes recibieron sentencia por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena. Se trata de los militares retirados José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo José Medina. En 2017, la jueza Marcela Vargas los había condenado a 30 años de cárcel como coautores penalmente responsables del delito de homicidio intencional muy especialmente agravado. La Corte Suprema de Justicia uruguaya confirmó el fallo días atrás. Consultada por el pedido de Crysol, Macarena Gelman, hija de María Claudia García,aseguró no estar al tanto. Reconoció que para ella lo más importante es que la sentencia haya quedado firme, aunque se mostró indignada porque no se avanza en la investigación del caso desde el 2000, el mismo año en que la nieta del poeta Juan Gelman recuperó su identidad. Los restos de su madre, en tanto, siguen sin aparecer.
“Al igual que hemos hecho con anteriores gobiernos, una vez que la Suprema Corte ratificó la condena a varios integrantes de las Fuerzas Armadas por haber estado involucrados en la desaparición de la ciudadana argentina María Gelman, le solicitamos al ministro de Defensa que adopte los procedimientos reglamentarios para castigar administrativamente a estas personas que ya fueron condenadas por la justicia uruguaya”, expresó el presidente de Crysol, Gastón Grisoni. En el documento enviado al ministerio de Defensa, el colectivo solicita a la cartera de Defensa que “se tomen los recaudos pertinentes para que los Tribunales de Honor que se instruyan no sean desvirtuados en cuanto a su carácter“.
La Resolución 60/147 de Naciones Unidas, aprobada en diciembre de 2005 por la Asamblea General, es el instrumento internacional de referencia en cuanto a las obligaciones del Estado en casos de violaciones de derechos humanos. Dicho documento establece que los responsables deben ser castigados a nivel penal y también a nivel administrativo. “Una vez que el poder judicial se ha pronunciado con sentencia firme y categórica, corresponde que los militares condenados penalmente sean castigados y separados de las Fuerzas Armadas. Creemos que es un mensaje simbólico muy importante para la sociedad“, manifestó en ese sentido el presidente de la asociación de ex presos políticos uruguayos.
El caso Gelman
María Claudia García Iruretagoyena fue secuestrada en Buenos Aires en 1976. Había sido detenida y trasladada al centro clandestino de detención Automotores Orletti junto a Marcelo, su pareja e hijo del escritor Juan Gelman. Al momento del secuestro, María Claudia tenía 19 años y estaba embarazada de Macarena, quien nació en Montevideo y vivió durante más de dos décadas pensando que era hija de un matrimonio uruguayo. Marcelo fue asesinado el 14 de septiembre de 1976 y su cuerpo hallado dentro de un tanque de doscientos litros en el canal de San Fernando, al norte del Gran Buenos Aires. Con el embarazo a cuestas, María Claudia fue trasladada a Uruguay como parte del Plan Cóndor.
La mantuvieron aislada en la sede del Servicio de Información de Defensa (SID) montevideano. El entonces soldado Julio César Barboza relató así su presencia en el centro de detención en su declaración testimonial: “Pude comprobar que luego del mes de octubre dio a luz una criatura y que fueron trasladados ambos, una noche, por el teniente coronel Rodríguez Buratti y el capitán Arab, con destino que desconozco. El único comentario que le escuché a Arab fue: -A veces hay que hacer cosas embromadas”.
La nuera de Juan Gelman desapareció luego de dar a luz en cautiverio. Siendo apenas una beba, Macarena fue entregada a un policía y a su esposa. Aunque dio una lucha incesante para conocer el destino de María Claudia y acudió a la justicia para dar con su paradero, a Juan Gelman siempre se le interpuso como obstáculo la Ley de Caducidad, que operó como escudo para los miembros de las Fuerzas Armadas que formaron parte del terrorismo de Estado. En el 2000, y luego de una intensa búsqueda, el escritor argentino pudo localizar a su nieta Macarena.
En marzo de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado uruguayo por la desaparición forzada de María Claudia y la apropiación y sustitución de identidad de Macarena. “El Estado uruguayo reconoce la responsabilidad institucional por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman en 1976”, dijo un año después el entonces presidente José “Pepe” Mujica en un histórico discurso desde la Asamblea General del Parlamento.
En 2017, la jueza Marcela María Vargas condenó a 30 años de prisión a Gavazzo, Arab, Vázquez, Silveira y Medina. El tres de septiembre de este año, la Corte Suprema ratificó el fallo reconociendo que los cinco condenados operaron en los centros de detención donde permaneció detenida María Claudia.
“La justicia reunió las pruebas necesarias para condenar,y lo hizo luego de 18 años, lo cual es tardío pero pertinente”, aseguró Macarena Gelman. Algo molesta con una justicia uruguaya para la que “investigar es sinónimo de excavar, porque entiende que la única forma de saber es que los responsables hablen”, Macarena prefiere quedarse con que el caso haya sido juzgado por la justicia ordinaria “independientemente de mi indignación porque no se haya investigado más el caso ni tenga un dato más de los que tengo desde el año 2000”.
El debate sobre los Tribunales de Honor
La formación de Tribunales de Honor a los militares condenados por el terrorismo de Estado fue un reclamo expreso de Crysol al expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, cuando éste asumió su segundo mandato en marzo de 2015. Se empezaron a llevar a cabo en casos donde existe una sentencia firme. “Los Tribunales de Honor que se han llevado a cabo por causas de condenas del poder judicial han sido totalmente desnaturalizados en algunos casos, y en otros no han sancionado como correspondía, tal el caso del coronel Luis Maurente, recientemente fallecido”, sostuvo Gastón Grisoni, presidente de Crysol.
“Hubo un Tribunal de Honor en un procesamiento de 2006 a Gilberto Vázquez, y éste hombre dijo que había torturado y ejecutado gente, confesó conductas que en general ellos no admiten en los juzgados. En otro Tribunal de Honor donde se juzgó a José Nino Gavazzo, él admitió haber fondeado el cuerpo de un desaparecido en el Río Negro. Esos son los que han dado mayor jugo en términos de aparición de nuevos elementos. Entiendo que que en esa linea Crysol realiza este pedido”, planteó Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu (OLI).
Olivera, sin embargo, es cauto respecto a los beneficios que puede ofrecer dicho instrumento. “Lo que se juzga en general es si se afecta o no el honor de las Fuerzas Armadas. Entonces cuando a alguno de ellos se les va la boca, los jueces que mayormente son generales, tratan de desviarlo para que no sigan hablando“, argumentó el coordinador del OLI. Cuando aparece una conducta presumiblemente delictiva se debe informar al superior y éste tiene que rendir cuentas ante la justicia, algo que nunca sucede en Uruguay. “Hay una opacidad importante con relación a lo que ocurre en estos tribunales”, concluyó el dirigente del OLI.
