El caso de la contratación irregular del cantante había sido utilizado para someter al mandatario a un juicio político hace dos semanas que no prosperó.
Desde Lima. Hace unas semanas estaban en Palacio de Gobierno, en lo más alto del poder como parte del círculo más cercano al presidente Martín Vizcarra, hoy están en prisión. Dos ex secretarias y un ex asesor de comunicaciones y prensa del mandatario, fueron detenidos ayer en el marco de la investigación fiscal por la contratación irregular por el Ministerio de Cultura de un casi desconocido cantante. Este caso había dado origen hace dos semanas a un juicio político -armado en pocos días y sin investigación previa- contra Vizcarra en el Congreso, que no alcanzó los votos para destituirlo del cargo. Los tres funcionarios habían dejado hace días sus cargos luego que estallara el escándalo de los contratos del cantante, llamado Richard Cisneros. Es una detención preliminar por una semana. En este tiempo, la fiscalía debe decidir si solicita una detención preventiva, que podría prolongarse hasta por tres años.
Los detenidos son la ex secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, la ex secretaria administrativa de Vizcarra, Karem Roca, y el ex asesor de comunicaciones y prensa del presidente, Oscar Vásquez. Ellos están investigados por supuestamente intentar ocultar evidencias de la irregular contratación de Cisneros y de los nexos de este cantante con el presidente Vizcarra. Cisneros y siete funcionarios del Ministerio de Cultura también fueron detenidos. La fiscalía señala que la detención se justifica porque los investigados habrían contactado con otros implicados y con testigos con la intención de obstruir el proceso, incluso se señala que habrían intentado borrar pruebas. Los abogados de los detenidos lo niegan. Enterado de las detenciones de sus ex colaboradores, el presidente Vizcarra cuestionó la medida. “Esta detención no es proporcional, pero la respetamos. Lo que correspondería es que las investigaciones se realicen con los investigados en libertad. Este hecho demuestra la total imparcialidad de la fiscalía”, señaló el jefe de Estado.
Luego que Vizcarra entrara al poder en marzo de 2018, el estrambótico cantante Cisneros, conocido como “Richard Swing”, fue contratado por el Ministerio de Cultura para dar charlas motivacionales a sus trabajadores y para organizar eventos musicales. En dos años firmó varios contratos por un monto total equivalente a unos 50 mil dólares. Contratos inexplicables cuando uno conoce al personaje en cuestión. Vizcarra es señalado de haber intervenido para favorecer a Cisneros con esos contratos. El presidente lo niega. Swing y Vizcarra se conocen desde que el cantante apoyó la campaña electoral del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en 2016. Vizcarra fue jefe de esa campaña y candidato a vicepresidente. Luego asumiría la presidencia cuando PPK renunció por cargos de corrupción.
El llamado “escándalo Swing” estalló cuando se conocieron audios grabados en secreto, en uno de los cuales el presidente conversa con sus tres ex funcionarios hoy detenidos para coordinar lo que debían declarar ante la fiscalía y una comisión parlamentaria sobre las visitas que el cantante hacía a Palacio de Gobierno. La intención era desmarcar al presidente de Cisneros. Los cuatro hablan de cinco visitas de “Swing”, pero concuerdan admitir solamente dos, que son las que dicen están oficialmente registradas, y coordinan declarar que en ninguna de estas visitas el cantante se encontró con el presidente. También se les investiga por borrar evidencias.
Fue la secretaria Roca quien grabó esa comprometedora conversación, al parecer impulsada por un resentimiento contra el presidente por sentirse desplazada por Morales, que había adquirido un gran poder. Ahora se ha convertido en una de las víctimas de su venganza. En este caso el presidente está protegido por la inmunidad de su cargo, que termina en julio del próximo año. Pasar del gobierno a la cárcel es algo que se ha vuelto común en la política peruana.
