El miércoles, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) dio luz verde a la séptima revisión del acuerdo ampliado bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para Argentina, elogiando las “medidas audaces” tomadas por el actual Gobierno. Esta decisión permite un desembolso inmediato de aproximadamente US$4.700 millones destinados a “apoyar los sólidos esfuerzos políticos de las nuevas autoridades”.
El FMI evaluó que “los objetivos clave del programa hasta finales de diciembre de 2023 no se alcanzaron por amplios márgenes debido a graves reveses en materia de políticas”, lo que llevó a la aprobación de exenciones de incumplimiento. Se destacó la introducción de medidas temporales que resultaron en restricciones cambiarias y prácticas de moneda múltiple.
Kristalina Georgieva, presidenta del FMI, expresó que, tras las últimas revisiones, los desequilibrios y distorsiones de Argentina se agudizaron debido a las políticas inconsistentes del gobierno anterior. Sin embargo, elogió las “medidas audaces” de la nueva administración para restaurar la estabilidad macroeconómica y abordar los problemas estructurales.
El plan de estabilización busca establecer “un ancla fiscal fuerte” para poner fin al financiamiento del gobierno por parte del Banco Central. Además, se prevé un superávit fiscal primario del 2% del PIB en 2024, respaldado por impuestos temporales sobre importaciones y un fortalecimiento de los impuestos a los combustibles. Se planea racionalizar subsidios y fortalecer la asistencia social.
Georgieva subrayó el compromiso de las autoridades para eliminar restricciones cambiarias y prácticas monetarias múltiples, así como para desarrollar planes para desmantelar gradualmente las medidas de gestión de flujos de capital. Se hizo hincapié en la necesidad de una formulación de políticas ágil y planificación de contingencias, con medidas adicionales si es necesario.
En conclusión, Georgieva resaltó la importancia de la comunicación clara, la asistencia social bien orientada y esfuerzos continuos para generar apoyo social y político para el programa de estabilización, reconociendo los desafíos que aún enfrenta Argentina en su camino hacia la estabilidad duradera.
