La maniobra fue orquestada por el radical Martín Tetaz para darle curso a una docena de proyectos, que son rechazados por la central obrera.
Una vez más, en medio de un paro general, el Congreso volvió a ser escenario de una avanzada paraoficialista: Martín Tetaz, aliado radical, convocó a la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados para darle curso a la discusión de una docena de proyectos de reforma laboral. Mientras las columnas de la CGT marchaban hacia el Palacio Legislativo para acompañar a los jubilados, adentro se reanudaba el debate para eliminar la cuota sindical obligatoria, un intento explícito de asfixiar financieramente a los gremios y debilitar su capacidad de respuesta. La escena expuso el distanciamiento entre el Gobierno nacional y los sindicatos, que ya rechazaron de plano las iniciativas en discusión.
La comisión arrancó con un doble escándalo: la diputada Pagano denunció “animosidad” por parte del presidente de la Cámara, Martín Menem, por obstaculizar el ingreso de los expositores invitados por los legisladores. La elección de la fecha tampoco pasó inadvertida. “Yerra el debate parlamentario cuando se lo quiere instrumentar como una extorsión para interrumpir medidas de fuerza.”, cuestionó la diputada Vanesa Siley. La falta de consensos anticipa que, para avanzar con una reforma laboral de fondo, el Gobierno necesitaría un cambio en la composición del Congreso.
La maniobra fue orquestada, otra vez, por Martín Tetaz. El blanco es el mismo de siempre: la “cuota solidaria”, el aporte obligatorio de los trabajadores no afiliados, cuya eliminación se pretende a través de la modificación del artículo 9 de la Ley 14.250 y el artículo 37 de la Ley 23.551. A ese eje central se suman otras propuestas: limitar las reelecciones y condicionar el acceso a cargos con una suerte de “Ficha Limpia” gremial. Disciplinar desde adentro.
Durante la reunión, el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano —invitado por el diputado de Unión por la Patria Hugo Yasky— abrió el debate cuestionando el núcleo ideológico de la ofensiva oficialista. “¿De qué serviría ese debilitamiento de los actores sociales, de sus recursos?”, planteó. “Serviría como un mecanismo de debilitamiento de la negociación colectiva en la Argentina. Y un debilitamiento de la negociación colectiva en la Argentina significaría menos cobertura, menos extensión, menos dinamismo. Menos derechos”. Fue una defensa contundente del sistema de relaciones laborales que el gobierno de Milei busca desguazar. A su turno, Sergio Palazzo —también legislador de extracción sindical— cuestionó la oportunidad política de la convocatoria: “Si sabemos que hay una movilización enorme, tal vez no era prudente hacerla hoy”, lanzó. Y sentenció: “No les importó. Por la rapidez que le quieren dar al tratamiento”.
La posición del oficialismo está plasmada en uno de los proyectos presentados por su propia bancada. Se trata de la iniciativa titulada “Promoción de Inversiones y Empleo”, firmada por la diputada Romina Diez junto a otros catorce legisladores libertarios, entre ellos José Luis Espert y Gabriel Bornoroni, presidente del bloque. El texto retoma varias de las reformas incluidas en el DNU 70, rechazadas por el sindicalismo y suspendidas por la Justicia. Bajo el argumento de modernizar el régimen laboral, el proyecto propone una desregulación profunda del sistema de relaciones de trabajo: crea un banco de horas extras, endurece las condiciones para acceder a licencias por enfermedad y pone en discusión pilares históricos como la jornada de ocho horas y el régimen de vacaciones.
Aunque el gobierno libertario había prometido una “verdadera reforma laboral” para el primer semestre del año —tal como lo anunció Javier Milei en su discurso del 10 de diciembre—, las expectativas chocaron rápidamente con la realidad parlamentaria. “Para empezar, hay poca coincidencia entre el oficialismo y sus aliados”, reconoció a Página/12 una fuente que participa de las negociaciones. Más allá de los gestos disciplinadores y los avances en comisión, la falta de consensos muestra que, sin una nueva composición legislativa, cualquier intento de reforma seguirá empantanado. Aun así, el oficialismo no suelta el tema: la próxima reunión está prevista para el martes 15 de abril a las 11 de la mañana, con una nueva ronda de expositores. El plan, por ahora, es mantener la llama encendida en comisión, a la espera de que los tiempos políticos empiecen a jugar todavía más a su favor.
Pagano versus Menem, otro round
La reunión de Comisión comenzó con demoras y un clima enrarecido. El Congreso había amanecido sitiado: calles valladas, operativo de seguridad reforzado y denuncias de restricciones de acceso al edificio. Adentro, las tensiones no tardaron en estallar. Mientras el presidente de la comisión, Martín Tetaz, intentaba contener la situación, la diputada libertaria Marcela Pagano denunció en plena comisión la “animosidad” del presidente de la Cámara, Martín Menem, a quien responsabilizó por haber intentado impedir el ingreso de los abogados laboralistas. Más tarde, redobló la apuesta desde sus redes sociales. “La Cámara de Diputados está siendo gestionada como una empresa privada cuyo ‘dueño’ se reserva el derecho de admisión. No me sorprende del Mariscal de las Derrotas”, escribió en X, en un mensaje dirigido al riojano. Y agregó: “Es indispensable que las comisiones de Diputados funcionen normalmente, que podamos trabajar con libertad y sin presión”.
La disputa entre Pagano y Martín Menem, a quien calificó de “fascista” en plena sesión, se remonta a un año atrás, cuando Karina Milei ordenó dar de baja la reunión de la Comisión de Juicio Político en la que se había designado a la diputada como presidenta. Aunque la reunión fue de carácter informativo, el incidente dejó expuestas las fracturas internas que también orbitan alrededor de la reforma laboral y la rivalidad manifiesta entre Pagano y el presidente de la Cámara que no desescala.
