El policía Dante Barisone fue condenado a tres años de prisión por aplastar con su moto a Alejandro Rosado, quien todavía se recupera de las lesiones.
Una de las escenas quizá más recordadas de las movilizaciones de diciembre de 2017 contra la reforma previsional que impulsaba el gobierno de Mauricio Macri, es aquella que muestra una moto de la Policía Federal en el momento en que aplasta, que pasa literalmente por encima, de Alejandro “Pipi” Rosado, un cartonero que estaba trabajando muy cerca de donde se desarrollaba la protesta. Todo el despliegue represivo, dirigido desde el Ministerio de Seguridad por entonces a cargo de Patricia Bullrich, fue brutal y a gran escala. Casi tres años después, el Tribunal Oral Federal 3, condenó a tres años de prisión al policía Dante Barisone que dejó a Rosado con heridas severas y de lenta recuperación. La sentencia lo consideró culpable del delito de lesiones graves calificadas por el abuso de su función como policía y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por seis años. Si bien los jueces no se explayan en grandes consideraciones, queda claro del relato de los hechos que no hubo nada azaroso en los ataques de las fuerzas de seguridad contra quienes se manifestaban o estaban de causalidad por la zona y que el personal asignado tampoco tenía preparación e instrucciones para intervenir de manera pacífica.
La represión de las movilizaciones fue una constante del gobierno de Cambiemos. Contra la reforma previsional hubo dos marchas en aquel diciembre y en ambas las fuerzas de seguridad reprimieron a mansalva y detuvieron a decenas de manifestantes. La mayoría de las veces encontraron eco en los jueces de Comodoro Py, que ampararon a las agentes. En pocos casos, como el de “Pipi” Rosado, ocurrido en Hipólito Yrigoyen, entre Tacuarí y Bernardo de Irigoyen, las pruebas eran incontrastables: había filmaciones, testigos múltiples e informes forenses contundentes. El joven tuvo lesiones graves en sus costillas, espalda y la pierna izquierda, lo que le representaba la imposibilidad de volver a trabajar por largo tiempo. Estuvo en el Hospital Argerich y en el sanatorio IART. Cuando el juez Sergio Torres todavía ocupaba uno de los doce juzgados federales de Retiro (ahora integra la Corte bonaerense), mandó a identificar al policía que había aplastado al cartonero y ordenó su detención. Esta causa quedó separada de otra parte más grande, donde hubo decenas de heridos –algunos que hasta perdieron la vista entre balas de goma y gases lacrimógeno— y manifestantes detenidos de manera arbitraria, que no tuvo un avance tan decidido pese al paso del tiempo y las consecuencias para algunas de estas personas.
Barisone, que integraba la División Operaciones Grupo Motorizados de la Federal, fue identificado y estuvo preso hasta fines de 2019. Si bien la pena a tres años que le pone el tribunal es de cumplimiento efectivo, ya obtuvo la libertad condicional por el tiempo transcurrido. En rigor, el juicio iba a comenzar el 15 de noviembre del año pasado pero su defensa pidió que el proceso se convirtiera en un juicio abreviado. Es decir, Barisone aceptaba su culpabilidad a cambio de una pena morigerada. El fiscal Juan García Elorrio lo admitió, y aunque la querella de Rosado se opuso, el tribunal consideró que no había impedimentos. Con la pandemia de por medio, la sentencia se fue postergando. Lleva la firma de los jueces Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni.
La abogada Gabriela Carpineti y su colega Nicolás Rechanik, que representaron la querella de Rosado, ponen el acento en que la condena reconoce que se trató de un caso de violencia institucional, con responsabilidades también civiles y políticas. Carpineti, que en la actualidad es Directora de Acceso a Justicia (del Ministerio de Justicia), destacó que en el propio relato de Barisone al momento de ser indagado, dejaba en evidencia las condiciones en las que se hizo el operativo y en las que trabajaban los agentes. “Dijo que era la primera vez que estaba en una manifestación, que le dieron una moto que no sabía utilizar, que había directivas de reprimir, no precisamente de disuadir pacíficamente a los manifestantes –recordó Carpineti–. Es relevante que esto figura en el fallo porque da cuenta de que se reprimió con agentes sin preparación y con directivas de atacar. Los manifestantes estaban desarmados y fueron provocados por las fuerzas de seguridad. Esto establece posibles responsabilidades respecto de los funcionarios del Ministerio de seguridad, que estaba a cargo de Bullrich y de quienes encabezaron el operativo represivo”. Ahora Rosado podrá iniciar, además, una demanda civil.
Un dato que no parece menor, y que cruza a las protestas contra la reforma previsional en aquel diciembre, es que la gente en las calles y las organizaciones movilizadas eran una obsesión para Macri y su gobierno, y así lo muestran los seguimientos e informes de inteligencia que, según consta en la causa sobre espionaje ilegal que tramita en Lomas de Zamora, sobre los que trabajó el llamado grupo “Súper Mario Bros” de la Agencia Federal de Inteligencia de Gustavo Arribas. Es parte de lo que se le atribuye al secretario de Macri, Darío Nieto: haber recibido informes ilegales de los espías, vía la exfuncionaria Susana Martinengo. Otro de los imputados, que fue jefe de Operaciones y daba directivas a los agentes para las maniobras de espionaje ilegal, Alan Ruiz, tenía estrecha relación con la exministra Bullrich, con quien había trabajado antes de ir a la central de espías.
