Uno de los gurúes de la ultraderecha estadounidense, Steve Bannon, acuñó una expresión tan gráfica como brutal para describir una estrategia política habitual: saturar la agenda pública —y las redes sociales— con polémicas simultáneas para dividir la atención, confundir y disciplinar. La llamó “flooding the zone with shit” (“inundar la zona de mierda”).
El Gobierno argentino, fiel discípulo del trumpismo, parece haber decidido volver a aplicar esa receta. Mientras impulsa una reforma laboral marcadamente regresiva y avanza sobre la Ley de Glaciares, sumó al temario de sesiones extraordinarias un proyecto de Ley Penal Juvenil. El objetivo es claro: abrir todas las discusiones al mismo tiempo para que, en los hechos, no se discuta ninguna en profundidad.
La maniobra se apoya, además, en un contexto de fuerte conmoción social. El asesinato del joven Jeremías Monzón, de 15 años, fue utilizado como disparador para reinstalar una agenda punitivista extrema. No es la primera vez que la derecha local recurre a este mecanismo: ya lo hizo en el pasado con casos resonantes, como el de Axel Blumberg.
El anuncio estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien dejó momentáneamente de lado sus comentarios livianos en redes sociales para confirmar que la baja de la edad de imputabilidad será parte de las extraordinarias de febrero, junto a la reforma laboral y la Ley de Glaciares. Tres temas explosivos, todos juntos.
La pregunta es inevitable: si este debate no estaba originalmente en agenda, ¿qué cambió? La respuesta es simple. Apareció un caso conmocionante que permite intentar avanzar con leyes más duras, arrasando con cualquier oposición bajo la lógica del “algo hay que hacer”.
La decisión surgió de la mesa política reunida el lunes en Casa Rosada. Allí evaluaron el clima social generado por el crimen de Jeremías y resolvieron acelerar el tratamiento de la Ley Penal Juvenil, dejando para más adelante la reforma integral del Código Penal.
Según trascendió, el Ejecutivo busca bajar la edad de imputabilidad a 13 años, cuando el régimen actual fija el límite en 16. No se trata, sin embargo, de una idea nueva: el proyecto circula desde el año pasado, impulsado originalmente por el PRO. Incluso llegó a obtener dictamen, aunque nunca fue tratado en el recinto. Su autora, Laura Rodríguez Machado, ya no integra el PRO y hoy responde a La Libertad Avanza.
En su momento, el bloque que conduce Cristian Ritondo proponía fijar la edad en 14 años. Ahora, el oficialismo redobla la apuesta y baja el umbral a 13. Resta saber qué postura adoptará el macrismo en medio de unas sesiones extraordinarias saturadas de conflictos.
Desde el Congreso advierten que, aun en el escenario más optimista para el Gobierno, la eventual aprobación recién podría darse en marzo, ya en sesiones ordinarias. Antes de eso, difícilmente el proyecto comience a debatirse seriamente antes de mediados de febrero.
Entonces, ¿por qué incluirlo ahora? La respuesta vuelve a Bannon: cuanto más confusa y cargada esté la agenda, menos visible resulta que se está avanzando sobre derechos laborales y ambientales.
El contenido del proyecto también enciende alarmas. En su redacción participaron el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, hombre del círculo de Santiago Caputo; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y la senadora Patricia Bullrich. Un combo que anticipa el sesgo punitivo del texto. No es casual que el ministro Mariano Cúneo Libarona haya quedado al margen.
En paralelo, el Gobierno evalúa frenar el envío al Congreso del acuerdo Mercosur–Unión Europea, luego de que el Parlamento Europeo decidiera girarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, congelando su avance.
Mientras tanto, la estrategia es clara: saturar, distraer y endurecer, para que el ajuste pase sin ruido.
