El proyecto del oficialismo se debatirá el próximo miércoles en la Cámara alta. Algunos senadores peronistas podrían apoyar la iniciativa. La CGT presiona para bloquear los artículos más polémicos.
El Senado se prepara para debatir el próximo miércoles la reforma laboral que el oficialismo mantiene “bajo siete llaves”. La iniciativa llegará al recinto sin conocerse el texto final luego de las negociaciones secretas con los bloques dialoguistas y los gobernadores. Hay sospechas de que senadores peronistas de fuerzas provinciales podrían acompañar al Gobierno. Será el único tema a tratar en una Cámara alta que estará presionada por la movilización convocada por la CGT a la Plaza de los dos Congresos. En la central obrera aseguran que intentarán frenar los artículos más polémicos e incluso anticipan que podrían recurrir a la Justicia.
A pesar de que la jefa de bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, envalentonada en su nueva función, reconoció que muchas de las negociaciones terminarán de cocinarse entre la Casa Rosada y los gobernadores por fuera del Palacio Legislativo, la exministra de Trabajo del gobierno de Fernando De la Rúa, continúa retocando artículos para juntar los votos necesarios y poder mostrar un triunfo -más propio de ella, que del espacio- en estas sesiones extraordinarias.
La búsqueda de acuerdos seguirá en marcha hasta el momento de la sesión, pero el oficialismo se mostró confiado durante toda la semana en tener los votos necesarios para aprobar la iniciativa que recorta sustancialmente los derechos de los trabajadores.
La reunión que encabezó Bullrich esta semana con los bloques aliados dio cuenta que tiene 41 votos, más el posible acompañamiento de la senadora salteña Flavia Royón, del bloque Primero los Salteños, quien responde al gobernador Gustavo Sáenz, y que no asistió al encuentro.
La senadora santacruceña, Natalia Gadano tampoco estuvo presente en esa última reunión convocada por Bullrich, y junto a su coterráneo José María Carambia, mantienen negociaciones con la jefa del bloque libertario. Sobre estos senadores del bloque Moveré por Santa Cruz también está puesto el foco, a pesar de que en momentos claves para el oficialismo han optado por apoyar al gobierno de Javier Mieli.
Otro bloque que en el que están puestos los ojos, es Convicción Federal que reúne a los senadores peronistas que reportan a fuerzas provinciales, y mantienen diferencias con el bloque Justicialista que conduce el senador José Mayans. La expectativa recae principalmente sobre: el senador catamerqueño, Guillermo Andrada, que responde al gobernador Raúl Jalil; la senadora jujeña Carolina Moises, que responde al gobernador Saénz, y la tucumana Sandra Mendoza, referenciada con el gobernador Jaldo.
El sentido de sus votos podría terminar de definir lo que ocurra con el interbloque Popular, que reúne a Convicción Federal, Justicialistas y Frente Cívico por Santiago, hoy por hoy, pende de un hilo ese armado. Si estos senadores díscolos, deciden acompañar el texto del gobierno, el oficialismo no solo se llevaría el logro de aprobar una ley que considera central para su modelo económico, que ya lo tendría garantizado, sino que también podría jactarse de haber fracturado al peronismo en el Senado.
Lo cierto es que el bloque Convicción Federal, que reúne cinco senadores, va a votar dividido, y varias de las manos que se dicen peronistas acompañarán una reforma laboral que va en contra de los trabajadores y sus derechos, contradictoramente a lo que históricamente representó ese movimiento.
Los bloques aliados que acompañarían la iniciativa y que todavía negocian cambios lejos del Palacio Legislativo, son; Frente Pro (3) Frente Renovador de la Concordia (2), Frente Cívico de Córdoba (1), Independencia (1), La Neuquinidad (1), Provincias Unidas (2), Despierta Chubut (1) y la UCR (10) que se suman a los 20 senadores de la Libertad Avanza.
Quienes ya adelantaron que no acompañaran la reforma que propone el Ejecutivo son los senadores del bloque Justicialista (21), y del bloque Frente Cívico por Santiago (2).
Es entonces, que La Libertad Avanza podría alcanzar entre 41 o 44 votos para el próximo miércoles por lo que la aprobación en general del texto está garantizada, sigue la rosca sobre el desarrollo de la votación en particular.
Uno de los puntos de mayor discordia en la negociación es el capítulo fiscal; la propuesta de reducir el Impuesto a las Ganancias para sociedades encendió alarmas entre los gobernadores, que advierten sobre el impacto negativo en la coparticipación. Pero la orden del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo a quienes negocian el texto fue ser “inflexibles hasta el final” con este pedido de los gobernadores.
Lo cierto es que el texto que se terminará de conocer el próximo miércoles en el Senado busca reducir costos empresarios a costa de los derechos de los trabajadores, similar a intentos fallidos anteriores como la “Ley Banelco”.
A su vez, pretende impactar en las negociones colectivas, porque busca prevalecer acuerdos individuales o por empresa sobre los convenios colectivos de trabajo, debilitando el rol sindical.
Respecto a los cambios en el régimen de indemnizaciones, el texto del oficialismo propone una nueva base de cálculo que excluye conceptos no habituales del salario y habilita sistemas alternativos, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Sobre este punto, trascendió una posible modificación en el articulado que le daría lugar a un reclamo de los bloques dialoguistas, que piden que el Fondo de Asistencia Laboral, destinado a financiar indemnizaciones con plata de ANSES, se restrinja a empresas chicas y no beneficie a multinacionales.
La incorporación del “banco de horas”, es otro de los aspecto crucial. Es un esquema que flexibiliza la jornada laboral y permite compensar períodos de mayor carga horaria con descansos posteriores, reduciendo el pago de horas extras tal como se conoce actualmente.
Otro de los principales cuestionamientos que manifestó la oposición al proyecto es que no generará empleo, ya que la desregulación que se propone profundizará la informalidad y la precariedad laboral.
De obtener media sanción, el proyecto será girado a la Cámara de Diputados, donde habrá que esperar cuál será la estrategia que implementará el oficialismo. Si avanza en maniobras para un trámite exprés del proyecto, con el objetivo de tratarlo antes de que termine el mes de febrero -como se especuló esta semana- o si, más confiado en la negociación que pueda llevar adelante, escucha el pedido de aquellos bloques que pretenden darle tiempo a un debate que no parece ser prometedor para los trabajadores. Será clave, entonces, la presión que la CGT pueda llevar adelante, en la calle y en el recinto, a través del frenado de los artículos más polémicos. Sino quedará utilizar ese as bajo la manga que dice tener la central obrera: la judicialización.
