Victoria Villarruel demora el tratamiento de la designación de las nuevas autoridades. En marzo vence el proceso y se puede volver a foja cero.
Infancia niñez juego (Télam)
En días en el que los esfuerzos del Poder Ejecutivo se centran en reunir las voluntades suficientes para aprobar el proyecto de reforma laboral en el Congreso de la Nación y en encontrar la manera de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años -entre un sinfín de iniciativas y reformas para satisfacer deseos aliados-, la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes continúa acéfala desde hace poco menos de un año. Sin la designación de nuevas autoridades debido a la demora de su tratamiento en el Senado, el proceso de selección vence en marzo y corre peligro de volver a foja cero.
El colectivo Infancia en Deuda alertó sobre la situación del organismo que se encuentra sin autoridades desde mayo del año pasado, cuando terminó el mandato de Marisa Graham. En un comunicado firmado por varias organizaciones, indicaron que la situación no se produjo “por falta de candidatos/as ni por demoras administrativas, sino por una decisión política: el Senado no trata la designación”.
Según informaron, el proceso de selección de autoridades finalizó el 22 de septiembre del año pasado, fecha en la cual la Comisión Bicameral elevó al Congreso una propuesta de postulantes surgida del concurso público, tal como dicta la Ley 26.061. La Comisión había designado como candidata a María Paz Bertero, abogada egresada de la Universidad Nacional de la Plata y especializada en cuestiones de género.
En ese entonces, los pasos más engorrosos del proceso ya habían sido atravesados y solo restaba la aprobación de ambas cámaras del Parlamento. Un trámite que, a priori, parecía de lo más simple y rápido. El 8 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó el orden de mérito sin modificaciones, elevando el tratamiento al Senado. Sin embargo, hasta el día de hoy, la Cámara alta presidida por Victoria Villarruel omitió el debate de la propuesta de tratamiento que, cada día que pasa, corre peligro de quedar sin validez.
Es que el Reglamento del Concurso establece que el proceso tiene una vigencia de 180 días desde la elevación al Congreso. Dicho plazo vencería el 21 de marzo y, teniendo en cuenta el sinfín de proyectos enviados por La Libertad Avanza a las Cámaras para tratarse en las sesiones extraordinarias, el proceso de selección de autoridades de la Defensoría de la Niñez no parece estar en la cima de las prioridades del Poder Legislativo.
En el comunicado aseguran que la omisión del Senado “no se trata de un tecnicismo ni de una falla administrativa”, sino de “un bloqueo institucional con consecuencias concretas”, y advierten que “la ausencia de autoridades designadas conforme a la normativa vigente limita la capacidad de la Defensoría para intervenir frente al Estado y ante actores privados, defender derechos vulnerados, exigir el cumplimiento de políticas públicas, monitorear recortes presupuestarios y actuar frente al deterioro del sistema de protección integral”.
El mandato de Marisa Graham había culminado en febrero de 2025 tras 5 años de permanencia en el cargo. Una resolución interna le permitió continuar siendo la titular de la Defensoría para no interrumpir el accionar del organismo. Sin embargo, en junio, la Bicameral dictaminó su destitución por mayoría simple, tras una embestida de La Libertad Avanza y sus aliados del PRO y la UCR, bajo el argumento de que como el mandato de Graham había vencido el 28 de febrero, la resolución que posibilita su continuidad era “ilegítima” y debía ser derogada. En aquella sesión, el diputado libertario Nicolás Mayoraz sostuvo que “la actitud de esta señora” -por Graham- y los fundamentos que pone en su resolución rayan el delito de sedición”.
El día 3 de junio de 2025, la Comisión Bicameral autorizó a Sebastián Andrés Medina a “realizar todos aquellos actos conservatorios y/o de administración tendientes a lograr la prosecución de las funciones propias de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, hasta tanto se designe al nuevo Defensor/a titular. En agosto del 2025, cuando la Comisión Bicameral aún no había elevado una postulante, explicaba que “mantener una gestión interina debilita la independencia del organismo, reduce su capacidad de planificación a largo plazo y retrasa decisiones clave para proteger derechos”.
El contexto en el que se da esta situación agrava el problema: “En Argentina, casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes vive en situación de pobreza, mientras se profundiza el ajuste sobre políticas clave como educación, salud, protección social y prevención de violencias”, afirmaron desde el colectivo Infancia en Deuda.
