La Procuración apeló el fallo que le daba la razón a las familias y obligaba al Ejecutivo a implementar la norma sancionada y ratificada por el Congreso.
Al Gobierno se le vence en 48 horas el plazo que le impuso la justicia para cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad y todo indica que, otra vez, no lo hará. Según pudo saber, el Ejecutivo no logró hasta ahora presentar en el marco del expediente ningún avance concreto en la implementación de la norma ni tampoco especificó de dónde saldrán los fondos para sustentarla. Lejos de eso, la Procuración del Tesoro aprovechó este lunes el fin de la feria judicial para apelar la sentencia del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien en diciembre le había dado la razón a las familias del colectivo que habían impulsado un amparo contra la Casa Rosada.
La apelación, de todos modos, no modificará los plazos establecidos en el último fallo del juez González Charvay: a partir del 4 de febrero, los funcionarios libertarios deberán comenzar a implementar la norma “bajo apercibimiento de sanciones” tanto económicas como penales.
Este diario pudo saber que, así como están las cosas, el Gobierno la tiene muy complicada para llegar con los tiempos. Según consta en el expediente, los avances solicitados por el juez en la implementación de la norma brillan por su ausencia. El juez había solicitado, a pedido de las familias querellantes, que el Ejecutivo proponga un nuevo valor para el “nomenclador” de las prestaciones (es decir, el “precio” con que se fija la hora de servicio en las instituciones de salud, educación y rehabilitación), pero no lo hizo. Sólo respondió que ese número “se encuentra en análisis”.
Lo mismo sucedió con otros puntos que establece la ley, como el pedido de que ARCA regularice las deudas de las instituciones, los aumentos de suma fija para prestadores o la actualización de la asignación estímulo para los Talleres Protegidos, que sigue clavada en 38 mil pesos por mes desde noviembre de 2023. En todos los casos, el Ejecutivo contestó que las medidas están “en elaboración” o directamente omitió dar respuestas.
En ese marco, las organizaciones que impulsaron el amparo presentaron un pedido de “ejecución forzosa”, como medida preventiva ante la posibilidad de que una vez cumplido el plazo fijado por el juez, el Gobierno decida seguir como hasta ahora. El pedido es que la propia justicia se implique en la ejecución de la sentencia ante el desacato del Ejecutivo, algo que ya encuentra jurisprudencia de la Corte Suprema en fallos como la causa “Mendoza”.
“Ya no estamos únicamente ante un agravio constante a las familias con discapacidad, que somos los perjudicados por esta dilación permanente. Ya pasa a ser un conflicto de poderes, un incumplimiento de la Constitución”, dijeron las familias del colectivo que iniciaron la causa.
La nueva apelación del Gobierno volvió a demostrar la nula voluntad política de Javier Milei para implementar la ley, que fue aprobada y ratificada por el Congreso de la Nación durante el año pasado. El 4 de febrero, cuando se venza el plazo establecido para su implementación, se habrán cumplido más de seis meses (184 días) desde el decreto con que el exjefe de gabinete, Guillermo Francos, suspendió la norma en los hechos; y otros 54 días desde el primer fallo del juez Charvay, de mediados de diciembre pasado.
En la Rosada hubo, desde el vamos, un sector que proponía implementar la norma y culpar a la oposición o en todo caso a la justicia de ser “degenerados fiscales”, pero cerrar el tema de una vez.
Lejos de eso, se optó por seguirlo hasta el final, con el argumento falaz de que “no hay plata”. Tanto en el decreto que suspende la norma como en las presentaciones que hizo ante el juez, el Gobierno incluso exageró esa posición y sobreestimó su costo fiscal, incorporando un número ficticio de personas alcanzadas por los beneficios del texto. Las metas de presupuesto se calcularon sobre un “techo teórico”, por ejemplo, de personas que se incorporarían en el Programa Incluir Salud o que recibirían las pensiones por discapacidad.
