Capital Humano tiene cinco días para dar cuenta de cómo “garantiza el derecho alimentario” de las personas que asisten.
El Ministerio de Capital Humano tendrá que explicar en cinco días, de acuerdo a una resolución judicial, cómo “garantiza el derecho alimentario de los habitantes que concurren a los comedores comunitarios” cuya existencia fue cotejada oficialmente o precisar si fueron incluidos en algunos “de los programas alimentarios vigentes”. El mismo fallo le exige a la cartera a cargo de Sandra Pettovello que releve, a más tardar en diez días, todos los espacios comunitarios que alegó que aún no pudo verificar.
La decisión fue adoptada por el juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa el miércoles último. El magistrado ya había habilitado la feria judicial a pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en el contexto de un amparo colectivo. Es porque desde julio de 2024 tiene vigencia una medida cautelar, dictada en ese entonces por el mismo magistrado, que dispuso que Capital Humano debe garantizar el derecho a la alimentación de las personas que asisten a estos espacios que suelen estar en los barrios más pobres y que vieron interrumpida la provisión en los inicios del gobierno de Javier Milei. También hubo una sentencia de fondo en la causa, contra el Estado Nacional, que ahora está en la Corte Suprema.
La cautelar se cumple de manera progresiva, a medida que se presentan comedores y merenderos en el expediente y Capital Humano coteja su existencia para luego incluirlos en el programa Alimentar Comunidad. Por lo general, se les da una tarjeta con fondos destinados exclusivamente para alimentos. Es el mecanismo que se estableció en la causa. El proceso es lento. Hasta ahora fueron incorporados alrededor de un centenar de comedores. El viejo Registro Nacional de Comedores y Merenderos comunitarios ya no existe, fue eliminado por el gobierno el año pasado y no fue sustituido por ninguna otra herramienta.
El 19 de diciembre último, el juzgado de Enrique Lavié Pico, que está a cargo de ejecutar la cautelar, dispuso que la cartera debía incorporar a la política alimentaria a cinco comedores específicos, precisar cómo garantizaba el acceso a otros quince, regularizar la situación del comedor Monseñor Angelelli (que habría tenido demoras en la recepción de fondos) y terminar de relevar la situación de otros diez lugares. Luego llegó la feria judicial. Por eso, lo que buscaron el CELS y la UTEP fue que no se interrumpiera el cumplimiento de esa disposición.
Capital Humano informó con posterioridad un relevamiento donde había cotejado la existencia de 10 comedores, pero quedaban otros sin verificar. Las organizaciones aclararon que algunos habían sido visitados el 26 de diciembre, cuando cerraron después de Navidad, y otros no tienen productos como para cocinar a diario, pero reclamaron su incorporación a la política alimentaria porque existen.
Panorama dramático
La situación en los comedores es dramática, como ya informó este diario, incluso con relatos en primera persona de quienes cocinan y atienden. Algunos han tenido que reducir la frecuencia con la que dan de comer a niños, niñas y familias enteras, otros cerraron sus puertas. Los que subsisten a veces reciben donaciones y aportes de los gobiernos locales. A veces, nada y se arreglan cuando pueden entre vecinos/as.
Para el Gobierno, con la Asignación Universal (AUH) y la Tarjeta Alimentar o transferencias directas son suficientes. Así lo plantearon incluso en el expediente. Las organizaciones insisten en que no alcanza, y que los comedores cumplen una función complementaria. La demanda que reciben es incesante y las problemáticas con las que se encuentran son cada vez más variadas (embarazo adolescente, abusos, personas en situación de calle, entre tantos asuntos).
La postura de la administración libertaria es que no quieren intermediarios, aunque todo indicaría que lo que no quieren es la participación de las organizaciones sociales, a las que lograron debilitar. Capital Humano puso su propia intermediaria, al menos, para repartir alimentos que estaban guardados en galpones, la fundación Conin. También dice que mandaron mercadería a provincias.
La resolución del miércoles último es categórica: “informe el ministerio demandado y acredite de manera fehaciente, en el plazo de 5 (cinco) días la forma en que se garantiza el derecho alimentario de los habitantes que concurren a los comedores comunitarios que fueron efectivamente verificados al hacer el relevamiento, o en su defecto, en idéntico plazo, manifieste si como consecuencia del resultado del relevamiento se dispuso la inclusión de esos comedores comunitarios en algunos de los programados alimentarios vigentes”. Para relevar los restantes, con datos provistos (contactos telefónicos) con por las organizaciones, estableció un plazo de diez días.
Este diario se comunicó con Capital Humano a raíz de esta resolución, pero no obtuvo respuesta. “Nosotros entendemos que el cumplimiento de la cautelar por parte de Capital Humano es parcial. No alcanza solo con avanzar en el relevamiento de algunos espacios. Desde julio de 2024, el Ministerio tenía la obligación de relevar e incluir a la totalidad de los comedores de todo el país que dejaron de recibir alimentos desde fines de 2023. Lo importante acá es que se garantice el derecho a la alimentación de esas familias”, sostuvo Diego Morales, director de Litigio del CELS.
Nicolás Rechanik, abogado de la UTEP, agregó: “Estamos con una causa que lleva más de dos años, más de uno de la sentencia, la Corte incluso le dijo al Gobierno que debe repartir alimentos. Parece que molestó el pedido de habilitación de feria para incorporar comedores que ellos mismos dijeron que habían relevado. Simplemente lo que tienen que hacer es entregar la comida a los comedores cuya existencia ellos mismos verificaron y relevar lo pendiente”.
Renovación de convenios
El enojo al que se refieren en la UTEP es el que se habría reflejado en un comunicado que Capital Humano difundió la semana pasada de manera institucional donde los acusaba, junto con el CELS, de inventar “discursos de urgencia y emergencia alimentaria utilizados con fines políticos y mediáticos”. El ministerio decía que había convocado a representantes de la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, que tiene algunos comedores, para firmar convenios “para garantizar la continuidad de los fondos y la asistencia alimentaria”, pero que sus autoridades se encontraban de vacaciones, lo que les parecía “inadmisible” y contradictorio con pedir la habilitación de la feria para agilizar procesos.
Desde la organización social explicaron que los convenios en cuestión, que son para tres comedores, vencen en febrero. Ya existen, están vigentes y requieren renovación (son para los espacios comunitarios llamados Abuelo Juan ,en Viedma; Las Palomitas, en Córdoba, y Eva Luna y Sus Amigos, en Mar del Plata. Pidieron otra fecha para asistir. Mandaron dos correos electrónicos que no tuvieron respuesta. Por eso fueron personalmente el viernes de la semana pasada, pero no encontraron ningún funcionario/a que pudiera ocuparse del tema.
Sobre esta cuestión, el juez Lara Correa firmó otra resolución también tajante: “Habida cuenta las discrepancias de fechas entre lo que indica el accionando y lo que manifiesta el accionante, para la suscripción de la continuidad de los convenios con los diferentes comedores comunitarios que hace la referencia la pieza procesal en despacho (…) informe la demandada (Capital Humano) sí al día de la fecha los mencionados convenios fueron efectivamente suscriptos y/o la fecha dispuesta para su materialización”. Le da cinco días para “brindar la información aquí requerida”.
