El ámbito empresarial comienza a expresar dudas acerca del alcance de las reformas impulsadas por Javier Milei y sale en rotundo respaldo al gobierno.
En medio de las dificultades que enfrenta el gobierno para avanzar en reformas económicas significativas, las grandes compañías se han congregado para discutir sus inquietudes y han decidido brindar un respaldo contundente a la administración de Javier Milei.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA), que aglutina a las principales empresas, celebró la aprobación en general de la ley ómnibus en Diputados. Sin embargo, persisten las dudas sobre si los principales artículos de esta amplia normativa podrán ser aprobados en particular, según información de Noticias Argentinas.
Los empresarios consideran, por ejemplo, que implementar una reforma laboral que permita la libre contratación por parte de las pequeñas y medianas empresas, el sector más dinámico en términos laborales, sin temor a la “industria del juicio”, es una herramienta esencial para regularizar un mercado laboral en el que hay más empleo informal que registrado.
Sostienen que la mayoría de los monotributistas que realizan tareas son, en realidad, empleados no registrados, ya que las empresas no se atreven a regularizarlos debido a las dificultades que enfrentan al momento de realizar despidos, según fuentes de cámaras empresariales pymes.
“La aprobación en general por parte de la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, representa un paso muy importante”, indicó un comunicado de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
La entidad, presidida por Jaime Campos, considera que “esta decisión adoptada en el marco de las instituciones que integran nuestra Constitución Nacional contribuye a despejar la incertidumbre”.
“Como lo hemos afirmado reiteradamente, es el sistema representativo republicano y federal de gobierno el fundamento central de nuestra vida política y social y el factor crucial para el desempeño del sector privado”, señaló la AEA, que incluye a grandes holdings como Grupo Techint, PAE, Arcor, Clarín-Telecom, Aluar, Aceitera General Deheza, Ledesma y otros.
La llamada “Ley Ómnibus” fue aprobada en general en la Cámara de Diputados con 144 votos a favor y 109 en contra el pasado viernes.
A partir del próximo martes 6 de febrero, comenzará a ser tratada en particular, artículo por artículo.
Este respaldo de la AEA al gobierno de Javier Milei es el segundo en poco más de un mes, siendo el anterior a fines de diciembre pasado.
La única cámara empresarial relevante que forma parte del Grupo de los 6 y que está distante de las políticas oficiales es la Cámara de la Construcción (CAMARCO), muy afectada por la decisión de frenar las obras públicas.
La entidad que agrupa a los constructores alertó que el país “vive un estado de emergencia económica y social” y afirmó que “esa emergencia ya se hace sentir en el sector de la construcción, cuyo origen es el desborde inflacionario de 2023, agravado por el muy elevado aumento de precios de diciembre y enero últimos, y el consecuente quiebre de la cadena de pagos”.
CAMARCO advirtió que “en todo el país hay peligro de despidos masivos o la reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal”, y denunció que “la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente”.
“El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones” de paralización de obras, señaló la entidad.
Por ello, el Consejo Federal de CAMARCO declaró el “estado de emergencia” en todo el país e instruyó a las autoridades de la institución a nivel nacional y de las distintas delegaciones a adoptar las medidas que estimen necesarias, para obtener, “en brevísimo plazo”, la solución a problemas concretos como la definición de los contratos que serán continuados, y la readecuación de estos en cuanto a precios, plazos y deuda.
Asimismo, instó a las autoridades nacionales y provinciales a instrumentar, de manera inmediata, medidas en su jurisdicción que, al menos, permitan mitigar transitoriamente la situación de “crisis extrema” por la que atraviesa el sector.
“Se trata de la única alternativa para impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos”, indicó el comunicado.
Tras el despido de Guillermo Ferraro del Ministerio de Infraestructura y su absorción por parte del Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo, los fondos destinados a la obra pública han quedado bajo la lupa del Gobierno.
Es que, tras tener que retirar el paquete fiscal de la ley ómnibus, en el Gobierno deberán recurrir a otros recursos: esperan ahorrar aproximadamente casi 3 puntos del Producto Bruto en gastos relacionados con subsidios, obra pública y transferencias a provincias.
