El diputado aseguró que la resolución de Eduardo Casal a favor de concederle el per saltum a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli “no está sujeto a derecho” y advirtió que la Corte Suprema “no puede declarar inconstitucional lo que hicieron otros poderes del Estado”.
El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, aseguró que el fallo del procurador Eduardo Casal a favor de concederle el per saltum a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli “no está sujeto a derecho” y advirtió que la Corte Suprema “no puede declarar inconstitucional lo que hicieron otros poderes del Estado“.
“Espero que la Corte actúe conforme a la Constitución. Uno de los poderes del Estado no puede declarar inconstitucional lo que hizo, en su momento, el Consejo de la Magistratura. No puede declarar inconstitucional lo que hizo el Senado de la Nación. Y no puede declarar inconstitucional lo que hizo el Poder Ejecutivo”, determinó José Luis Gioja en declaraciones radiales. El presidente del PJ opinó así sobre la decisión que deberá tomar la Corte Suprema de Justicia respecto al pedido de los tres jueces federales trasladados durante el macrismo sin acuerdo con el Senado – Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli – que reclaman conservar los cargos en Comodoro Py. “Estos jueces fueron mal designados, por eso fueron desplazados”, sostuvo Gioja, quien además rechazó la decisión de Eduardo Casal a favor de los tres jueces y celebró que “por suerte su dictamen no es vinculante”.
El diputado nacional, además, manifestó su apoyo al pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, e insistió en que el mismo no había tenido “nada que ver” con la aceptación del per saltum de la Corte que detuvo los traslados de tres jueces federales. “El pedido de juicio político tiene que ver con el mal accionar del juez en una causa vinculada a derechos humanos”, afirmó Gioja. En efecto, el pedido de juicio político promovido por la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley fue impulsado por el accionar del juez en causas por delitos de lesa humanidad, como su voto en el caso “Muiña”, en donde se intentó aplicar el beneficio de 2×1 a genocidas condenados por crímenes durante la última dictadura cívico militar.
