Mientras lo investigan por enriquecimiento ilícito, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) exhortó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.
Los artículos de la ley aprobada y ratificada por el Congreso –en el nuevo intento de derogarlo con la Ley de Presupuesto– dispone en los artículos 5° y 6° de la Ley N° 27.795 la actualización de los salarios de docentes y no docentes de universidades nacionales, y la recomposición de las becas estudiantiles.
La norma también recibió dos fallos judiciales favorables para obligar al gobierno nacional a cumplir con el financiamiento, el último hace días atrás por parte de la Cámara Contencioso Administrativo Federal en respuesta a una demanda del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
“Constituye un caso de gravedad institucional sin precedentes que compromete la planificación y el sostenimiento de las actividades universitarias”, denunció el Consejo Superior de la UBA frente a la actitud del gobierno, que promulgó la norma pero decidió no darle presupuesto.
La norma que financia la educación pública universitaria, un derecho que reunió la primera marcha masiva contra el gobierno de Javier Milei en 2024, fue vetada por el presidente en dos oportunidades. Pero en 2025, el Congreso insistió en ambas cámaras y revirtió el veto.
La semana pasada, la Sala III de la Cámara Contencioso fallo a favor del CIN, en segunda instancia, en la demanda que pidió una cautelar por inconstitucionalidad del Decreto 759/25, con el que Milei vetó la norma.
