El gobierno de Javier Milei concretó su primera privatización al transferir Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) al consorcio estadounidense IAF, liderado por Arc Energy. Por apenas 27 millones de dólares y la asunción de una deuda de 576 millones, la metalúrgica mendocina, fundada en 1907, pasó a manos privadas.
Un emblema de la industria argentina, vendido al mejor postor
Impsa, reconocida por su rol en la fabricación de equipamiento metalúrgico de alta tecnología y su contribución al desarrollo energético, exporta el 85% de su producción a más de 40 países y emplea a 700 trabajadores altamente calificados, muchos de ellos ingenieros. Además, genera empleo indirecto en más de 100 pymes nacionales.
En 2021, durante la gestión de Alberto Fernández, Impsa fue estatizada para evitar su quiebra tras una crisis agravada por la falta de pago de Venezuela de una deuda de 300 millones de dólares. La estatización buscó proteger un activo estratégico y salvaguardar cientos de empleos, además de fomentar la innovación tecnológica nacional.
Una privatización que genera dudas y críticas
La venta de Impsa ha despertado controversias. Si bien el gobierno asegura que los nuevos dueños cumplirán con la capitalización y el gerenciamiento de la empresa, muchos cuestionan la entrega de un activo estratégico por un monto que parece insignificante frente al valor histórico, tecnológico y social de la firma.
“La venta de Impsa no solo marca el inicio de una ola privatizadora, sino también el regreso de una política que pone los intereses del capital extranjero por encima del desarrollo nacional”, comentó un analista económico crítico de la gestión de Milei.
Festejos oficiales y silencio sobre las consecuencias
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, celebró la venta como un “éxito de gestión” en sus redes sociales, destacando el rol de la Comisión Evaluadora y el apoyo del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Sin embargo, el festejo oficial contrasta con las preocupaciones de los trabajadores y sectores productivos que ven en esta privatización un debilitamiento de la soberanía económica.
¿Qué futuro espera a Impsa?
Impsa, con su capacidad de exportación y su papel en proyectos de energía renovable, es una empresa clave para la transición energética. Pero ahora, bajo control extranjero, surgen interrogantes sobre el destino de sus trabajadores y la posibilidad de que sus operaciones se desvíen hacia intereses ajenos al país.
Reflexión final
El caso Impsa plantea una pregunta de fondo: ¿Es este el camino que Argentina necesita para revitalizar su economía? Mientras el gobierno de Milei avanza con su agenda de desregulación y privatización, las voces críticas insisten en la necesidad de proteger el patrimonio estratégico y priorizar el desarrollo soberano.
