El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo y Memoria Abierta denunciaron la denegación de información ante el fuero en lo contencioso administrativo.
Nueve meses después del anuncio, el Gobierno de Javier Milei no desclasificó los archivos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que había prometido el 24 de marzo ni los envió al Archivo General de la Nación (AGN). Por la falta de información, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Memoria Abierta y Abuelas de Plaza de Mayo iniciaron una acción de amparo ante la justicia en lo contencioso administrativo.
El 24 de marzo pasado, al cumplirse 49 años del golpe, Manuel Adorni se paró detrás del atril de la Casa Rosada para hacer un anuncio: el Presidente había instruido la “desclasificación total” de la documentación y, por lo tanto, se ordenaba el “traspaso absoluto del archivo de la SIDE”. Más allá de la efectividad que tuvo para ganar un lugar en la agenda de un día marcado por las grandes movilizaciones contra la impunidad, poco ha pasado desde entonces.
El 5 de enero de 2010, Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 4/2010 que ordenaba la desclasificación de la información en poder de las Fuerzas Armadas referida al período de la última dictadura. El decreto de CFK tenía un objetivo claro: apuntalar los juicios por crímenes de lesa humanidad que empezaban a tomar envión después de la reapertura.
A partir del decreto 4/2010, Nilda Garré impulsó la creación de equipos de profesionales para relevar la documentación –primero en el Ministerio de Defensa y luego en el Ministerio de Seguridad. La experiencia de Seguridad se terminó tan pronto como llegó Patricia Bullrich como ministra de Mauricio Macri. Los de Defensa continuaron hasta marzo de 2024, cuando los desmanteló su delfín, Luis Petri.
Durante décadas se dijo que en la SIDE no había documentación referida al período de la dictadura. Sin embargo, no era así. Al ser nombrada interventora, la exfiscal Cristina Caamaño creó un programa para relevar los archivos que estaban en el organismo y que se hubiesen producido hasta el 9 de diciembre de 1985, cuando la Cámara Federal dictó sentencia en el juicio a los comandantes. Parte de la documentación fue revelada: seguimientos a los organismos de derechos humanos y hasta álbumes con personas que eran perseguidas por la dictadura.
En 2021, Caamaño conformó, además, una mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a las violaciones a los derechos humanos en la que participaban los organismos. Tanto ella como sus sucesores, Agustín Rossi y Ana Clara Alberdi, enviaron documentación que encontraron a los juzgados, fundamentalmente al de Daniel Rafecas, que investiga lo sucedido en los centros clandestinos que regenteó la SIDE entre 1976 y 1977: Bacacay, Automotores Orletti y Pomar.
Cuando asumió Milei, la mesa se disolvió unilateralmente. Las autoridades de la SIDE consideraron que se había tornado “abstracta” porque se había creado un archivo histórico dentro del organismo. Si bien uno de los objetivos de la mesa era trabajar con un fondo documental, había otro propósito que seguía bien vigente: determinar qué información podría servir para las causas en trámite.
El anuncio de la desclasificación cayó como una sorpresa en el AGN, tal como contó este diario oportunamente. Más allá de los meses que pasaron, la incertidumbre no parece haberse dispersado. Lo que está claro es que el Gobierno buscará darle a la “desclasificación”, si la hace, un sentido inverso al del decreto de CFK: no será para juzgar a los miliares sino posiblemente a los militantes.
Lo que hicieron trascender desde la SIDE fue que estaban trabajando en un plan de relevamiento que incluía material sobre las estructuras orgánicas del organismo en el período 1976-1983, la normativa interna y las formas de funcionamiento de la Comisión de Antecedentes.
Si se tratara de ese material, mucho ya está en poder de los tribunales o juzgados que tratan casos de lesa humanidad. Pero, hasta ahora, es un misterio porque el Gobierno no dice cuál es la información que supuestamente iba a desclasificar ni cuándo tiene previsto hacerlo.
El 20 de mayo, cuando ya habían pasado casi dos meses del anuncio de Adorni, el CELS, Memoria Abierta y Abuelas de Plaza de Mayo hicieron un pedido de acceso a la información con preguntas en este sentido, que inicialmente no fue contestado por la SIDE. El organismo mandó una contestación escueta e incompleta recién en septiembre después de que fuera intimado por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).
Lejos de mostrarse abierta a la consulta y consustanciada con el supuesto proceso de desclasificación, la SIDE ni siquiera quiso compartir con los organismos de derechos humanos la descripción archivística –una suerte de inventario– con el argumento de que era “secreta”.
Frente a lo que entienden que es una denegación de acceso a la información pública, el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo y Memoria Abierta hicieron una presentación ante el fuero contencioso administrativo –que es el que revisa la actuación del Estado–. La causa quedó radicada en el juzgado de Walter Lara Correa. El juez, según pudo reconstruir este diario, corrió vista al Ministerio Público el 29 de diciembre último para que se expida.
En el AGN dicen que no recibieron documentación física por parte de la SIDE. Habrían llegado, según las mismas fuentes, algunos archivos digitalizados. Podría ser el resultado parcial del plan de digitalización que la intervención de la AFI inició en abril de 2022.
La SIDE viene desplegando una política de mantener en secreto toda la información. De hecho, en los tribunales cuentan, con sorpresa, que les responden oficios que llegan sin el nombre del director de Asuntos Jurídicos de la entidad que maneja Cristian Auguadra. Meses atrás, la SIDE se presentó en el expediente en el que discute la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 614/2024 –el que eliminó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)– para pedir que todo el trámite fuera reservado. Tanto la fiscalía como el juzgado lo rechazaron por entender que no estaban debatiendo cuestiones vinculadas a operaciones secretas.
Los últimos cambios no parecen ir en línea con una mayor transparencia. El DNU 941/2025, que Milei firmó el 31 de diciembre, declara que todas las acciones del sistema de inteligencia son “encubiertas”, lo que refuerza el régimen de secreto que impera en la central de espías. A eso se suman otros elementos que generan preocupación: la posibilidad de detener personas y la convocatoria a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad e inteligencia interior.
Los organismos de derechos humanos criticaron fuertemente el DNU. Para el CELS, sienta las bases para el funcionamiento de una policía secreta y resucita la lógica del enemigo interno. Abuelas de Plaza de Mayo se pronunció en sintonía al denunciar que “pone al Estado al servicio del espionaje interno”.
En las últimas horas, se conoció una declaración de la Red Nacional de H.I.J.O.S., que lo calificó como una grave regresión. “Este avance contra las garantías constitucionales y los derechos humanos intenta silenciar a quienes resistimos contra el saqueo, el ajuste, la represión y la pérdida de derechos”.
El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) lo describió como “un salto cualitativo hacia un Estado autoritario, con gravísimas implicancias para las libertades civiles y la seguridad de toda la ciudadanía”. La Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte lo equiparó con la “restauración del terror” y reclamó una rápida reacción del Poder Judicial.
