La Cámara de Diputados postergó para el próximo martes la reunión de la Comisión de Recursos Naturales, prevista originalmente para la tarde de este miércoles, en la que se iba a emitir dictamen favorable para el proyecto que prohíbe por 60 años los cambios en la utilización del suelo en los bosques nativos, áreas protegidas y humedales incendiados; y de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales.
El motivo de la postergación de la reunión de Comisión y de la firma del dictamen fue la ausencia en el país del presidente de la comisión, Leonardo Grosso (Frente de Todos), quien tuvo dificultades para poder retornar desde Bolivia, donde participó como veedor de las elecciones presidenciales, como consecuencia de un paro de aeronavegantes.
La reunión estaba prevista para las 18 y se iba a trabajar sobre el proyecto impulsado por el jefe de la bancada del oficialismo, Máximo Kirchner, respaldado por legisladores de los interbloques Federal, Unidad y Equidad Federal.
Grosso participó el domingo como veedor de los comicios en Bolivia, junto a sus compañeros de bancada, Federico Fagioli y Paula Penacca
Según pudo saber Página/12 la intención del oficialismo es emitir dictamen el próximo martes y dejar al texto en condiciones de ser tratado por el recinto en la próxima sesión.
El proyecto tiene un fuerte respaldo parlamentario. La iniciativa impulsada por el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, cosechó rápidamente adhesiones de distintas bancadas: Eduardo Bali Bucca (Justicialista) y Graciela Camaño (Consenso Federal), José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal), Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero) y Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), rubricaron y respaldaron el texto del proyecto.
La única excepción fue el macrismo y sus aliados de Juntos por el Cambio, que se negó a avalar las restricciones al cambio del uso del suelo y van a la comisión con su propio proyecto sobre “presupuesto mínimos de protección ambiental en materia de incendio forestales y rurales”, que propone crear un fondo nacional para el manejo del fuego. Una propuesta que también incluyó el proyecto del FdT en su artículo 4, luego de una reunión con los asesores de la comisión el viernes pasado. Allí se propone la creación de ese Fondo Nacional para ampliar la capacidad presupuestaria de la autoridad de aplicación del Plan del Manejo del Fuego. Que, entre otros aportes, incluye “una contribución obligatoria del tres por mil de las primas de seguros excepto las del ramo vida, a cargo de las aseguradoras”. “El Fondo Nacional de Manejo del Fuego podrá ser instrumentado mediante un Fideicomiso para su administración, a ser operado por la banca pública, cuyo objeto será el cumplimiento de las mandas de la Ley 26.815”, sostiene el articulado sobre su asignación específica.
Así las cosas, existe una mayoría legislativa que no tendría inconvenientes para obtener el dictamen del proyecto que pone freno a la especulación financiera e inmobiliaria sobre las tierras quemadas, para llevarlo lo más rápido posible al recinto de la Cámara baja y darle media sanción. Tampoco existirían dificultades en el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría propia y las provincias comparten su preocupación por los incendios forestales y sus consecuencias ambientales.
