La limitación a seis meses de los contratos de trabajadores del Estado mayores de 65 años afecta de gravedad a aquellos que no reunen los aportes necesarios para jubilarse. La medida fue anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y obligará a los más perjudicados a ampararse en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo importe es equivalente al 80% del haber jubilatorio mínimo y asciende, en la actualidad, a $279.443. Dicha prestación no otorga derecho a pensión por fallecimiento ni los beneficios completos de una jubilación contributiva, solo acceso al PAMI.
Cabe destacar que la resolución establece como requisito para renovar las contrataciones no permanentes a los organismos estatales que, de manera obligatoria, presenten la constancia de intimación a jubilarse a la población que ya alcanzó la edad dispuesta en la legislación. Una porción de esos trabajadores no reúne los requisitos legales para acceder a una jubilación ordinaria, lo que los dejaría sin empleo y sin posibilidad de alcanzar esos aportes.
En Argentina, en un contexto de brutal ajuste y recesión económica, casi 1.100.000 jubilados continúan activos laboralmente, un 19% del total y un 60% más que hace una década.
Ajuste y vaciamiento en el Estado
La medida se hará efectiva en áreas donde el trabajador que debe jubilarse es el único técnico con experiencia específica o, incluso, en dependencias con dotaciones por debajo del mínimo necesario para funcionar.
Es de mencionar que hace unos meses, por Resolución 3/2023 del mismo ministerio, habían sido intimados a jubilarse 10.000 trabajadores estatales que si cumplían con las condiciones mínimas para acceder al beneficio previsional, de los cuales más de 6.800 correspondian a la planta permanente.
La Administración Pública Nacional cerró diciembre 2025 con 280.120 trabajadores en sus filas, tras una reducción interanual del 7,2% impulsada por la motosierra de Javier Milei.
Fueron recortados aproximadamente 63.234 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 18,4% en la planta de personal del Sector Público Nacional. Es decir, casi 80 (79,84) personas por día, según el Centro CEPA.
La motosierra ya se llevó las moratorias
Desde hace un año, la gestión de Milei decidió no prorrogar la moratoria previsional prevista en la ley 27.705, que permitía jubilarse a quienes no completaron los 30 años de aportes mediante la regularización de períodos no aportados. Es decir, mediante el pago del monto faltante que se descontaba de la jubilación.
Durante 2024, seis de cada diez jubilaciones se otorgaron a través de ese mecanismo, por lo que su eliminación anticipa un impacto social significativo, según datos oficiales.
El secretario general de la ATE nacional, Rodolfo Aguiar, tildó de “cruel e inhumana” la decisión de Sturzenegger. “Esta decisión condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y fundamentalmente sin la posibilidad de jubilarse. En este momento el Gobierno presiona a los trabajadores con 29 años de aportes para que elijan entre una Puam o la calle”, indicó el referente.
