La vacuna de Oxford/AstraZeneca ofrecía, a los Estados que la adquirieron, no sólo un costo bajo sino también una producción descentralizada y una logística sencilla para inocular a las poblaciones más alejadas de las grandes ciudades.
Si bien existe mucha presión de parte de organizaciones humanitarias y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que lleva adelante la iniciativa Covax por la que intenta llegar a los países más pobres del planeta con alguna vacuna que proteja a sus poblaciones de las variantes más agresivas de coronavirus, AstraZeneca puede terminar en cualquier momento de este mes en curso con su compromiso anunciado el año pasado y declarar el fin de la pandemia de manera unilateral.
La ONG Médicos Sin Fronteras no sólo pide que se mantengan los precios al costo de su producción sino que, además, exige que se hagan públicas las licencias porque se trata de una vacuna financiada en su totalidad con fondos públicos
Voceros de laboratorios consultados sugieren que, en realidad, AstraZeneca está haciendo más que ninguna otra compañía por garantizar el acceso a las vacunas en todo el mundo, al tiempo que participa de manera activa del fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 -mecanismo Covax-, y ha firmado contratos con 25 laboratorios de manufactura distribuidos en 15 países.
Entre ellos se encuentra la Argentina, con la experiencia que lleva adelante la compañía mAbxience de la familia Sigman.
Sin embargo, otras voces del ámbito científico, rechazan la pretensión de lucro de AstraZeneca y de los que buscan comercializar sus productos, al explicar que “debería considerarse un bien público si se tiene en cuenta que el 97% de la financiación que se requirió para su desarrollo fue aportado por los contribuyentes y por organizaciones benéficas”.
De hecho las vacunas anti Covid han recibido una suma cercana a los 5.000 millones de euros de fondos públicos y de organizaciones filantrópicas para su investigación y desarrollo. Según un reporte de la alianza de organizaciones “No es Sano”, se muestra la gigantesca inversión pública durante esta pandemia sólo en el ítem de vacunas que ha sido destinada a enormes empresas farmacéuticas.
Un ejemplo diferente de la metodología utilizada por el laboratorio AstraZeneca para su fármaco, realizado con vectores virales no replicativos, es la del laboratorio Moderna, con el que el Estado Nacional cerró una orden de compra de vacunas que se utilizará para fines pediátricos, y que se elabora con la novedosa técnica de ARN mensajero.
Para el desarrollo de esta tecnología molecular, la farmacéutica, recibió el sustento del apoyo público estadounidense y, a la fecha, ha comenzado a generar miles de millones de dólares en beneficios para sus accionistas.
Los responsables de la vacuna de Oxford/AstraZeneca eran optimistas, el año pasado, en que la urgencia pandémica podía finalizar para estos meses del 2021. Pero las olas de infecciones y las nuevas cepas que sucedieron al virus inicial de Wuhan han tornado esa expectativa en una ilusión y cabe preguntarse si la oferta al costo del laboratorio anglo sueco no fue una estrategia comercial para asegurarse contratos y mercados a largo plazo como sucedió en la Argentina.
La administración de Alberto Fernández se apresuró a abonar por adelantado el 60% de las vacunas comprometidas en el anuncio de “acuerdos entre privados” que presentó el ex ministro de Salud Ginés González García en la Residencia de Olivos.
El anuncio implicaba la asociación del magnate mexicano de las telecomunicaciones, Carlos Slim, con el laboratorio dirigido por el empresario argentino Hugo Sigman, en cuyas instalaciones se produce la vacuna pero no se fracciona, proceso industrial que quedó para la empresa mexicana Liomont, que nunca estuvo a la altura de la demanda que implicaba fraccionar millones de dosis. De allí, surgieron las demoras en la entrega de las vacunas contratadas no sólo en nuestro país sino en toda Latinoamérica a excepción de Brasil, donde AstraZeneca firmó un contrato de producción con la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz).
El laboratorio AstraZeneca debió cerrar estos complejos acuerdos para la producción del suero porque el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford dejó claras sus condiciones de ofrecer la vacuna al costo y ponerla a disposición de todo el mundo, sin ningún tipo de restricciones, al menos hasta julio de este año.
En noviembre del año pasado, Financial Times reveló detalles del contrato secreto firmado entre AZ y Fiocruz en Brasil, y de esa revelación se desprendió que el altruismo del laboratorio tiene fecha de caducidad y finaliza una vez que termine de producir 100 millones de dosis en Brasil a 3 o 4 dólares cada una.
El documento fue dado a conocer a la opinión pública unas horas después que el laboratorio y la Universidad de Oxford afirmaran que los datos combinados de un análisis intermedio de un ensayo en fase 2/3 en el Reino Unido y de fase 3 en territorio brasileño, indicaron que la vacuna Covid-19 obtuvo un 70 % de efectividad.
Los 4 dólares por dosis significaban en ese momento, y en el actual, el precio más bajo del mercado y permitió que una gran cantidad de países en desarrollo puedan inocular a su población con la seguridad de que sus economías no ingresarán en bancarrota ante la necesidad de alcanzar a toda la población con la vacuna.
Sin embargo, esta situación puede cambiar en cualquier momento, inclusive en países con rentas muy bajas comparadas con las regiones desarrolladas. Si bien la compañía AZ ha prometido suministrar la vacuna a precio de coste a perpetuidad en los países subdesarrollados ese compromiso excluye a muchas naciones de bajos ingresos en renta anual per cápita según se desprende de un informe del diario británico The Guardian que analizó un contrato obtenido por el grupo de presión Universities Allied for Essential Medicines (UAEM).
Algunos de los países que quedan fuera de la lista y a los que se les podrá cobrar a precio de mercado, cuando AstraZeneca decida declarar finalizada la pandemia según se desprende de las cláusulas del contrato firmado en Brasil, son aquellos que, según la UNICEF y la OMS, necesitan apoyo urgente en materia de vacunas y precios accesibles como Angola, Honduras, Filipinas, Timor o Zimbabue.
La situación de la Argentina merece un capítulo aparte. Está claro que el anuncio de acuerdo para adquirir vacunas de la estadounidense Moderna marca el primer paso hacia la normalización de la importación de sueros producidos en ese país entre los que se encuentra la vacuna de Pfizer/BioNtech.
En el año 2020, cuando 5.000 valientes voluntarios se presentaron en el Hospital Militar para participar de las pruebas de la vacuna Pfizer, representantes del laboratorio estadounidense aseguraron a Ginés González García que estarían disponibles más de 13 millones de dosis para la Argentina a un costo razonable y con plazos de entrega acelerados. Sin embargo, hubo otro requerimiento de Ginés para que haya transferencia de tecnología y se pueda producir el suero de manera local, al que el laboratorio privado no se avino.
Esta discrepancia y la aparición de la oferta de producción de la vacuna de AstraZeneca con precios de venta al costo, posibilitaron el resto que ya es de público conocimiento. Las vacunas de Pfizer con la tecnología de ARN mensajero son desconocidas en nuestro país.
El presidente Alberto Fernández fue menos optimista que su ex ministro de Salud al momento del anuncio de producción en la Argentina de la vacuna de AstraZeneca. Si bien la condición de transferencia de tecnología que tanto preocupaba a Ginés González García se cumplía junto a la posibilidad de adquirir dosis a precio de costo, el mandatario afirmó el año pasado: “Es un gran alivio para el futuro, pero no es una solución para el presente y seguiremos trabajando con otros proveedores para ver cuál es más efectiva y cuándo podremos contar con ella”.
Desde entonces surgieron las negociaciones por las vacunas chinas realizadas con la metodología tradicional del cultivo de células con virus atenuado y los contratos firmados con la Federación Rusa por el producto del Instituto Gamaleya, Sputnik V.
Se produjeron las demoras de la vacuna de AstraZeneca por la carencia de productos de insumos básicos de los mexicanos de Liomont que debían fraccionar los productos que llegaban desde Argentina y, finalmente, las dosis comenzaron a llegar a Buenos Aires, vía los Estados Unidos. Pero de ninguna manera llegaron la totalidad de las inyecciones que se habían pagado.
No fue la administración de Alberto Fernández la única que sufrió estas demoras inadmisibles. La Unión Europea también confió en la capacidad de producción de AZ y prefirió declinar el ofrecimiento de adquirir 500 millones de dosis de Pfizer/BioNtech y sólo compró 200 millones. Con el correr de las semanas los funcionarios de Bruselas, capital de la Unión Europea, se dieron cuenta que AstraZeneca privilegió el abastecimiento del Reino Unido y comenzó un juicio de extensa definición.
Sin embargo en Argentina las condiciones favorables para AZ continuaron con el privilegio de haber pagado al contado y por adelantado las vacunas que produce el laboratorio mAbxience, y las demoras interminables para cerrar un acuerdo con Pfizer que incluyó la habilitación de la figura de “negligencia” como causal de demanda en los contratos oficiales con los laboratorios productores de vacunas. Un ítem que bloqueó durante meses la negociación con Pfizer hasta que se elaboró el DNU que firmó hace pocos días el Presidente corrigiendo una situación insostenible.
En las últimas horas, el diario Clarín informó que en el contrato que el Gobierno nacional firmó con AZ no están contempladas penalidades por incumplimiento en las entregas pautadas. Para fines de julio, el laboratorio anglo-sueco debía entregar el total de las 22.400.000 vacunas compradas. Al día de hoy envió cerca de 6 millones.
No hay negligencia ni multas por incumplimiento en este contrato. Sólo la certeza que, en cualquier momento de este mes, AstraZeneca puede decidir que la pandemia se terminó para sus intereses y cobrará las vacunas a un precio de mercado similar a las de la competencia
