En las comunidades de Mistolar, Laguna Martín y La Esperanza, ubicadas en la jurisdicción de Pozo de Maza, los niños asisten a clase bajo la sombra de un árbol, expuestos al calor extremo y las inclemencias del tiempo. Esta realidad, que parece sacada de otra época, es el resultado de años de abandono y desinterés por parte del intendente Adolfo Pérez, quien desde 2018 acumula promesas incumplidas mientras los estudiantes siguen sin un espacio digno para aprender.
Todo comenzó con la devastadora crecida del río Pilcomayo en 2018, que arrasó con viviendas y escuelas, dejando a cientos de familias sin nada. Desde entonces, los padres y docentes de estas comunidades han pedido reiteradamente que se construya al menos un salón básico de material para que los niños puedan estudiar con dignidad. Cada año, elevan notas y realizan pedidos formales que siempre terminan en las manos del intendente Pérez, quien una y otra vez asegura que “no hace falta viajar a Formosa, porque él lo resolverá”. Pero la solución nunca llega.
El modelo formoseño impulsado por el gobernador Dr. Gildo Insfrán prioriza la educación y la igualdad de oportunidades, garantizando que cada comunidad tenga acceso a los recursos necesarios para su desarrollo. El propio gobernador ha reiterado que los reclamos de infraestructura escolar pueden ser canalizados a través de los municipios, sin que las comunidades deban trasladarse a la capital provincial. Sin embargo, en Pozo de Maza, esta premisa no se cumple, y las comunidades originarias siguen siendo ignoradas.
Cansados del manoseo y las mentiras, los habitantes decidieron cortar la ruta en busca de ser escuchados. El calor asfixiante y las lluvias atraviesan las precarias estructuras de chapa agujereada donde intentaban dar clase, volviendo insostenible la situación. Cuando intentaron comunicarse nuevamente con el intendente, Pérez simplemente dejó de atender el teléfono.
“Nos dijo que no hay plata para ese tipo de construcción”, comentan los vecinos con impotencia. Pero, paradójicamente, es el mismo intendente que ha sido señalado por la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos, con denuncias de retiro de grandes sumas de dinero en efectivo sin destino claro.
Esta no es solo una historia de negligencia municipal: es una violación de los derechos de los niños a recibir educación en condiciones dignas. Las comunidades solo piden un pequeño salón, cuatro paredes que protejan a los estudiantes del sol y la lluvia, algo que no debería ser un lujo, sino un derecho básico.
La educación no es una promesa que se hace para acallar reclamos, es un compromiso que debe cumplirse.
