La Casa Blanca reveló los primeros lineamientos del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina, firmado sin debate público, sin intervención del Congreso y completamente a espaldas del país. El documento adelanta una apertura masiva al ingreso de productos norteamericanos —incluidos agrícolas—, la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, y una mayor alineación con estándares regulatorios de EE.UU., lo que agrava la dependencia económica, industrial y tecnológica de la Argentina. Aún no se conoce el texto legal completo ni las cláusulas de fondo.
Los argentinos nos enteramos del pacto por un comunicado del propio gobierno estadounidense. Allí se anuncia un Convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos. Pese a ese título, en la letra divulgada es evidente que Argentina concede mucho más de lo que recibe, abriendo sectores sensibles a la competencia norteamericana mientras EE.UU. apenas ofrece desgravaciones marginales y acceso limitado en rubros específicos. Para muchos analistas, el cuadro recuerda a los viejos acuerdos asimétricos del siglo XX, como el Pacto Roca–Runciman.
Desde la Casa Blanca, Trump y Milei celebraron una supuesta “alianza estratégica” basada en “libre empresa” y “mercados abiertos”. El comunicado promete crecimiento, transparencia y reglas claras, pero no detalla qué beneficios concretos tendrá la Argentina, más allá de un discurso general de apertura irrestricta.
Este entendimiento llega semanas después del rescate financiero y político de Washington hacia Milei: intervención directa en el mercado de cambios por más de USD 2.000 millones, un swap por USD 20.000 millones del cual no se conocen condiciones, tuits y avales públicos del Tesoro norteamericano y promesas de blindajes financieros. El costo político de esa ayuda comienza a verse: una serie de concesiones comerciales, regulatorias y estratégicas que profundizan la dependencia con el imperialismo norteamericano.
