El Gobierno busca caminos para no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y Casa Rosada quiere impulsar su propia ley. Inician los preparativos para la semana completa de paro que irá del 27 al 30 de abril.
El conflicto entre las universidades y el Gobierno entra en una nueva semana clave en la que gremios, rectorados y estudiantes anunciarán la fecha de una nueva marcha federal, que promete ser tan multitudinaria como las anteriores. Y es que Milei ha metido a las universidades en una situación sin salida: la semana pasada venció el plazo puesto por la Cámara para que el gobierno pague lo que debe a las más de sesenta universidades públicas del país en concepto de salarios y becas, pero el presidente se negó a liberar las partidas y ordenó a la Procuración del Tesoro que vaya en queja ante la Corte Suprema. Además, presentaron un recurso extraordinario para suspender la Ley de Financiamiento Universitario, e intentarán tratar un nuevo proyecto de ley en el Congreso, donde apuestan a dejar atrás la sanción de la ley aprobada que no quieren cumplir.
Frente a este nuevo panorama que nuevamente le da la espalda a las universidades, la comunidad anticipó que no se quedará de brazos cruzados. A partir de hoy, los gremios van a realizar actividades preparatorias para una nueva semana completa de paro, del 27 al 30 de abril. Los docentes ven que el conflicto será largo y no se resolverá fácilmente.
“Desde el inicio de su gestión Milei ha tenido una política clara hacia la universidad, una política de desfinanciamiento, de ahogo constante con el argumento de lograr el déficit cero. Creo que él tiene el objetivo de reducir la universidad porque en su proyecto de país la universidad no entra. No le interesa que exista una universidad que abra la posibilidad de ascenso social y que defienda la soberanía del conocimiento”, dijo a Página/12 la titular de la Conadu Histórica, Francisca Staita.
La dirigente recordó que el Gobierno lleva seis meses sin cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, una ley que fue votada y luego vetada por el presidente. Más tarde, dos tercios de los legisladores del Congreso de la Nación la ratificaron, pero el gobierno igualmente la incumplió, por lo que las universidades llevaron el caso a la Justicia. Dos fallos judiciales, de primera instancia y de la Cámara, le ordenaron a Milei implementarla.
“Pero al presidente le importa poco la democracia y lo que resuelvan los poderes legislativo y judicial: como ejemplos tenemos la ley de emergencia en discapacidad y la ley de emergencia pediátrica, con las que ha llegado hasta las últimas consecuencias para no cumplirlas”. Con la Ley de Financiamiento Universitario, señalan los gremios, Milei intenta sostener la misma actitud de descalificación y desafío hacia la Justicia y el Poder Legislativo. Por eso, el escenario que ven es el de un agravamiento de la situación.
La nueva semana de paro fue convocada por las dos Conadu. Según el cálculo de los sindicatos, los docentes necesitan de un aumento del 55 por ciento para recuperar los salarios que tenían en noviembre de 2023. “Una enorme cantidad de docentes continúa cobrando 250.000 pesos”, denunciaron.
Los planes para no cumplir
El gobierno evalúa además Reflotar un plan B en el Congreso: para reducir el impacto fiscal, buscan enviar un proyecto de ley alternativo. Este plan propone una actualización salarial y presupuestaria significativamente menor a la establecida por la ley vigente y establece nuevas reglas para la rendición de gastos por parte de las universidades. Finalmente, tiene en análisis la estrategia de pago a medias: Mientras avanza la disputa legal, evalúan la posibilidad de aplicar la ley de manera parcial y gradual para evitar un desembolso masivo e inmediato.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, planteó que las casas de estudio “no aguantan más la situación”. El ahogo presupuestario, contó, está provocando una fuga de docentes e investigadores y fuerza a las universidades a continuar con las medidas de protesta.
Yacobitti advirtió que el desfinanciamiento no solo afecta a estudiantes y docentes, sino a toda la sociedad, porque la falta de recursos pone en riesgo, por ejemplo, la formación de médicos. “Si vos tenés un problema y tenés un accidente, no tenés un médico que te salve la vida. Si tenés otra pandemia como el COVID, no hay investigadores que detecten rápido vacunas o métodos de detección temprana”, planteó.
“No nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a convocar a la sociedad a que volvamos a salir a todas las plazas”, adelantó el dirigente.
Al mismo tiempo insistió en la necesidad de abrir un canal de diálogo. Propuso que el Ejecutivo se siente a negociar cómo cumplir con la ley: “Voy a hacer lo imposible por generar alguna mesa de diálogo donde el Gobierno traiga una alternativa”.
El vicerector pidió acelerar una solución porque “cada día sin diálogo es un día perdido para encontrar una solución”. En este sentido, precisó que aún queda tiempo para evitar una nueva marcha federal, aunque el plazo es ajustado, hasta mediados de mayo.
Un punto a tener en cuenta es que, si bien el Gobierno fue en queja a la Corte Suprema para no cumplir con los fallos que le ordenan implementar la ley de Financiamiento Universitario, su apelación no es suspensiva. Esto quiere decir que hasta que la justicia no le conceda ir en queja, la Casa Rosada tiene la obligación de comenzar a enviar fondos a las universidades.
Para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, el Poder Ejecutivo debería transferir aproximadamente 2,5 billones de pesos a las universidades nacionales
Fuentes de la Casa Rosada han asegurado al diario Infobae que “el gobierno no va a pagar” porque “no tenemos la plata”. Quien tiene la función de redistribuir las partidas presupuestarias es nada menos que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El principal vocero del ajuste en estos días atraviesa un escándalo, tras haberse descubierto que ha adquirido numerosas propiedades y que realizó una serie de viajes de placer que sus ingresos como funcionario público no podrían costear.
