Aunque la norma que incluye los sellos de advertencia demostró ser efectiva para impulsar una alimentación saludable, la administración libertaria prioriza la desregulación en favor de las corporaciones alimenticias.
El gobierno busca derogar la Ley de etiquetado frontal (27.642, reglamentada en 2022) que promueve una alimentación saludable, aunque es una de las políticas de salud pública de mayor relevancia sancionada durante el último tiempo que ha demostrado su eficacia al fomentar un consumo más responsable de productos alimenticios en la población. Más de 300 organizaciones de salud pública y de defensa de los consumidores sostienen que suprimir la norma supondrá “un grave retroceso en materia de información y protección de la salud”: instan a los legisladores a rechazar el proyecto legislativo impulsado por aliados del gobierno.
En el proyecto que podría reemplazar a la Ley vigente se lee la necesidad de “reducir limitaciones regulatorias, económicas y armonizar criterios dentro del Mercosur”. Como en otras ocasiones, el gobierno recurre al pretexto de eliminar barreras y demás cargas burocráticas. Sin embargo, detrás este artilugio discursivo lo único que pretende es la desregulación, que ayudará a las grandes corporaciones alimenticias.
María Belén Nuñez, nutricionista y directora de la Fundación Sanar, señala a Página/12: “El proyecto legislativo que propone el gobierno para reemplazar a la Ley vigente es una medida que tiene que comprenderse en una agenda de desregulación más amplia”. Y continúa: “Fundamentan la derogación con argumentos falaces. Dicen que la Ley impide que las empresas reformulen sus productos o que trae problemas para el comercio en el Mercosur, cosas que no son así. Las empresas alimentarias tienen una enorme capacidad de lobby y capacidad mediática. Todos los voceros de la industria se pasean por los medios con su guardapolvo blanco y hablan pestes de la Ley”.
En otros países como Chile, México, Perú y Uruguay, que también tienen el etiquetado, la industria alimenticia reaccionó de la misma manera, diciendo que la regulación genera costos y limita la libertad de elección. Nuñez comparte su lectura: “Estamos viviendo un déjà vu: los mismos argumentos que el gobierno coloca para justificar la derogación son idénticos a los que la industria utiliza desde hace años. Una industria que solo persigue un interés comercial y nada más”.
Ultraprocesados, ultradesprotegidos
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud difundida en 2019 por el Ministerio de Salud nacional, Argentina se encuentra entre los países con mayores cifras de sobrepeso en menores de 5 años, con el 12,6 por ciento, y de obesidad en adultos en la región superando el 25 por ciento. Un trabajo de Unicef, en la misma línea, estima que el 35 por ciento de las calorías diarias de niños, niñas y adolescentes son aportadas por los ultraprocesados.
Básicamente, con la derogación de la Ley se busca eliminar una herramienta de divulgación efectiva, que simplifica información en muchos casos difícil de entender por personas no directamente relacionadas con el lenguaje científico. El gobierno insiste en abrir la puerta a las corporaciones alimenticias para que hagan lo que quieran con la salud de los argentinos. En resumen, quien no cuenta con datos confiables, no puede escoger con libertad en las góndolas ni realizar un consumo más responsable en los hogares.
Bajo esta premisa, más de 300 organizaciones de la sociedad civil y la academia advierten el “absoluto estado de desprotección en el que quedará la ciudadanía” si la iniciativa del gobierno prospera en el Congreso. Entre otros aspectos, la Ley de etiquetado frontal establece los sellos de advertencia y funciona como un semáforo, que indica a las personas aquellos datos del producto que no están, a priori, tan en evidencia a partir de una primera leída de los envases.
La norma establece límites a la publicidad de los ultraprocesados destinados a las infancias y promueve la puesta en marcha de entornos saludables para la alimentación en los colegios. Nuñez detalla: “Hay que tener en cuenta que las decisiones de compra se toman en muy poquitos segundos. Si uno está en un entorno como en un supermercado, que está saturado de promociones y publicidades, los consumidores terminan confiando en que muchos productos son buenos para la salud cuando no lo son. El etiquetado, precisamente, equilibra la asimetría de información que tenemos”.
Luego la especialista refiere un diagnóstico: “Hay cada vez más personas que tienen alguna malnutrición por exceso. Llámese sobrepeso y obesidad; también cada vez más hipertensos, diabéticos; cada vez más personas que se mueren de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Las principales causas de muerte están asociadas a la alimentación, por eso el Estado tiene la responsabilidad de generar condiciones de acceso a una alimentación saludable. Hay cada vez más chicos con enfermedades de adultos y no les importa”.
Ejemplo en la región
El gobierno sostiene, además, que con la derogación busca armonizar normas con respecto a lo que sucede en otros países del Mercosur. Sin embargo, en un informe que lleva la firma de la Fundación Sanar, la Federación Argentina de Graduados en Nutrición y la Fundación Interamericana del Corazón, entre otros, se lee: “Mientras el modelo argentino detecta de forma rigurosa el exceso de azúcares perjudiciales en el 68 por ciento de los yogures del mercado, el modelo uruguayo solo lo advierte en un 9 por ciento y el brasilero en un ínfimo 1 por ciento. En sintonía, el sistema de octógonos ha demostrado ser más claro y efectivo que el modelo de ‘lupa’ (utilizado en Brasil), capturando mejor la atención y promoviendo decisiones de compra sustancialmente más saludables”.
Nuñez brinda un ejemplo: “Uno de los casos más estudiados es el de Chile, porque allí la Ley de etiquetado rige desde 2016. Hay muchísima evidencia que muestra que a partir de los octógonos el consumo de los ingredientes críticos disminuyó. Por caso, exhibieron que el consumo de bebida azucarada había disminuido cerca de un 24 por ciento. Hay más de 40 países en el mundo y nueve en América Latina que avanzaron con sistemas de etiquetado frontal porque se comprendió que las enfermedades crónicas asociadas a la alimentación necesitan de políticas públicas”.
De acuerdo a un relevamiento realizado por la Organización Panamericana de la Salud, Argentina es el país cuya política de etiquetado mejor se alinea con las buenas prácticas de consumo saludable indicadas para la región. Frente a ello, la nutricionista confiesa: “No entendemos por qué quieren armonizar. Si será para mejorar la normativa o para bajar el estándar. Hoy por hoy Argentina tiene la mejor norma de la región. Si se quiere unificar debería ser bajo los mejores parámetros. De cualquier manera, el problema no es la armonización en sí misma, sino que utilizan ese argumento para debilitar una política que ya demostró ser efectiva”.
De hecho, existen estudios llevados adelante por el ministerio de Salud, Unicef y la Federación Interamericana del Corazón que describen el éxito de la política de sellos. Algunos de los datos más contundentes indican que el 90 por ciento de las personas señala que los octógonos permiten una identificación veloz de los productos menos saludables y que también son útiles para desenmascarar engaños de marketing. También, se desprenden datos ilustrativos que indican que más de la mitad de la población sostiene que, a partir de los sellos, modificó su intención de compra vinculada a bebidas (63 por ciento), yogur (62 por ciento) y galletitas (50 por ciento).
La desregulación en sus orígenes
A fines de 2024, el gobierno dio los primeros pasos en el sentido de la desregulación en favor de las grandes empresas. El 26 de diciembre, casi como regalo de navidad, los octógonos negros pasaron a solo informar el exceso en la cantidad de azúcar, sodio, grasas y calorías que se añaden a los alimentos, y no los que estos contienen de manera natural. Con lo cual se modificó el modo en que se realizaba el cálculo a efectos de decidir cuántos octógonos habría en los envases de los productos. Ello se tradujo en menos advertencias a los consumidores sobre el cuidado de su salud y los potenciales riesgos.
Por aquel entonces, el gobierno explicaba el cambio de este modo: “Si hablamos de una mermelada de naranja, hasta ahora se indicaba el contenido de azúcar de la fruta. En la nueva normativa, la etiqueta solo reflejará la cantidad de azúcar añadida al proceso de producción, siguiendo los estándares internacionales”. Con este cambio, ya no se tuvieron en cuenta los valores aportados por los nutrientes intrínsecos al momento de calcular si un producto merecía un octógono o no. La derogación de la Ley de etiquetado frontal ahora redobla la apuesta: no solo habrá menos sellos, sino que directamente no habrá ninguno.
En este contexto, Nuñez sintetiza: “La Ley hoy vigente se trata de una política pública, que está basada en evidencia actualizada y libre de conflictos de interés. Fue construida a partir de un debate amplio y democrático; y diseñada para proteger el derecho a la salud, a la alimentación adecuada y a recibir información clara y comprensible sobre lo que estamos consumiendo”.
