El Gobierno busca derogar la ley de Etiquetado Frontal a pedido de las alimenticias. También buscará sancionar una ley de ludopatía que no regula la publicidad en plataformas “autorizadas”. A lo que se suma el Super Rigi, que favorece los intereses extractivistas y de los tecnobros. Todo, en nombre del supuesto combate del lobby.
El gobierno de Javier Milei presentó un paquete de cuatro proyectos en el Congreso de los cuales uno de ellos es el de la Ley de Lobby que, según el oficialismo, es para construir “una democracia más deliberativa, transparente y liberal” y fomentar la “confianza con las autoridades”. Sin embargo, los otros tres muestran todo lo contrario: dejan ver las presiones de los grandes grupos económicos para retroceder en la regulación del Estado. Las empresas de alimentos, los gigantes de la Inteligencia Artificial de Silicon Valley, y las plataformas de apuestas, los grandes grupos que están detrás de la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal y de la sanción de la Ley de Ludopatía y de Super RIGI.
Hay una ley que –en apariencia– va en contra del espíritu desregulador de la Casa Rosada, la de “Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, que es otro gesto de alineamiento con Estados Unidos al copiar su modelo de “hacer lobby”. Según el investigado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intenta “ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas, con qué funcionarios y en beneficio de quién”. Si esa ley hoy estuviera en vigencia, La Libertad Avanza debería dar muchas explicaciones sobre los intereses que hay detrás de las últimas propuestas del Ejecutivo.
Una de los casos más llamativos es el proyecto para derogar de la Ley de Etiquetado Frontal, que fue sancionada por amplia mayoría en 2021 y determina la presencia de sellos negros en los paquetes de alimentos a modo de advertencia de exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías, además de regular la publicidad de los ultraprocesados para niños, niñas y adolescentes. Una ley que, según los datos del Ministerio de Salud de la Nación, tiene una aceptación del 90% de los consumidores porque sirve para identificar más fácil los productos saludables. “Claramente este gobierno ha seguido al lobby de las empresas alimenticias, que tienen los mismos argumentos que tenían antes”, dijo la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti, que fue una de las autoras del proyecto junto con el entonces diputado de la UCR, Julio Cobos.
Cinco años atrás, mientras en el Congreso se debatía en comisiones ese proyecto, por los pasillos y despachos era frecuente la presencia de representantes de las empresas de gaseosas, de los grandes ingenios de azúcar de Tucumán y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), liderada por Daniel Funes de Rioja.
Los mensajes llegaban también a través de los intendentes de zonas vinculadas a la producción de alimentos. Hubo reuniones insistentes, subidas de tono. Generales y, también reducidas, con visitas despacho por despacho.
“Todas las expresiones que escucho para justificar esta ley son las que he visto y escuchado durante cinco años cuando debatimos el proyecto”, le dijo Julio Cobos a este diario. Y recordó: “Nos decían que teníamos que armonizar con el Mercosur”. Casualmente, ese es uno de los argumentos que esgrime el proyecto libertario, que sostiene que el etiquetado “es un obstáculo al comercio y las exportaciones” y que “no está en línea con los estándares internacionales exitosos”, algo que la Organización Panamericana de la Salud desmiente. Según ese organismo, Argentina es el país con las mejores prácticas de etiquetado en la región.
Para graficar más la simbiosis entre las viejas y las nuevas razones cabe un concepto: demonización. En 2021, cuando la ley ya tenía media sanción en el Senado, Funes de Rioja dijo que el proyecto no era de “información sino de demonización”. Las mismas palabras que el entonces representante de la Copal y de la UIA usó días atrás el diputado libertario Alejandro Bongiovanni, que impulsa el proyecto del Ejecutivo en el Congreso. “A mí me parece nefasta la ley. Demoniza productos”, dijo y denunció “el lobby nutricionista contra la industria alimenticia”.
Quizás, las razones para desmembrar una ley que promueve la información para tomar decisiones sobre la salud se encuentren en el mercado. Una encuesta de UNICEF y la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) mostró cambios en la conducta de compra de los consumidores, sobre todo en la disminución del consumo de bebidas (63,1%); yogur (61,9%), y galletitas (49,7%). “Lejos de ´demonizar alimentos´, visibiliza lo que siempre estuvo allí, pero oculto entre claims confusos, colores sugerentes y estrategias de marketing”, afirmó la nutricionista Marín Laboureau (MN 4343- MP058) y agregó: “se redujo la compra de productos críticos y, quizás lo más importante, la industria reformuló miles de alimentos, bajando sodio y azúcares para evitar advertencias”.
Otro de los proyectos del Ejecutivo es el de Ley de Ludopatía, que se presentó a pesar de que ya existe uno que tiene media sanción en Diputados y que tuvo debates en comisiones con las exposiciones de cientos de especialistas. El Ejecutivo propone “restringir la publicidad de plataformas no autorizadas”, pero no regula para nada a las autorizadas, que puede afectar a niños y niñas. Es un proyecto que fue denunciado por la oposición como a favor del lobby del juego online, que prioriza la recaudación antes que atender la salud mental.
Mientras el proyecto que tiene media sanción se debatía, las cámaras que agrupan a las Fintech rondaban el Congreso y pedían reuniones cada vez que había novedades. “No querían demasiadas regulaciones”, contó la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade. Hubo una reunión en el auditorio del anexo de la Cámara de Diputados con directivos de las loterías y casinos provinciales de todo el país, en el pidieron que se regulen solo las plataformas ilegales. También los representantes de casinos de la Provincia de Buenos Aires, “todo rondaba alrededor de la necesidad de regular o de impedir lo ilegal. Exactamente pedían lo que en este proyecto de ley del Gobierno mágicamente aparece”.
Frade contó que días antes de la antes de la votación en Diputados, el mismísimo Daniel Angelici había estado dando vueltas en la Cámara viéndose con algunos diputados. “Con este proyecto han priorizado por sobre la salud mental de la población a la recaudación y el lobby de las plataformas autorizadas, que tiene nombre y apellido. Angelici es uno, porque las plataformas son del exterior con patas locales y ahí aparecen los nombres de los que explotan casinos y bingos. De aprobarse esto no va haber nada para contrarrestar el avance de este flagelo”, dijo la diputada.
“La ley del gobierno de Milei parece escrita por todos ellos, es todo lo que realmente querían. Es un tema recaudatorio, no regula la prevención de ludopatía. El ludopata no pregunta si la plataforma está autorizada o no”, agregó.
El Súper Rigi es otro de los proyectos hechos a medida. La propuesta del gobierno de Milei que tiene ventajas de excepción a multinacionales del mundo de la inteligencia artificial mira directo hacia Peter Thiel, fundador de empresas como PayPal y Palantir y a los grandes jugadores de Silicon Valley. “Profundiza una decisión del Gobierno de la entrega absoluta de la soberanía a través de la entrega de sus recursos naturales estratégicos. En este caso tiene nombre y apellido, es una ley hecha para las inversiones que Peter Thiel debe haber prometido en las diferentes reuniones que tuvo con el gobierno nacional”, le dijo a este diario la diputada de Unión por la Patria Paula Penacca.
Para la docente de la Universidad Nacional de La Plata y autora del libro “El arca de Milei, Valeria Di Crocce, la pregunta que hay que hacerse es ¿Qué le ofrece Argentina a Thiel?. “Todo”, respondió. “Milei entrega territorio a través de leyes como estas. Desmantelar, vaciar, eliminar regulaciones. Thiel cree que este es el camino para administrar países como empresas que dirijan elites tecnológicas. Es su proyecto hace 30 años”, agregó.
Para Penacca también hay que incluir en la lista a Elon Musk. “También tiene vínculos. Hoy, sin dudas, el gran poder económico mundial está recostado sobre este tipo de desarrollos tecnológicos. Tenemos minerales especiales que son muy codiciados, el litio por empezar, pero el cobre también. Es lo que necesitan estas nuevas tecnologías”, agregó la legisladora.
Para el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, “cuando las corporaciones económicas ven a los gobiernos debilitados, lo que tratan es de ponerle condiciones” y es así como se define la agenda parlamentaria. “El gobierno asumió como propia la agenda de prioridades de los grandes grupos económicos. Y las corporaciones económicas están aprovechando la debilidad relativa del gobierno para ´arrancarle´ leyes a la medida de sus intereses. Lo vimos con la flexibilización laboral y con los cambios en la ley de Glaciares”.
Además, dijo que “quedó muy clarito en la última sesión donde le quitaron beneficios a zonas frías (con potencial “ahorro” anual de 200 millones de dólares) para darle compensaciones económicas a las distribuidoras eléctricas por 1.800 millones de dólares”.
