Organismos, entes públicos y expertos expusieron ante la comisión de DDHH de la Cámara de Diputados.
La mayoría de quienes secuestraron, asesinaron y desaparecieron durante la última dictadura están en prisión domiciliaria. Menos de la mitad de ellos tienen tobilleras electrónicas para controlar que no salgan de sus casas o se acerquen a sus víctimas. La situación de quienes purgan condenas por los peores crímenes es mucho más ventajosa que la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, denunciaron en una reunión que se llevó a cabo en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Cuatrocientas cuarenta (440) personas están en arresto domiciliario por crímenes de lesa humanidad, lo que supera con creces el 80 por ciento del total de los detenidos por esos delitos. De ellas, solo 183 tienen tobillera electrónica, lo que implica que únicamente un 42 por ciento de los criminales de la última dictadura tienen monitoreo electrónico.
Los datos surgen de un informe al que se tuvo acceso y fue enviado al diputado Horacio Pietragalla Corti, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, horas antes de la reunión en la que se discutió sobre la situación de la prisión domiciliaria en la Argentina.
Semanas atrás, el Consejo de la Magistratura había hecho un relevamiento que mostraba que había 2513 personas en domiciliaria en el país. De ellas, menos del 24 por ciento cuenta con tobillera electrónica y menos del 2 por ciento tiene algún tipo de restricción con respecto a las visitas.
La situación contrasta con lo que sucede con CFK, detenida en San José 1111, a quien el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 ordenó colocarle un dispositivo electrónico y permite recibir a un número reducido de personas dos veces a la semana por un par de horas únicamente. Para la senadora Anabel Fernández Sagasti, una de las autoras del informe del Consejo de la Magistratura, “hay una situación de ensañamiento, odio e intento de domesticar a la expresidenta”.
Carlos “Charly” Pisoni, referente de H.I.J.O.S. Capital, contó que desde la agrupación habían hecho un relevamiento que mostraba que el TOF 2 solo establece ese tipo de restricciones para CFK, pero no para condenados por delitos contra la humanidad. No es el único caso: otros tribunales les dan permiso para ir a aquagym o salir a hacer las compras. Si se escapan, tampoco hay consecuencias. “Lo que está sucediendo con Cristina es una forma de persecución política”, denunció.
Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, también coincidió en el carácter arbitrario de la detención de CFK. Con los datos disponibles en su dependencia –sin contar los de la justicia federal de San Martín–, informó que había 116 condenados: 61 a prisión perpetua y 55 a otras penas. De los condenados a perpetua, un tercio (20) tiene tobillera y diez están bajo el control del Patronato de Liberados. Hay 19 que no tienen ninguna medida en ese sentido.
Para el abogado Pablo Llonto, lo que se ve en las domiciliarias a los represores es “la doctrina del viva la pepa”, que incluye hasta permisos para hacer la verificación técnica del auto.
