Subieron 823% frente a una inflación acumulada del 329%. Un asalariado privado debe sumar 11,5 horas al mes para abonar las facturas.
Uno de los vectores centrales en la pérdida del poder adquisitivo de las familias es el ritmo de aumento de los servicios públicos de la canasta básica energética y de transporte. Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la canasta de servicios públicos —que incluye luz, gas, agua y transporte público para un hogar promedio de clase media— alcanzó en agosto de 2026 los 200.293 pesos mensuales. En 2023, destinar el pago de luz, gas, agua y colectivo demandaba el 5,8 por ciento del salario promedio; en agosto de 2026, esa misma cobertura absorbe el 12 por ciento del sueldo: un asalariado privado registrado —sector que percibe los salarios más altos de la economía— debe trabajar en la actualidad 11,5 horas adicionales por mes únicamente para afrontar el incremento de las facturas de servicios esenciales.
Según los cálculos del Instituto Argentina Grande (IAG), en el balance general desde el cambio de gestión a fines de 2023, los servicios públicos subieron un 823 por ciento frente a una inflación general acumulada del 329 por ciento. Este descalce tarifario ataca de manera directa los ingresos laborales. El encarecimiento no responde solo a un reajuste puntual, sino a un cambio estructural en los costos fijos de las viviendas. A valores constantes, la misma canasta de servicios representaba 106.958 pesos en enero de 2023 y había registrado un piso de 42.313 pesos hacia fines de dicho año antes del descongelamiento.
Frente a salarios reales que se ubican sensiblemente por debajo de los niveles de antes de la llegada de Javier Milei a la presidencia (con una caída del 5,4 por ciento en los salarios privados y de entre el 38,9 por ciento y el 41,4 por ciento en los públicos y en el haber mínimo), las familias se vieron forzadas a desplegar distintas tácticas de financiamiento para cubrir la brecha entre sus ingresos regulares y el costo de vida.
Economía de subsistencia
Al consultar sobre la modalidad empleada en los últimos tres meses para completar el presupuesto familiar, la Encuesta Permanente de Hogares reveló cuatro vías principales de subsistencia. En primer lugar, un 36,1 por ciento de los hogares reconoció haber tenido que gastar sus ahorros. Esta práctica representa la primera línea de defensa para las familias de ingresos medios; no obstante, el consumo progresivo de los fondos guardados erosiona el colchón financiero de la población y muestra signos de agotamiento estructural.
En segundo lugar, el 16,2 por ciento de los hogares debió endeudarse con conocidos, lo que implica un universo de aproximadamente 1.655.833 familias que apelan al fiado, a préstamos de familiares o a la ayuda de vecinos, constituyendo la principal métrica del endeudamiento informal.
Por otro lado, el 14,7 por ciento de los hogares tuvo que endeudarse con entidades financieras, sumando a más de 1.500.000 familias que apelan a tarjetas de crédito, préstamos personales bancarios o crédito no bancario para costear alimentos, remedios y servicios fijos.
Finalmente, el 9,8 por ciento de la población se vio obligada a vender pertenencias, desprendiéndose de bienes personales, electrodomésticos o herramientas de trabajo para obtener liquidez inmediata.
Al analizar la evolución respecto al primer trimestre de 2023, de acuerdo con el reporte de IAG, se observa un incremento alarmante en la vulnerabilidad financiera de la sociedad. La cantidad de hogares que acudieron al endeudamiento con bancos y financieras creció 55,9 por ciento, siendo la estrategia que más aumentó en este período.
Asimismo, los hogares que tuvieron que vender sus pertenencias aumentaron un 35,4 por ciento, mientras que la apelación al gasto de ahorros subió 18 por ciento y el endeudamiento informal con conocidos creció un 17,3 por ciento.
El fenómeno demuestra que las familias no están tomando crédito para consumo duradero, inversión o capital de trabajo, sino para financiar gastos corrientes y evitar la mora en servicios esenciales.
