Las familias advierten sobre la falta de atención psicológica y el desamparo ante una problemática que crece en toda la sociedad, pero cuyas herramientas de prevención fueron desmanteladas por el gobierno de Javier Milei. Las críticas a la ministra de Seguridad.
“Aguantá, gordo. Ya vamos a salir de esto”. Esas fueron las palabras que F. le dijo a su marido la última noche en la que hablaron. “No aguanto más el dolor, no quiero que sigas gastando y endeudándote”, respondió R., que recién llegaba de hacerse una resonancia magnética. A la mañana siguiente, ella se despertó y vio un mensaje que él había dejado en el grupo familiar: “Gracias por todo”. El hombre ya no estaba en su cama; ella recorrió con prisa la casa, salió al patio y lo vio tendido en el piso. R. se había disparado en la cabeza con su arma reglamentaria de la Policía Federal.
El caso de R. integra la estadística que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó hace unos días y que indica que en 2025 hubo un 30 por ciento más de suicidios entre las y los efectivos de las fuerzas federales que en el 2024. Un dato del que la funcionaria intentó deslindar responsabilidades.“Pero les cuento algo: se incrementaron los suicidios en el país y las fuerzas federales no escapan a esa realidad”, dijo con liviandad en una entrevista. Son casos que se dan en un contexto de ajuste en los salarios, desfinanciamiento de la obra social y desmantelamiento de las áreas dedicadas a la preveción de la problemática.
Según el último informe del Programa sobre Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego (Pufeaf), en 2024 se registraron 24 casos de “suicidio o intento de suicidio” en las fuerzas federales: Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura. El estudio hecho por el Ministerio de Seguridad en 2025 sobre los datos de 2024 indica que “la evolución temporal confirma una tendencia preocupante en los suicidios del personal, que pasaron de no registrarse en 2020 a alcanzar 21 casos en 2024 (considerando todas las fuerzas)”. En 2021 fueron 25 suicidios; en 2022, 14 y, en 2023, 16.
El caso de R.
R. tenía 59 años y tres décadas de servicio cuando en agosto de 2025 se suicidó. Durante meses sufrió dolores insoportables en la columna que no se iban con calmantes ni con inyecciones. Cuando todo empezó, la Obra Social de la Policía Federal, desfinanciada por el gobierno de Javier Milei-como dan cuenta varias notas de este diario-, estaba cortada. R. comenzó a pagar médicos de manera particular, luego los estudios y, más tarde, una internación. Algunos servicios los pagaba con la tarjeta de crédito, otros con préstamos y, cuando eso ya no alcanzó, tuvo que usar los ahorros que él y su esposa habían guardado para que su hija mayor, de 17 años, viaje a Córdoba o a Tucumán a estudiar Medicina una vez terminado el secundario. “Gastamos hasta lo último, pero eso no fue suficiente”, cuenta F. a Página/12. No fue suficiente para el tratamiento médico y, mucho menos, para que su hija pueda irse a vivir a otra provincia y cursar la carrera que quería.
“No es justo que, después de una vida dedicada a la institución, no haya tenido la obra social”, cuenta la mujer, que prefiere reservar su identidad. Tampoco es justo, dice, que haya tenido que esperar casi un año para cobrar la pensión por la muerte de su marido. “Tenía que haber estado contenido, nadie lo llamó para preguntarle cómo estaba”, relata y agrega que, al no tener obra social, tampoco tuvo acceso a un tratamiento de salud mental. Dice que su marido ya no soportaba el dolor y que el no tener un diagnóstico lo desesperaba.
Todo se agravó cuando la familia empezó a endeudarse para los gastos médicos. “No puedo más, no puedo más”, repetía él por momentos, mientras le temblaba la cabeza. Ella dice que su marido nunca tuvo situaciones similares previas, que era una persona alegre y que todo empezó con los dolores y la falta de asistencia médica. F. también es policía, pero de una fuerza provincial, que fue la que se hizo cargo del sepelio de su marido porque no tenía respuesta del Ministerio de Seguridad de la Nación.
F. cuenta que ni ella ni sus dos hijos recibieron asistencia psicológica después del suicidio de R. y ahora está preocupada por el menor, de 14 años, que le repite que sueña con su padre. “Me llama, mamá, quiero ir con él”, le dice el nene, que cada día canta Zamba de mi esperanza frente a un altar que hay en el comedor con la foto de su padre rodeada de velas. F. cuenta que a los dos les gustaba bailar y cantar juntos, que los fines de semana se juntaban en el patio y pasaban horas, R. copiaba las letras y su hijo las cantaba. “Ahora, las guarda como un tesoro”, agrega la mujer, que le pide a su hijo que “no se caiga nunca y que siga sus sueños”.
Sin acceso a la salud mental
La Policía Federal tiene el mayor índice de suicidios: 13 en 2024 –hay que tener en cuenta que es la fuerza con mayor cantidad de personal–. Le siguen Gendarmería, con 5 casos, y Prefectura Naval, con 3 casos. “Los suicidios tienen factores que son múltiples y complejos, pero también hay mucho que tiene que ver con las condiciones de trabajo”, explica Santiago Galar, investigador del Conicet y exdirector nacional del Bienestar Policial del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Sabina Frederic.
“Nadie está negando que los suicidios tengan que ver con factores complejos. Pero no hay ningún tipo de duda que, en el caso de las fuerzas federales, mucho tiene que ver con las condiciones de trabajo y la falta de acceso a la salud mental. Considerando que las obras sociales están colapsadas, que se han endeudado, o que tienen bajos ingresos, que no pueden pagarse un psicólogo particular, que si tienen una carpeta psiquiátrica, no pueden realizar las adicionales y, por lo tanto, no pueden engrosar o complementar sus ingresos. Además, el desplazamiento por el territorio hace que tengan problemas familiares o que todo el tiempo se tengan que estar reconstruyendo porque se están moviendo de ciudad y no tienen una casa”, explica.
Los testimonios de las redes
En los grupos de Facebook dedicados a las fuerzas, los mensajes se repiten. “Mi marido fue azul durante 13 años. Durante años buscamos quién pudiera trabajar con la obra social. Somos de Oberá, Misiones, y dependemos de Posadas. Acá no funcionan las clínicas y en los hospitales públicos tampoco querían atenderlo por tener obra social. Esto dificultó muchísimo todo”, escribió la viuda de un efectivo de la Federal en el muro de esa red social. Pero no se trata solo de esa fuerza; también están las provinciales. Se repiten numerosos testimonios de policías de la provincia de Buenos Aires o de Santa Fe que se quitaron la vida. Se ven fotos de personas de todas las edades con el uniforme de esas fuerzas provinciales con mensajes de despedida.
Efectivamente, como dice Monteoliva, los suicidios aumentaron a nivel general y desplazaron a los incidentes viales como primera causa de mortalidad en los adolescentes y los jóvenes adultos en Argentina; el problema es el ajuste en los sectores que podrían prevenirlo. “El área de Bienestar, que es la que se encarga de estas cuestiones, está virtualmente desmantelada. Sigue existiendo, pero tiene muchas menos herramientas, está todo depositado en las fuerzas para que se autogestionen. Y, en general, todo está desfinanciado, achicado”, explica Galar.
Para el sociólogo, que es autor de El suicidio policial en argentina. Aportes para la comprensión del fenómeno en clave sociológica (2016-2023), el endeudamiento es uno de los puntos complejos y está “facilitado por los códigos de descuento que tienen un montón de mutuales usureras”. Explica que “las mutuales les dan préstamos y se les descuenta del sueldo. Hay muchas que les venden el uniforme, que les permiten acceder a créditos a tasas usurarias, con la diferencia de que tienen la posibilidad de cobrarles directaente del recibo de sueldo”. Agrega un dato: “Hay algo que dice Monteoliva en su declaración, que es verdad, porque muchas veces los policías tienen el único recibo de sueldo en blanco de toda la familia. Por ende, ellos también se hacen cargo de sacar algunos créditos para el entorno familiar”.
El acceso a las armas
En su investigación en base a datos del año 2018, Galar detectó que los suicidios en las fuerzas de seguridad eran el doble que los de la población en general. “Entre las muertes por causas externas, aquellas ocurridas por lesiones intencionales o no intencionales, las muertes por suicidio ocupan el segundo lugar en las Fuerzas en el período, solo superadas por muertes en accidentes de tránsito”, explica el informe. Mientras la tendencia de la población general global indica que los suicidios con armas de fuego ocupan el tercer lugar, siguiendo a los ahorcamientos y la ingesta de plaguicidas (OMS, 2014), “la portación de armas podría considerarse un factor facilitador de la conducta suicida en el ámbito policial”. “La mera disposición de armas de fuego en los hogares del personal policial aumenta las probabilidades de suicidio tanto en personal en actividad como en el retiro”, sostiene el informe.
Una problemática general
Según un informe del Observatorio de Política Criminal (OPC), dirigido por Ariel Larroude, en 2025 la tasa de suicidios en la Argentina llegó a su nivel más alto y el país se ubicó en el tercer puesto en Sudamérica, detrás de Chile y Uruguay. Son datos basados en el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) que muestran que el año pasado se registró la mayor cantidad de muertes por suicidio de los últimos nueve años y que cuadruplicó en frecuencia los decesos por delitos dolosos.
Si bien los suicidios tienen múltiples causas, hay numerosos informes que sostienen que se incrementan con las crisis económicas. En ese contexto es que las declaraciones de Monteoliva cayeron muy mal en las fuerzas, porque naturalizan una situación compleja y no tienen en cuenta el contexto de ajuste en las fuerzas que ella dirige. “No es justo lo que dice la ministra, no se puede normalizar. Nosotros fuimos abandonados por el Estado. Damos la vida por la comunidad y nos soltaron la mano, sin obra social. Acá hay una familia destrozada”, dice F.
Las deudas siguen
Un año después, F. sigue endeudada. Está pagando los préstamos que pidió mientras su marido estaba enfermo y carga con el pago mínimo de la tarjeta de crédito, que también usó en ese momento. De los ahorros para la universidad de la hija ya no queda nada; la joven empezó a estudiar Abogacía, que es una de las carreras que hay en su ciudad porque no tienen dinero para que curse Medicina en otra provincia. “A veces, quiere bajar los brazos. Me dice que extraña al padre, que quiere sus consejos. Y yo le digo que yo soy su mamá, que estoy acá y que le puedo dar consejos. Pero ella dice que no es lo mismo”, cuenta F. e interrumpe la conversación telefónica hasta que se recupera del llanto.
