Todo el arco opositor recrimina a Pedro Sánchez no responsabilizar directamente a la monarquía de Mohamed VI por la violación masiva del límite territorial en Ceuta.
Desde Sevilla
El Congreso de los Diputados de España dio este jueves un paso de enorme trascendencia política e histórica al aprobar una proposición de ley que concede la nacionalidad española a los nacidos en el Sahara Occidental cuando este territorio se encontraba bajo administración española y a sus descendientes en primer grado. Esta decisión amenaza con tensionar aún más las relaciones entre España y Marruecos, ya muy afectadas tras los sucesos del 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron la frontera de Ceuta ante la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes. Cerca de 8.000 de estos migrantes permanecen aún en la ciudad norteafricana de soberanía española en un limbo jurídico y penosas condiciones de supervivencia.
La iniciativa, que salió adelante con el respaldo de las fuerzas del Gobierno progresista y sus habituales aliados parlamentarios, la abstención del Partido Popular y el único voto en contra de la extrema derecha de Vox, otorga la ciudadanía por la vía extraordinaria de la “carta de naturaleza” a quienes hayan nacido en el territorio antes del 29 de septiembre de 1977. Para acreditar su condición, los solicitantes podrán utilizar desde antiguos Documentos Nacionales de Identidad (DNI) españoles caducados hasta los censos autenticados por las Naciones Unidas.
El texto aprobado en la Cámara Baja -que ahora continuará su tramitación en el Senado- busca reparar el desamparo jurídico en el que quedaron decenas de miles de personas tras la salida de España de su excolonia.
Para comprender la magnitud geopolítica de esta decisión hay que reconstruir el complejo contexto colonial e internacional que rodea al Sahara Occidental, un territorio desértico pero rico en recursos minerales. Hasta 1975, la región funcionaba formalmente como una provincia española más en el norte de África. Sin embargo, en el ocaso de la dictadura de Francisco Franco, España abandonó el territorio tras firmar los Acuerdos Tripartitos de Madrid, cediendo su administración a Marruecos y Mauritania sin celebrar el referéndum de autodeterminación exigido por Naciones Unidas. Desde entonces, la ONU sigue clasificando la zona como un territorio no autónomo pendiente de descolonización, mientras el régimen marroquí ocupa de facto cerca del 80% de la región y se enfrenta históricamente al Frente Polisario, el movimiento de liberación que proclama la soberanía de la República Árabe Saharaui Democrática con el respaldo de Argelia.
Esta votación parlamentaria se produce, además, en el punto más tenso de las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos de los últimos años. A finales de julio, la frontera de Ceuta —una de las dos ciudades españolas ubicadas en la costa norteafricana, que constituyen la única frontera terrestre de la Unión Europea en África— sufrió la entrada irregular y masiva de más de 80.000 personas en apenas 48 horas. La crisis desbordó por completo a las fuerzas de seguridad locales y reavivó los fantasmas de la presión migratoria como herramienta de chantaje político.
En los pasillos del Congreso español, varios partidos vincularon directamente el estallido en la frontera con el avance de esta ley sobre la nacionalidad saharaui. Analistas y legisladores coincidieron en que el anuncio de la iniciativa parlamentaria fue interpretado por Rabat como una afrenta a sus pretensiones de soberanía, disparando lo que muchos calificaron como un “ataque híbrido” mediante la apertura deliberada de los controles fronterizos marroquíes para permitir el paso hacia Ceuta.
El episodio provocó una severa tormenta política interna contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Toda la oposición conservadora acusa al presidente de ser un líder “blando” y complaciente ante el régimen de Mohamed VI por negarse a responsabilizar formalmente a Rabat de la violación de la frontera soberana en Ceuta. A pesar de que los informes desclasificados de la inteligencia española apuntaron a la pasividad y al “guiado activo” de las fuerzas de seguridad alauitas durante la irrupción masiva, el Ejecutivo de Sánchez evitó señalar directamente al país vecino para preservar la frágil estabilidad diplomática.
Esta cautela del Gobierno contrasta con la sacudida que el propio Sánchez provocó en marzo de 2022, cuando rompió la neutralidad histórica de España al respaldar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara a cambio de mayor control migratorio. Sin embargo, la presión de sus socios de izquierda en el Parlamento obligó al Partido Socialista a respaldar esta ley de ciudadanía, reabriendo una profunda brecha con Rabat.
La reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos no tardó en llegar tras el debate parlamentario. En un duro comunicado institucional, el régimen alauita acusó a la clase política española de una “ceguera estratégica” y de ceder ante “escaladas irracionales y populistas”, advirtiendo que la norma puede convertir la vecindad en una “fuente de desconfianza crónica”. Rabat, que sostiene que el Sahara Occidental forma parte inalienable de su territorio nacional, al igual que las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, rechaza de plano que España otorgue derechos de ciudadanía a los habitantes de la zona.
Mientras la ley se encamina hacia su aprobación definitiva en el Senado, la tribuna del Congreso español vivió escenas de intensa emoción con la presencia de representantes y activistas del pueblo saharaui. Para los miles de refugiados que llevan medio siglo malviviendo en los campamentos del desierto argelino de Tinduf, la norma representa un avance significativo en materia de derechos civiles, aunque recalcaron que ningún pasaporte europeo podrá sustituir la demanda histórica por la autodeterminación y la independencia de su tierra natal
