Con Santilli y Menem a la cabeza, la Rosada busca negociar con los aliados recortes en las pensiones a cambio de sostener el sistema de prestaciones. El problema del traslado de los costos a las provincias y el historial de ensañamiento de Milei con el colectivo.
Pasados varios días desde la presentación del presupuesto 2027, en el Gobierno nadie se quiere hacer cargo de la autoría del capítulo que contiene el brutal ajuste en Discapacidad. Mientras en privado son varios los ministros que se siguen tirando el fardo entre sí (dicen haberse “desayunado” la novedad una vez que recibieron el proyecto), en público hubo algunos que directamente aprovecharon el tema para seguir con la interna y el juego político. Bullrich lo utilizó para marcar distancia de Milei y “Toto” Caputo por su falta de empatía (esa palabra “prohibida”); y el “ala política”, representada en Martín Menem y Diego Santilli, salió a mostrarse como contenedora de los aliados en el Congreso, a quienes prometieron cambios y hasta un proyecto alternativo para el sector.
Según trascendió, la idea del Gobierno es negociar el ajuste en pensiones a cambio de mantener el sistema de prestaciones como hasta ahora, cumpliendo a medias con la Emergencia. La oposición, en cambio, busca extender por un año esa ley, y podría obtener dictamen favorable este miércoles, en plenario de comisiones.
La obsesión con las pensiones
El ataque libertario al sistema de pensiones viene de larga data. De hecho, son varios los puntos del polémico capítulo IV del proyecto de Presupuesto (de las jubilaciones y pensiones, donde están incluidos los recortes en discapacidad), como la incompatibilidad de las pensiones no contributivas con el trabajo formal, que ya formaban parte de un viejo decreto, el 843/2024, que lleva las firmas del por entonces jefe de gabinete Guillermo Francos y del propio Javier Milei.
Aquel decreto había sido duramente cuestionado por las organizaciones del colectivo dado que, según denunciaron, reponía el “modelo médico” de la discapacidad y endurecía los requisitos para acceder a una pensión. Entre otras cosas, restituía un viejo decreto de la época de Menem y reintroducía términos como “invalidez laboral” que habían quedado en desuso, por anacrónicos, desde que el país adhirió a la Convención de la ONU sobre discapacidad durante el kirchnerismo. Como la ley de emergencia votada el año pasado establece nuevos criterios (pasó a llamarse Pensión para la Protección Social), el decreto de Milei y Francos ya no corría, pero alguien en la Rosada creyó que era un buen momento para volver a sacarlo del cajón. En el proyecto de presupuesto, de hecho, volvió a figurar el término “invalidez laboral”, tan criticado por las organizaciones y las familias.
Aquella vez, la ANDIS (por entonces a cargo de Diego Spagnuolo) dictó una resolución, la 187/25, complementaria de ese primer decreto de Milei en discapacidad. La intención fue clasificar las “afecciones” según el “grado de incapacidad” para acceder a la pensión. Esta norma, basada únicamente en criterios médicos, fue la que incluyó expresiones denigrantes y discriminatorias como “retraso mental”, “idiota” e “imbécil” para referirse al colectivo (todos términos utilizados por Milei en sus redes sociales). Su difusión derivó en un escándalo, un pedido de disculpas de Spagnuolo y el despido de la funcionaria que lo redactó.
El Gobierno había intentado de todas formas eliminar pensiones: primero fue a través de una auditoría que encargó el propio Spagnuolo y que terminó judicializada, porque obligaba a personas ciegas, sordas y con discapacidad intelectual a trasladarse kilómetros para hacerse estudios médicos.
Como el ajuste “hacia atrás” resultó un desastre, lo que hicieron fue impulsar otro “hacia adelante”: dejaron de aceptar nuevos beneficiarios. Tal como se informó en su momento, un informe del CELS en base a un pedido de acceso a la información pública reveló que hay unas 200 mil personas que todavía esperan a que se concrete el trámite para acceder a una pensión y el Gobierno se las niega con burocracia: básicamente sin contestar el pedido.
Prestadores en Emergencia
También en 2024, Federico Sturzenegger filtró el borrador de un eventual decreto que buscaba desregular el sistema de prestaciones. Esa misma idea también apareció en el presupuesto 2027: el artículo 39 del Capítulo VI elimina el arancel único, llamado “nomenclador”, que estandarizaba la calidad de los servicios de salud, rehabilitación y transporte, y habilitaba a las obras sociales y a las prepagas a establecer valores diferenciados.
Ante la consulta de este medio, Sturzenegger negó haber tenido algo que ver con la redacción del proyecto, pero su huella es clara. Desde el Ministerio de Salud también alegan que ni siquiera fueron notificados de esa “novedad”.
Mientras tanto, Santilli y Menem prometieron que darán marcha atrás con el Capítulo VI y se mostraron componedores con los bloques aliados y los gobernadores, quienes además tienen su propio interés en el asunto: con la derogación del nomenclador, el presupuesto también propone una suerte de descentralización en las provincias del sistema de prestaciones. Las provincias, se sabe, ya pagan menos por los servicios y no tienen los profesionales para cumplir con lo que les piden.
Santilli y Menem prometieron, además, un nuevo proyecto de discapacidad, que de nuevo no tiene nada: el Gobierno ya había intentado reemplazar la Ley de Emergencia por una iniciativa propia que naufragó este año sin pena ni gloria. También había intentado hacerlo en el presupuesto para 2026, y también naufragó.
En ese contexto, en Diputados avanza la extensión por un año de la Emergencia, que tiene un amplio consenso. Dentro del sistema, todos saben (los prestadores, las obras sociales, los funcionarios de Salud nacionales y provinciales) que el sector depende de los aumentos a medias que hoy les otorga esa ley (incrementos mensuales atados al IPC del INDEC) y de los pagos del Incluir Salud para subsistir. Y aun así, hay instituciones que cierran.
El presupuesto también suprime esa actualización mensual, que se reemplaza por una pauta trimestral. Las instituciones y los prestadores, por su parte, reclaman que el aumento que reciben es poco: dicen que el Gobierno no cumple realmente con la Emergencia, que establecía un piso mayor para calcular los incrementos mensuales, lo que equivale a un ajuste real del 40 por ciento. El proyecto oficial también elimina el estudio anual de costos, otra herramienta establecida en la Emergencia, que el Gobierno igualmente no cumple y golpea sobre todo a los transportistas.
“Esto es muy simple. El gobierno vuelve sobre lo que ya ha presentado en otras ocasiones, que es recortar pensiones y atacar al sistema de prestaciones. Lo hace endureciendo los requisitos para la pensión, desregulando el nomenclador y trasladando el ajuste a las provincias. Los que más se van a ver afectados si esto sigue así son las familias más pobres, las que más necesitan del Estado”, resumió Pablo Molero, referente del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
