La ley había sido aprobada en diciembre pasado pero Lula la había vetado. Sin embargo la Cámara de Diputados y el Senado dejaron sin efecto el veto presidencial la semana pasada.
La Corte Suprema de Brasil suspendió temporalmente este sábado la aplicación de la ley promulgada la víspera por el Congreso y que permite reducir las penas de los condenados por los actos golpistas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, incluyendo la del exjefe de Estado Jair Bolsonaro.
La suspensión fue determinada en una cautelar expedida por el magistrado Alexandre de Moraes, el instructor del juicio en el que el líder ultraderechista fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por haber liderado una trama golpista contra Lula.
Denuncias
De Moraes afirmó que la llamada “Ley de Dosimetría” no puede ser aplicada hasta que el pleno de la Corte Suprema se pronuncie sobre al menos dos denuncias presentadas por partidos políticos de izquierda y que cuestionan la constitucionalidad de la medida.
El magistrado anunció la suspensión en respuesta a un recurso que recibió de uno de las condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes en un intento de forzar un golpe de Estado contra Lula.
El autor del recurso solicitaba la reducción de su condena con base en la ley que entró en vigor el viernes, cuando el presidente del Congreso, Davi Alcolumbre, la promulgó, luego de que Lula se negara a hacerlo.
Veto
La respectiva ley fue aprobada en diciembre pasado por el Congreso y el líder progresista la vetó, pero la Cámara de Diputados y el Senado dejaron sin efectos el veto presidencial la semana pasada por lo que Alcolumbre la promulgó. El veto fue derribado en la Cámara Baja por 318 votos a favor y 144 en contra y en el Senado por 49 votos a favor y 24 en contra.
Moraes, sin embargo, considera que los recursos que presenten los condenados para intentar reducir sus penas no pueden ser analizados mientras que la Corte Suprema no se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley.
Las denuncias de inconstitucionalidad representan “un hecho procesal nuevo y relevante, capaz de influir en el juicio de las peticiones que hagan los defensores” de los condenados, argumentó el magistrado en su sentencia.
Tanto el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) como el Partido Rede argumentan que la ley viola la constitución por ofrecerle un tratamiento menos severo a los autores de crímenes contra el orden democrático.
La ley beneficia tanto a los condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023 como a los que cumplen penas por participar en tramas para impedir la posesión de Lula, entre los cuales está Bolsonaro, condenado en septiembre del año pasado pero que desde marzo está en régimen domiciliar por motivos de salud.
Condenado
Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por el Tribunal Supremo, que lo declaró culpable de conspirar para mantenerse en el poder a pesar de su derrota electoral ante Luiz Inacio Lula da Silva en 2022.
La nueva ley impide la acumulación de penas por crímenes de naturaleza parecida y acelera la progresión de los condenados al régimen de prisión semiabierto, por lo que, según los expertos, Bolsonaro podría salir del régimen cerrado en un plazo de entre dos y cuatro años, antes de lo anteriormente previsto.
Recurso
El viernes, sus abogados presentaron una nueva apelación, solicitando a la Corte Suprema que revoque su condena para “rectificar una injusticia”.
La petición, sin embargo, no se ampara en la nueva ley, que ni cita, y busca la anulación de todo el proceso en que Bolsonaro fue considerado culpable de haber liderado una trama para impedir la toma de posesión de Lula, que lo venció en las elecciones presidenciales de 2022.
En el recurso, los abogados alegan que, por su condición de expresidente, Bolsonaro debió ser juzgado por el pleno de la máxima corte y no por una de sus salas, cuestionan la validez de algunos testimonios y sostienen que no tuvieron acceso integral a las pruebas reunidas por los investigadores.
También afirman que no existen elementos que prueben que Bolsonaro ordenó o coordinó los actos violentos del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus simpatizantes invadieron y destrozaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.
La defensa pidió además que el recurso sea analizado por magistrados de la segunda sala del Supremo, entre ellos André Mendonça y Nunes Marques, ambos nombrados por Bolsonaro durante su mandato.
Sin embargo, la revisión criminal es un mecanismo excepcional para cuestionar sentencias firmes y no suspende automáticamente el cumplimiento de la pena.La propia Corte ha rechazado recursos similares presentados por otros condenados por los ataques del 8 de enero.
Inhabilitado para postularse a un cargo, el expresidente, que estuvo en el poder entre 2019 y 2022, designó a su hijo mayor, Flavio Bolsonaro, como su heredero político para disputar la elección de octubre contra Lula, quien busca un cuarto mandato a los 80 años.
“Él debió haber sido nuestro candidato presidencial”, dijo el senador de 45 años sobre su padre en un acto con aliados políticos, donde prometió “jubilar a Lula”.
Los últimos sondeos indican que, pese a que Lula sería el más votado en la primera vuelta, ambos estarían empatados técnicamente en una eventual balotaje, con una ligera ventaja para el candidato ultraderechista.
