El empresario aclaró que su firma “no le vendió al Estado” y que solo fabricó dosis para el laboratorio británico AstraZeneca, que luego las suministró en América Latina. Directivos de Pfizer desmintieron que la firma estadounidense haya sido perjudicada.
“Nunca mis laboratorios le vendieron vacunas al Estado argentino ni a ningún otro Estado. Todo lo que hicimos fue producir una parte de la vacuna, que luego se terminó en México y que después el laboratorio británico AstraZeneca suministró a todos los países de América Latina”. Estos fueron los razonamientos que expuso el empresario de laboratorios Hugo Sigman en una causa iniciada por el PRO en 2020 y que el fiscal Carlos Stornelli sacó del cajón cinco años más tarde. La vacuna de AstraZeneca fue, de lejos, la más barata -4 dólares, frente a 12 dólares y hasta 20 dólares de las demás- porque los diseñadores de la Universidad de Oxford exigieron que no hubiera ganancias durante la pandemia. Sigman explicó que su laboratorio, mAbxience, de Pilar, fabricó el principio activo de la vacuna, pero AstraZeneca UK (Reino Unido) fue quien la negoció con el Estado argentino y con todos los demás Estados del continente. Lo que se plantea en la acusación es que funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, Sigman, el científico Pedro Cahn y otros tenían interés en vender vacunas y que, por eso, se postergó la compra de dosis a Pfizer. Sigman contestó que no vendió vacunas, por lo que no lo beneficiaba que AstraZeneca vendiera más dosis ni lo perjudicaba que otros laboratorios suministraran dosis a la Argentina.
La indagatoria se hizo por zoom, desde Madrid, donde Sigman, de 83 años, vive hace bastantes años. La indagatoria remota fue autorizada por el juez Ariel Lijo y la Cámara Federal. En Buenos Aires estuvieron el magistrado, un fiscal adjunto, Ariel Quanti, y, como defensor de Sigman, Mariano Cúneo Libarona, abogado habitual de las empresas del grupo Insud. El empresario habló media hora, no aceptó preguntas y no hubo mayores controversias.
La causa
El eje del expediente, impulsado repentinamente por Stornelli, es que hubo una especie de complot para no comprarle vacunas a Pfizer y que el retraso derivó en que más personas fallecieran. Los propios directivos de Pfizer, en especial su máxima autoridad en Argentina, Nicolás Vaquer, reconocieron que las demoras se produjeron por una controversia jurídica alrededor de garantías que exigía el laboratorio y, en especial, el requisito de que tuviera inmunidad ante cualquier juicio por un fallecimiento. “Esta causa no tiene sentido -sostuvo Sigman-, basta con escuchar a la cabeza de Pfizer, que desmiente la acusación”.
La declaración
Sigman sostuvo ante el fiscal adjunto y el juez que “a nosotros nos contrató AstraZeneca para fabricar la sustancia activa de la vacuna destinada a toda Latinoamérica: 200 millones de dosis. El tramo final de la producción se hacía en México, por lo que nuestro laboratorio no obtenía ningún rédito de lo que se vendiera o no se vendiera en la Argentina. Todo eso se manejó desde AstraZeneca en su sede británica”.
La historia de la vacuna
La verdadera historia de esa vacuna fue que la diseñaron dos científicos de la Universidad de Oxford, Sarah Gilbert y Adrián Hill. La Universidad firmó un contrato con AstraZeneca, con la condición de que no ganara dinero con la vacuna durante la pandemia; después, sí. La condición la impusieron los científicos y por eso la vacuna salió mucho más barata que las demás: 4 dólares AstraZeneca, 12 dólares Sputnik, 20 dólares Sinopharm y Pfizer.
Como no podía haber rentabilidad, AstraZeneca buscó quién aportara el dinero para producir las vacunas para Latinoamérica y el principal aportante fue el megamillonario mexicano Carlos Slim, que puso como condición que una parte se fabricara en México. Eso llevó a que mAbxience (empresa de Sigman y su esposa) produjera en Garín la sustancia activa de la vacuna y, en sucesivos cargamentos, se enviara, congelada, a México, donde el laboratorio Liomont hacía la terminación. El mayor de los problemas surgió porque, después de descongelar, había que filtrar el líquido: Liomont importaba los filtros de Estados Unidos y el gobierno norteamericano prohibió la exportación de todos los elementos que sirvieran para fabricar vacunas. El primer gobierno de Donald Trump se puso firme y la entrega de las dosis se demoró. Finalmente, Liomont tuvo que mandar lo producido por mAbxience a Estados Unidos, donde hicieron la terminación final. Eso demoró todo varios meses.
“La distinción jurídica y comercial entre producir para un tercero y venderle directamente al Estado es sustancial -declaró Sigman-. Que una empresa argentina haya participado de la fabricación no significa que le haya vendido al Estado ni que haya sido responsable de su comercialización. Todo el vínculo fue entre el Estado argentino y AstraZeneca UK (Reino Unido). Por lo tanto, mAbxience no fue ‘socio local’ de AstraZeneca. Solo participó produciendo una parte del proceso”. En otras palabras, lo que sostiene Sigman es que sus empresas no ganaban ni perdían con la cantidad de vacunas que se le vendían al Estado argentino ni obtenían beneficio alguno.
El vínculo con Pfizer
Sigman explicó que no tenía razón alguna para obstaculizar la actuación de Pfizer. De hecho, “Pfizer, Elea Phoenix y Sinergium Biotech, estas dos últimas empresas del grupo Insud, mantienen una relación de colaboración desde 2011 para la manufactura local de la vacuna Prevenar 13, de prevención de la neumonía. Esa relación continuó después de la pandemia. En 2024, el Ministerio de Salud declaró de interés público un proyecto presentado por Pfizer y Sinergium Biotech para producir la vacuna Prevenar 20, con destino también a otros países. Como se ve, nuestra relación comercial y estratégica con Pfizer existía de muchos años antes y ese antecedente resulta incompatible con la hipótesis de un interés en perjudicar a Pfizer”.
La demora de Pfizer
En verdad, los principales imputados en la causa son la exministra de Salud, Carla Vizzotti, y varios funcionarios del ministerio que tuvieron relación con la compra de vacunas. Todos ellos ya declararon e insistieron en que, a raíz de la dramática situación del Covid, el Congreso dictó, el 29 de octubre de 2020, la ley 17.573, que regía la compra de vacunas. Pfizer objetó un aspecto del artículo 4. La ley le daba inmunidad a los laboratorios frente a los eventuales juicios, pero en el artículo 4 se establecía que “salvo en casos de negligencia”. Pfizer sostuvo que eso no le daba garantías: podía haber miles de juicios, dado que la enfermedad produjo miles de fallecimientos.
Este punto fue reconocido por el representante de Pfizer en la Argentina, Vaquer, tanto ante el Congreso como en declaraciones testimoniales, bajo juramento, en distintas causas judiciales. Stornelli, en cambio, basó su ofensiva en que a Pfizer se le exigía tener un “socio local”, algo que no existió.
El trasfondo político del expediente es que Stornelli quiere sintonizar con el perfil antivacunas del gobierno libertario y, por supuesto, también está en línea con su reiterada actuación para usar la Justicia en la persecución política de los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. La realidad es que se consiguió la vacuna Sputnik, rusa, antes que lo lograran otros países, la vacuna resultó excelente y, en la gestión de toda la pandemia, seguramente con errores, se consiguió una menor cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes que Estados Unidos, Brasil, Italia o España, pese a tener un aparato sanitario que, de entrada, tenía muy pocos respiradores, muy pocos uniformes para el personal de la salud y hasta proporcionalmente escasos barbijos.
