La Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada también establece restricciones a las expropiaciones del Estado, promueve desalojos exprés y modifica la ley de manejo del fuego. LLA logró darle media sanción al pago de 171 millones de dólares a Fondos Buitres, que Milei negoció en la justicia estadounidense.
En una sesión complicada en el Senado, donde el oficialismo no pudo evitar una derrota de la estrategia trazada por la Casa Rosada por los pliegos judiciales (ver aparte), el Gobierno sumó otro traspié legislativo: sin los votos necesarios, La Libertad Avanza retiró del temario y postergó el tratamiento del ambicioso proyecto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que elimina los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros en territorio argentino.
La iniciativa bautizada como “inviolabilidad de la propiedad privada”, también establece restricciones y mayor desembolso económico a las expropiaciones del Estado; promueve desalojos mas rápidos para inmuebles y tierras ocupadas; y modifica la ley de manejo del fuego para habilitar sin plazos el cambio de la explotación de tierras arrasadas por las llamas. En cambio, el Ejecutivo se alzó con un triunfo al darle media sanción al proyecto que avala un plan de pago a dos “fondos buitre” por 171 millones de dólares, con quienes Javier Milei alcanzó un acuerdo de conciliación económica en la justicia estadounidense.
Sin justificación ni votos
El proyecto del desregulador Sturzenegger era el primer tema establecido en el Orden del Día a tratar ayer en el Senado, pero el pleno dio prioridad al tratamiento de los pliegos judiciales. Sin embargo, a la hora en que debía abrirse el debate sobre la “inviolabilidad de la propiedad privada”, el senador libertario fueguino Agustín Coto, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, mocionó aplazar el tratamiento del tema sin especificar ni dar razones y el pedido fue aprobado a mano alzada.
Desde el oficialismo dejaron trascender que el proyecto sería tratado en la sesión prevista para la próxima semana, pero evitaron cualquier especulación sobre la decisión oficialista. Para la oposición no había dudas: bajaron el tema “porque no tenían los votos”, especialmente por la resistencia que genera el proyecto sobre la extranjerización de las tierras.
La senadora rionegrina Ana Marks (UxP), fue más contundente en las redes sociales: “no consiguieron los votos, pero el modelo económico de saqueo que llevan adelante nos obliga a estar atentos”, arrancó para luego llamar a “construir una amplia mayoría social que defienda el derecho a la tierra, a la vivienda y a nuestros bienes naturales comunes frente a la especulación, la concentración y la extranjerización”. “No vamos a permitir que Milei y este gobierno de cipayos nos entreguen al capital global”, concluyó.
El proyecto redactado por Sturzenegger tuvo algunos cambios en varios artículos, pero mantuvo su esencia sobre quienes son los beneficiarios de la iniciativa. Durante el debate en comisión se quitó el capitulo destinado a modificar la ley de barrios populares que pretendía eliminar el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y dar paso a los desalojos inmediatos.
Además de reformar los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del Fuego. Entre los ejes que mantiene el proyecto y que mas resistencia genera es la apertura sin restricciones a la compra de tierras por extranjeros. El texto elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros cuando de la adquisición no participe directa o indirectamente ningún país extranjero.
Dispone que se aplicará un desalojo exprés solo en los casos de que se traten de inmuebles usurpados, en tanto que en el resto de los casos se mantienen los actuales plazos de intimación. Para los alquileres habrá un plazo de 10 días para intimar el pago acordado en el contrato de alquiler que se deberá hacer en forma fehaciente y partir del cual el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo.
Sobre las expropiaciones, el Estado deberá aplicar de manera restrictiva la declaración de “utilidad pública” y fundamentar los motivos claramente de esa medida. Además, establece un tope del 30% de indemnización por lucro cesante (el proyecto original no ponía ningún porcentaje) y la tasa de interés que se deberá pagar será la del ÍPC mas la tasa del Banco Nación a treinta días.
El proyecto también deroga el artículo de la Ley del Manejo del Fuego que establecía que en caso de incendio de un predio rural por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. En el caso de incendios de bosques nativos se prohíbe el cambio de uso y destino prevista en la actuales normas, pero se elimina el plazo de 60 años establecidos en la ley promovida por Máximo Kirchner.
Pago a los buitres
En el final de la sesión, el oficialismo logró alzarse con el único triunfo de la jornada. Con 40 votos a favor y 22 en contra, el Senado avaló un plan de pago a dos “fondos buitre” por 171 millones de dólares, con quienes el Gobierno de Javier Milei alcanzó un acuerdo de conciliación económica en la justicia estadounidense. Allí se definió una quita en las sumas adeudadas cercana al 30%, a partir del cual el Estado argentino deberá abonarle 67 millones de dólares a la firma “Bainbridge Ltd.” y 104 millones de dólares al grupo de holdouts encabezado por “Attestor Value Master Fund LP.”, lo que hace a un total de 171 millones de pesos. Ninguno de estos dos fondos buitres adhirió a los canjes de deuda que se ejecutaron tras el default (cesación de pagos) declarado a fines de 2001.
Ahora, la Cámara de Diputados deberá aprobarlo antes del 30 de junio, que es el último plazo fijado en el entendimiento. La aprobación del Congreso permitirá dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
