Diez días después de haberles prohibido el ingreso, Milei dejará a los periodistas hacer su trabajo en Balcarce 50. El jefe de gabinete, que tenía previsto someterse a preguntas, por ahora no confirmó su presencia porque, según dijeron en su entorno, no tuvo tiempo para prepararse.
Después de diez días de dejar la sala de periodistas de la Casa Rosada clausurada –algo inédito en la historia argentina– el gobierno de Javier Milei prometió que este lunes la reabrirá, con ciertas restricciones. Por otra parte, desde el entorno del mandatario habían dicho que este lunes el jefe de Gabinete Manuel Adorni –denunciado por corrupción– iba a dar una conferencia de prensa. Sin embargo, según explicaron desde Balcarce 50, es posible que “no lleguen a prepararla”, y que pase para el martes. De todos modos, también dejaban abierta la puerta a que finalmente se pare frente a los micrófonos, aún con un muy mal último antecedente, cuando se fue enojado por las preguntas. En medio de las denuncias de corrupción, la crisis económica y las internas a cielo abierto, el gobierno hará un nuevo intento por recuperar la agenda pública.
El ataque de Milei a la prensa no dejó de escalar desde que la Libertad Avanza asumió la presidencia. Uno de sus picos máximos, sin embargo, ocurrió el 23 de abril pasado cuando, antes de la visita a la casa de gobierno del empresario tecnológico estadounidense, Peter Thiel, el mandatario decidió, sin más, cerrar la sala de periodistas de la Casa Rosada.
Este domingo, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) hizo un tiro por elevación al Gobierno y, sin nombrar a Milei, codenó “la descalificación, la agresión verbal o cualquier forma de hostigamiento hacia periodistas y medios”. También la CGT, más directa, reivindicó la fecha y en un posteo agregó: “Una sala que siguió abierta incluso en dictadura hoy está cerrada. Censuran a periodistas, limitan el acceso a la información y se persigue a la prensa. Sin libertad de expresión, no hay democracia”. Milei, durante el día, siguió subiendo posteos agresivos contra la periodista de TN Luciana Geuna.
La excusa que utilizó el gobierno, y que comunicó de manera informal, para cerrar la sala fue un informe –que salió publicado en un canal de televisión el 19 de abril– en el que supuestamente se mostraban imágenes de los pasillos de la Casa de gobierno que “comprometían la seguridad nacional”. Lo cierto es que las imágenes publicadas no eran distintas a las que ya circulaban en la web y que, incluso, conocen todos los que hacen la visita guiada a Balcarce 50.
Cuatro días después de que se emitió el programa y que, en teoría, se había puesto en riesgo la “seguridad nacional”, la secretaría general de la Presidencia que conduce Karina Milei decidió cerrar las puertas de la sala de prensa para que la Casa Militar, que había denunciado a los periodistas involucrados, “revise los sistemas de vigilancia, equipos de control y dispositivos de comunicación con el objetivo de garantizar la seguridad presidencial”.
Esa supuesta “revisión”, que no había sido ordenada por el Poder Judicial –la causa en la que se los acusa a los periodistas quedó en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita– le habría llevado al gobierno diez días.
El jueves por la noche, cuando se cumplía una semana de la sala cerrada y después de un encuentro autoconvocado por la oposición de la comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados, el gobierno envió un mail a algunos medios de comunicación en el que les avisaban que las acreditaciones de sus periodistas habían sido aprobadas.
El texto consignaba: “se comunica que se procedió a aprobar su solicitud de acreditación anual para el ingreso a la Casa de Gobierno. Los periodistas deberán concurrir con su Documento Nacional de Identidad y la credencial oficial”.
Luego, en el mismo mail, aclaraban que la acreditación otorgada habilita a los periodistas a tener acceso a la sala de prensa y a “demás salones donde se lleven a cabo otras actividades y/o eventos, cuando en los mismos se desarrolle una actividad a la que fueran convocados y/o autorizados al efecto”. Es decir, está en duda la libertad que podrán tener los acreditados para circular por los pasillos por los que siempre circularon.
Además, pusieron restricciones para los días y horarios en los que se podrá acceder: “el acceso a Casa de Gobierno estará autorizado en el horario comprendido de entre las 6:30 y las 21:00 horas, los días lunes a viernes”, dijeron.
Adorni, mientras tanto, al cierre de esta edición aún no había definido si daría o no su conferencia de prensa el lunes, o si la dejaría para el martes. “Van a poder preguntar todo lo que quieran”, aseguraban desde su entorno.
Lo cierto es que el jefe de Gabinete está siendo investigado por la justicia y la conferencia de prensa será un nuevo intento por pasar la página, hacer como si nada hubiese ocurrido, y buscar instalar algunos temas en agenda, sobre todo, aquellos vinculados a la agenda parlamentaria.
El gobierno también está flaqueando en esa área, porque los gobernadores, incluso los aliados, no están de acuerdo, por ejemplo, con la reforma electoral que hace semanas la Casa Rosada envió al Senado.
La última conferencia de prensa que dio Adorni fue hace un mes, en medio de las denuncias de corrupción por las inconsistencias en sus declaraciones juradas. Allí confirmó, ante una pregunta de Página12, que vivía en el departamento del barrio porteño de Caballito, que tampoco figuraba en los registros.
La última novedad judicial sobre el tema fue el descubrimiento de un nuevo viaje, esta vez dentro del país, a la ciudad de Bariloche y la estadía de él y su familia en el hotel de lujo, Llao Llao. Según el diario Clarín, el vuelo le habría costado $1.737.432 y los gastos en excursiones y comida habrían sido por $2.435.344.
Sin embargo, el dato más llamativo es que el pago de la estadía en el Llao Llao se habría hecho tres meses después del viaje y no se sabe quién lo abonó. Desde 1997 el Grupo IRSA, del empresario amigo del Presidente, Eduardo Elsztain, y el Grupo Sutton adquirieron la propiedad y son quienes la controlan en la actualidad.
Durante el primero y último informe de gestión en el Congreso, Adorni aseguró la semana pasada que no había cometido “ningún delito”, y que no iba a renunciar. Desde el oficialismo consideran que esa presentación, que tuvo el respaldo de Javier y Karina Milei, sirvió para “pasar la página”. Aún resta saber si el poder Judicial y la sociedad opinan lo mismo.
Mientras tanto, Adorni deberá seguir dando explicaciones en la Justicia sobre cómo hizo para incrementar de manera significativa su patrimonio en tan solo dos años. Y, además, con qué dinero compró todas las propiedades que compró –y no declaró– y hacer todos los viajes de lujo que hizo junto a su familia.
